La asociación aboga por abordar mejoras laborales mediante diálogo social y financiación adecuada, sin comprometer la viabilidad del sector.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha mostrado su alivio ante la decisión del Congreso de no dar luz verde a la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Según la organización, se trata de una resolución responsable que evita un grave perjuicio tanto al sistema de atención a la dependencia como a las entidades que lo sostienen.
El sector de los cuidados, recuerdan desde la patronal, atraviesa actualmente serias dificultades para cubrir puestos de trabajo. En este contexto, aprobar una reducción de jornada sin prever recursos adicionales habría supuesto un riesgo evidente para la continuidad de la atención que reciben miles de personas. La falta de profesionales constituye una realidad estructural, y cualquier medida que incremente las necesidades de contratación sin acompañarse de soluciones terminaría debilitando el servicio en lugar de reforzarlo.
AESTE insiste en que esta cuestión debe abordarse en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva, donde empresas y trabajadores pueden alcanzar acuerdos adaptados a las características de cada servicio y territorio. En su opinión, una reducción de jornada en las condiciones planteadas hubiera provocado tensiones en la gestión y un aumento de costes difícil de asumir para muchas entidades.
La asociación subraya, no obstante, que resulta imprescindible abrir el debate sobre cómo seguir mejorando las condiciones laborales de los profesionales del sector. Este proceso, apuntan, debe ir acompañado de una financiación adecuada y de políticas que respalden la formación, la retribución y la flexibilidad organizativa. Solo de esta manera se podrá avanzar de forma gradual y responsable, sin poner en riesgo la viabilidad del sistema.
Finalmente, AESTE muestra su satisfacción por el rechazo de la propuesta en el Congreso y reitera su compromiso con la búsqueda de soluciones que permitan equilibrar la mejora de las condiciones laborales con la sostenibilidad de los servicios de dependencia.