Es algo que en la prensa no ha conseguido traspasar las fronteras de la Rioja, aunque creo que tiene una gran relevancia como muestra de algo a lo que vamos a tener de enfrentarnos en un futuro cercano en casi toda España.
Resulta que en La Rioja existe una normativa que establece unas ratios mínimas de personal para las residencias de personas mayores. Esas ratios son obligatorias y para todas las residencias. Si una las incumple, se expone a ser sancionada. Además, el gobierno riojano cuando saca a concurso la gestión de sus propias residencias (o sea, residencias públicas gestionadas por unas entidades privadas), establece en los pliegos de condiciones unas ratios que son mucho más elevadas que las que establece la normativa. Las normas de contratación prevén que, si se incumplen las condiciones de los pliegos, la entidad se expone a recibir algo parecido a una sanción que se conoce como “penalidad”.
Van pasando los años y las empresas gestoras de residencias públicas incumplen las ratios de contratación alegando que no encuentran enfermeras, médicos o gerocultoras con la titulación requerida. Estas empresas cumplen con la ratio mínima de la normativa, pero no alcanzan la de los pliegos. O sea, no pueden ser sancionadas, pero sí sometidas a una penalidad (o sea a pagar una especie de multa).
El escándalo mediático ha surgido cuando el gobierno autonómico, del PP, ha eximido transitoriamente a las empresas gestoras del cumplimiento de las ratios de contratación (no de las ratios mínimas de la normativa). O sea, que las empresas pueden no disponer del personal exigido sin exponerse a penalidades.
Las empresas han conseguido esa excepción temporal alegando que no pueden encontrar al personal que necesitan. Recordemos que la Rioja tiene un vecino, el País Vasco, que con unos ventajosos convenios colectivos sociales y sanitarios alimentados por su atávico (y privilegiado) sistema de financiación, actúa como una aspiradora de talento geroasistencial. Una persona con titulación de gerocultora que viva en la Rioja y que esté dispuesta a trabajar a cincuenta quilómetros de su casa puede hacer el mismo trabajo que haría en su pueblo dedicando un 20% menos de horas al año y ganando un 50% más.
A partir de aquí, los sindicatos han denunciado la “amnistía” como algo intolerable e ilegal, tan así, que han anunciado que van a interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Rioja contra la resolución del gobierno de La Rioja. La consejera se defiende diciendo que ha hecho lo mismo que hizo el anterior gobierno en 2021 (tiempo pandémico), sin que nadie se quejase. Ha recordado que la resolución no evita que se sancione a las residencias que incumplan las ratios mínimas de la normativa y, supongo que, para compensar, ha dicho que a partir de ahora todas las residencias van a inspeccionarse mensualmente.
Y así estamos.
La situación concreta de la Rioja se resolverá allí y espero conocer el desenlace.
Lo que me gustaría es reflexionar un poco sobre lo que ha sucedido e intentar sacar alguna lección.
Para empezar, deberíamos preguntarnos si tiene lógica que alguien que tiene derecho a recibir el servicio de residencia, como parte del sistema de Dependencia, pueda hacerlo en una residencia pública-pública, pública-gestionada por una entidad privada, privada con plazas concertadas o privada con prestación económica vinculada. La persona que recibe el servicio tiene exactamente el mismo derecho, pero el servicio que recibe es diferente (tiene ratios de personal y otros aspectos que difieren mucho) y el coste puede variar muchísimo.
¿No es algo sobre lo que deberíamos pensar?
Cuando una administración decide sacar a concurso la gestión de una residencia pública, ¿debe poner exigencias mucho más elevadas de las que establece para centros concertados?
En segundo lugar, el problema de la falta de personal cualificado puede verse agravado en la Rioja, pero es algo que sucede en todas las comunidades y que no tiene visos de solución cercanos. Por eso, ¿no sería momento de plantear soluciones como concentrar la atención sanitaria en los servicios públicos de salud rebajando la exigencia de personal sanitario en residencias (hasta que vuelva a haber suficientes profesionales en el mercado laboral)?
En tercer lugar, viene lo de “la amnistía”, no sé si quien gestiona las residencias merecen una penalidad, lo que sé es que estaría bien que algunos concursos públicos que exigen cosas que no se pueden cubrir con los precios planteados, quedasen desiertos. No conozco todos los detalles, pero veo peligroso poder establecer “levantamientos de obligaciones”. Si esto no se vigila mucho podría ser el germen de futuras corrupciones o nos podría hacer caer en algo que hemos visto en el pasado, ese suave deslizar entre en “cumplimiento” y el “cumplo y miento”.
Si alguien tiene más detalles, espero comentarios.
Si (
No(