Reducir jornadas laborales, aumentar salarios en una residencia y la inseguridad jurídica

El cuidado de las personas mayores en residencias es un tema que está en constante discusión y debate. Ya saben lo que pasa en los medios de comunicación generalistas: nunca se van a poner en los zapatos del dueño de una residencia, nunca se escribirá un reportaje con las dificultades que atraviesa el que tiene que echar números, el responsable de buscar el equilibrio entre los gastos necesarios para proporcionar un cuidado de calidad a los usuarios y las demandas de los trabajadores que desempeñan un papel vital, precisamente, en el bienestar de los residentes.

Esto me lleva a la cuestión que responden las patronales en la noticia de portada de si es viable reducir las jornadas laborales de los empleados sin una reducción de sus salarios en el sector de las residencias de personas mayores. Y le añado el desasosiego que provoca también leer que el acuerdo entre el PSOE y SUMAR para formar un nuevo Gobierno de coalición también contempla seguir reduciendo la jornada laboral después de 2025 si es posible, así como volver a subir el salario mínimo.

Coincidencia en resaltar que en un sector que se caracteriza por la necesidad de prestar una atención permanente las 24 horas al día 365 días al año, la reducción de jornada sin reducción de salario va a incidir en el problema de la falta de profesionales porque demandaría una mayor dotación de personal que generarán mayores costes de personal y, por tanto, mayores precios en las facturas, tanto para las familias, que tendrán que pagar más caras las plazas residenciales, como para las administraciones públicas.

Duele recordar las medidas que aprobó este PSOE en el Gobierno con Podemos y preocupa e inquieta pensar en lo que puede volver a hacer con SUMAR viéndose en las mismas circunstancias, es decir, atado de manos ante decisiones más ideológicas que de verdadero servicio público. El todavía Ministerio de Derechos Sociales con Ione Belarra, antes Pablo Iglesias, sacó de la chistera un acuerdo de criterios comunes para la acreditación de residencias de personas mayores con la puesta en marcha de un nuevo modelo de centros, tanto en su organización y funcionamiento como en el diseño arquitectónico.

Hoy mismo podemos leer en Dependencia.info una entrevista al director de Operaciones de Amavir, Julio González Castillo, que apunta que "la nueva regulación sobre acreditación de residencias va a llevarnos a un parón, porque muchas residencias, sobre todo en ámbitos rurales, se van a ver obligadas a cerrar por falta de viabilidad económica y no se van a construir nuevas". Explica que "esta problemática no será visible en el corto plazo donde se están finalizando proyectos que empezaron hace más de dos años, pero va a impactar de forma importante en la construcción de nuevas plazas en un plazo de tres a cinco años".

Termina este punto lamentándose porque "el sector está ahora mismo con una gran incertidumbre jurídica".

No pinta bien y desincentiva la iniciativa inversora en más centros que generarían más empleo. Alguien que tiene que gastarse su dinero en una infraestructura y las instalaciones necesarias para alojar a los residentes, luego la alimentación, los servicios médicos, la terapia ocupacional y demás recursos para mantener un alto estándar de atención se lo tiene que pensar mucho, hacer muchas cuentas y cruzar los dedos para que a los políticos de turno no les dé por cambiar las reglas del juego a mitad de partido.

Pero no digo nada nuevo cuando recuerdo que la calidad del cuidado brindado depende en gran medida de la capacitación de las gerocultoras, enfermeras y auxiliares, que desempeñan un papel fundamental con su buenhacer en la vida de los residentes y reducir sus jornadas laborales o aumentar sus salarios conlleva un desafío financiero y organizativo no menor. Reducir las jornadas laborales de los trabajadores en las residencias requerirá de nuevas contrataciones y si, además, se vuelven a incrementar salarios, propuesta noble que busca reconocer la importancia y el esfuerzo de los profesionales obligará a ajustar más las cuentas y la viabilidad del proyecto puede irse al traste.

Todo esto plantea desafíos financieros para las residencias, que si no ven acompañadas estas medidas de un aumento en la financiación del sector, llevará irremediablemente a un aumento en los costos operativos y, por consiguiente, en tarifas más altas para los residentes.

El desafío de los gastos en las residencias de personas mayores no es poca cosa y reducir jornadas laborales y aumentar salarios no parece que sea una solución viable. Habrá que buscar fuentes adicionales de financiación, aumentar la de la Administración, mejorar la eficiencia operativa, así como la inversión en tecnología que tantas puertas abrirá, pero, en cualquiera de los casos, se debe potenciar de una manera clara y evidente una eficaz colaboración público-privada.