Está sucediendo en Elizondo, un municipio de la comarca del Baztán en el norte de Navarra. Para contextualizar, digamos que la comarca en su conjunto tiene unos 9.000 habitantes de los que en Elizondo viven unos 3.500. La población de más de 65 años supone el 23,1% y la de más de 80, el 8,3%. Existe un estudio interesante sobre la realidad demográfica del valle realizado en 2019.
Lo que allí sucede es que una residencia de titularidad municipal, que hasta ahora gestionaba una empresa, va a ser municipalizada y, tras ello y una reforma, verá reducidas sus plazas de las actuales 155 a 99.
La historia tiene dos caras: la primera es la municipalización de un servicio público que estaba prestado por una empresa mercantil; la segunda, la reducción de plazas que se propone.
Desde un punto de vista político, nada que objetar. Soy plenamente consciente de que existen opciones ideológicas, como la que gobierna en el municipio, que consideran que algunos ámbitos de actividad que incluyen los servicios que se prestan en residencias de personas mayores deberían ser llevadas a cabo únicamente por parte de la administración pública sin la participación de empresas.
Si esta opción política gana las elecciones y decide actuar según sus convicciones, poco puedo decir yo. Bueno, algo sí puedo decir. Me gustaría que algún día, para fundamentar ese posicionamiento político/filosófico “anti-mercantil”, alguien llevase a cabo un estudio en el que se comparase la calidad de vida con que viven aquellas personas atendidas en residencias gestionadas directamente por la administración, por empresas o entidades en modelos de colaboración público-privada y en formas totalmente privadas, tanto "con", como "sin" ánimo de lucro.
Una vez hecho ese estudio podríamos calcular cuánto cuesta obtener una “unidad de calidad de vida” en cada uno de esos sistemas, información con la que podríamos trascender lo ideológico y tomar decisiones racionales. Hasta donde yo sé ese estudio no existe.
En el caso de Elizondo, no parece que la forma de funcionar de la residencia, gestionada por una empresa, sea lo que haya llevado al Ayuntamiento a rescindir el contrato y municipalizar. Si el problema hubiese estado con la empresa, el consistorio tenía la opción de esperar a la finalización del contrato de gestión y a elegir otra que presentase un mejor proyecto. No ha sido así porque es claramente una opción política. De hecho, la rescisión sólo ha avanzado el final del contrato de gestión unos pocos meses, adelanto que se ha producido para evitar que la empresa pudiese cubrir plazas vacantes durante la vigencia del contrato dificultando el traslado que será necesario para hacer la reforma.
La segunda cuestión que se plantea es la reducción de capacidad de la residencia actual. La voluntad del ayuntamiento parece buena: quiere adaptar la residencia a los nuevos tiempos ampliando el edificio y repartiendo los espacios en unidades de convivencia.
La reforma reducirá un 36,9% el número de plazas, pasando de 157 a 99 plazas. Éstas se repartirán entre 81 habitaciones individuales y 9 dobles que configurarán siete unidades convivenciales (que también se conocen como “unidades de convivencia”).
El resultado será un complejo de tres inmuebles. El edificio histórico acogerá en su planta baja los vestuarios y salas para uso de los trabajadores, así como almacenes. El primer piso dispondrá de dos unidades de convivencia de 13 plazas cada una. El edificio en el que se hizo la primera ampliación hace unos 40 años estará distribuido en cuatro unidades convivenciales, una de 15 plazas, todas en habitación individual, en la planta baja y otras tres, una por planta, de 16 plazas cada una (con una única habitación doble por unidad, el resto individuales).
También se construirá un tercer inmueble que conectará a los otros. Allí habrá diversos espacios de servicios, una terraza cubierta para los residentes y una unidad formada por 10 habitaciones individuales. En este enlace puede verse el proyecto completo tal como está expuesto en la web del ayuntamiento.
O sea, no hablamos de una pequeña reforma sino más bien de una remodelación total con ampliación de superficie y reducción de plazas. Me cuesta saber cuánto va a costar la reforma. En una noticia leo que el presupuesto municipal de 2023 reserva una partida de 6 millones para financiar la “primera fase” de la obra. En otra que el total es de unos siete millones de euros. En cambio, en el proyecto expuesto por el Ayuntamiento aparece un presupuesto base de licitación que alcanza los 10.835.435,51 de euros (IVA incluido) y en un consejo de participación, el alcalde ha dicho que
el total de la obra serán 12 millones..
La justificación del ayuntamiento para llevar a cabo estas obras se basa en lo “obsoleta” que es en la actualidad desde perspectivas de accesibilidad y sostenibilidad. Para obtener financiación han recordado que el edificio actual es del siglo XIX con una reforma en los años 80 del siglo XX, lo que hace que no siga en absoluto los criterios actuales de calidad y cuidados.
Las preguntas que surgen son claras: ¿Está justificado en el momento demográfico actual, en el que sabemos que la demanda general de plazas se incrementará en los próximos años, hacer una obra que se ha presupuestado con unos 120.000 euros por plaza resultante y que supondrá destruir una de cada tres de las existentes? ¿Tanto mejorará la calidad de vida obtenida para justificar esa operación con la reducción de plazas que supone? ¿Estaba tan mal la residencia que no había otra opción que gastar entre 9 y 12 millones de euros y reducir las plazas? ¿Echarán de menos los baztaneses las plazas que se van a reducir?
El Ayuntamiento de Baztán dispone desde 2019 de un plan con 23 actuaciones sobre personas mayores que prevé aumentar los servicios de ayuda a domicilio y que ha justificado la actuación en la residencia, incluso la reducción de capacidad del centro para ajustarlo a las necesidades. He leído referencias al plan en los medios, aunque no he conseguido encontrarlo.
El debate está servido. Más allá de Elizondo, donde las cosas ya están en marcha, yo planteo una reflexión: ¿Es ésta la vía a seguir cuando nos encontremos con residencias arquitectónicamente difícilmente convertibles en unidades de convivencia?
Pensemos que hoy por alrededor de 100.000 euros por plaza hay empresas que están construyendo y equipando residencias distribuidas en unidades de convivencias.
O sea, hablamos de gastar en la remodelación más de lo que costaría construir la residencia de nuevo (y encima reducir un 35% de su capacidad).
Mi opinión, por si le interesa a alguien, es que, refiriéndome a Elizondo, con toda seguridad y con el gasto que plantean, podrían y deberían haber encontrado opciones para mantener el máximo número plazas. Dentro de cuatro años, me gustará saber cuánto les cuesta mantener la residencia “remunicipalizada” en relación con lo que les costaba cuando la gestionaba una empresa. Entonces será el momento de hablar sobre ese tema.
En general, creo que por responsabilidad debería plantearse siempre que se pueda la política de mantener el máximo de plazas existentes estudiando su mantenimiento o cancelación en base a mediciones de calidad de vida. Sobre gestión pública o privada, creo que mi opinión ya ha quedado clara: hay que comparar modelos usando medias objetivas y en base a ellas decidir.
Dejo para el final unas dudas que no he sabido despejar: ¿Qué pasa con los y las trabajadoras de la residencia? ¿Despedirán a unos cuantos al reducir la capacidad o seguirán todos trabajando aunque haya un tercio menos de residentes? ¿Y con los residentes 'sobrantes', esos que se van a trasladar y no podrán volver? ¿Cuentan con que mueran antes o se tendrán que ir a otras residencias fuera del valle?
Como uno de los motivos para adelantar la gestión de la empresa era que no se produjesen nuevos ingresos, ¿dónde tienen que ingresar aquellos que lo hubiesen hecho durante estos meses?
Muchas preguntas sobre las que no he leído nada en los medios. Si alguien lo sabe ya lo dirá en comentarios.
Si (
No(