Los sindicatos ven "decepcionante" la actitud política en la implantación de la Ley

Carlos Bravo, Secretario de Protección social y políticas públicas de CCOO

¿Desde su punto de vista cuál ha sido el principal impedimento (además del económico) para el desarrollo de la Ley de Dependencia?

CCOO hacemos una valoración de la implantación de la Ley que cabría resumir en el titular “luces, retrasos y recortes”. Debemos poner en valor el hecho de que sean más de 850.000 las personas en situación de dependencia y que el 66% de ellos tenga una prestación de servicios profesionales. Sin embargo, aún continúan sin atención cerca de 400.000 dependientes, entre quienes se encuentran en lista de espera de una prestación y quienes aún están a la espera de valoración. Los recortes producidos en 2012 supusieron una minoración de la financiación pública del Sistema de Dependencia que a la postre significó una reducción en la intensidad originaria de las prestaciones y la paralización del proceso de implantación.

Los principales elementos que han lastrado la implantación del Sistema de Dependencia han sido un recorte en la financiación pública y, en gran medida como consecuencia de ello, la renuncia expresa del Estado central al papel de liderazgo político desde el que se debe impulsar el proceso de implantación.

¿Qué medidas habría que adoptar de forma urgente para su total desarrollo?

CCOO sitúa el principal reto del Sistema de Dependencia para 2017 en la garantía de atender con una prestación efectiva a los más de 400.000 dependientes que aún no reciben una prestación efectiva. Por ello, reclamamos que los instrumentos presupuestarios que se habiliten para el ejercicio 2017 incrementen la financiación, tanto estatal como autonómica, para garantizar los 2.450 millones de euros que el sindicato calcula que necesitará la atención de este colectivo. No se trata sólo de inyectar más financiación sino de que ésta se destine a acabar con la lista de espera mediante servicios profesionales, por lo que debería recuperarse el nivel de financiación acordado que se encuentra suspendido en los Presupuestos Generales del Estado desde 2012, y que permitiría que Estado y CCAA acordasen el destino finalista de estos recursos adicionales.

Esta financiación adicional permitiría completar la implantación del sistema de dependencia en los términos de protección que actualmente se encuentran reconocidos (66% servicios profesionales, 34% prestaciones económicas) y llevaría el total de financiación del sistema desde los 7.500 millones de euros que actualmente se destinan hasta el entorno de los 10.000 millones de euros anuales (0,88% PIB). CCOO calcula que el coste total que conllevaría la implementación del Sistema de Dependencia en los términos de calidad establecidos en el diseño original, donde las prestaciones económicas fuesen realmente excepcionales y los servicios profesionales recuperasen la intensidad reducida en los recortes de 2012 y se prestasen con una intensidad suficiente, se situaría entre el 1% y el 1,5% del PIB, según la intensidad de las prestaciones que finalmente se regulasen.

Igualmente, el sindicato considera necesario que 2017 sea el año en el que se aborde un proceso amplio y participado de evaluación de la implantación de la Ley, que ayude a la renovación del nivel de compromiso y consenso político y social que dio origen a la misma. Esto debe contribuir a que, con ese mismo grado de acuerdo político y social, se impulse un Pacto de Estado desde el que se revisen aquellas cuestiones que se considere necesario reforzar para garantizar la total implantación de este nuevo derecho social.

Gracia Álvarez de Andrés, secretaria del Salud, Sociosanitario y Dependencia de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT

¿Cuál ha sido el principal impedimento para el desarrollo de la Ley de Dependencia?

Indudablemente, el contexto económico, pero principalmente político, ha pesado enormemente en el decepcionante desarrollo y aplicación de la ley: en torno a unas 350.000 que tienen reconocido el derecho a la prestación no la están recibiendo.

Más allá de este hecho, también la diferencia territorial ha frenado el desarrollo de la ley. La aplicación de la misma ley en las Comunidades Autónomas se ha hecho de forma distinta, lo que ha generado desigualdades importantes en los servicios que recibe la población. Las administraciones de las CCAA han ido integrando los servicios que venían prestando con anterioridad a la aparición de la ley, como son la ayuda a domicilio y la teleasistencia, tal y como recoge la ley de la dependencia en la cartera de servicios.

A esta circunstancia se une que no todas las CCAA han establecido los Recursos Humanos -equipos de valoración- necesarios para establecer a qué tienen derechos usuarios.

Por último, las Comunidades, en vez de prestar el servicio como propone la ley, han optado por acogerse a la excepción, que les permite sustituir la prestación del servicio por una prestación económica, siendo los usuarios quienes se procuran el servicio.

¿Qué medidas habría que adoptar de forma urgente para su total desarrollo?

La medida prioritaria sería homogeneizar tanto los baremos para determinar el grado de dependencia para cada usuario, como la cuantía de la prestación (PIA- programa individual de asistencia), dadas las importantes diferencias territorios.

Otra cuestión que preocupa enormemente a UGT es la precariedad laboral de los trabajadores del sector de dependencia, lo que inevitablemente se traslada al servicio que se presta a los usuarios, personas, además, especialmente vulnerables. Por ejemplo, el Convenio de residencias de mayores, centros de día y de noche, viviendas tuteladas, ayuda a domicilio y teleasistencia, lleva más de dos años paralizado. Cerca de 180.000 están personas afectadas y sufren el deterioro dramático de su salario y condiciones de trabajo.