Una sentencia puede cambiar las reglas del juego para las residencias de Madrid

En la Comunidad de Madrid las noticias del sector residencial se acumulan. Todavían suenan los ecos de la muerte de una mujer en una residencia pública de Arganda del Rey cuando esta semana hemos conocido que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) puede cambiar de forma muy importante el convenio por el que se rigen las residencias de la región.

Así, el TSJM, con fecha 24 de julio de 2017, ha dictado sentencia estimando la demanda interpuesta por CCOO y UGT contra las asociaciones empresariales Asociación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores del Sector Solidario (LARES MADRID), Plataforma para la atención a la Dependencia (PAD), Asociación Madrileña de Dependencia (AMADE) y Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE), declarando la inaplicabilidad de los artículos 29, 30, 34, 41, 43 y 47 del Convenio Colectivo del Sector Privado de Residencias y Centros de Día para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.

Según CCOO, el motivo es que estos artículos "minoran las condiciones de trabajo" de las plantillas incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del Sector Privado de Residencias y Centros de Día para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.

Además, siempre según el sindicato, "el TSJM reconoce con esta sentencia las reivindicaciones que se han venido solicitando en la Negociación del Convenio y que las patronales se han negado a aplicar, como derecho mínimo necesario en las materias relacionadas con la organización, jornada y tiempo de trabajo, descanso semanal, vacaciones, jubilación, estructura retributiva y salarios (bases, complementos, horas extras y trabajo a turnos) licencias, y excedencias, movilidad funcional, derechos sindicales y formación".

La sentencia no es firme y puede ser recurrida por las patronales del sector. Pero es, según CCOO, "un gran avance a la hora de mejorar y asegurar las condiciones mínimas de las plantillas de Residencias y Centros de Día Privados de la Comunidad de Madrid".

Por ello, las patronales madrileñas, reunidas este viernes para valorar las acciones conjuntas a tomar, han decidido recurrir la sentencia.

En un comunicado, AESTE, AMADE, LARES Y PAD, las Organizaciones que representan a las empresas y entidades sociales que atienden a las personas mayores dependientes en la Comunidad de Madrid han manifestado su más "absoluto respeto al Tribunal" que dictó la sentencia de fecha 17 de julio de 2017 dictada por Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con la Impugnación del Convenio Colectivo Laboral del sector privado de residencias y centros de día para personas mayores, pero, sin embargo, dejan claro que no pueden dejar de manifestar su "desacuerdo con la Sentencia emitida".

Por este motivo, anuncian "el recurso de la Sentencia, en el tiempo y forma previstos en la Ley".

En Castilla-La Mancha

Por otro lado, también están a vueltas con el Convenio en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Allí, el secretario general de CCOO en la región, Paco de la Rosa considera que es prioritario retomar la negociación y firmar un convenio digno para los 13.000 trabajadores de las residencias privadas de la región a los que, insistió, se les aplica el Convenio Estatal de la Dependencia, que lleva prorrogado desde 2013 y cuya negociación se encuentra en vía muerta.

De la Rosa recordó que este año se ha revalorizado con el IPC del 1,6%, pero no se ha conseguido ninguna otra mejora más en aspectos tan importantes como por ejemplo la clasificación profesional o las mejoras salariales. Lamentó estar en manos de una patronal incapaz de apostar por un sector con proyección de futuro y creador de empleo estable, pero con salarios que no llegan a los mil euros.

Del mismo modo, CCOO quiso destacar el esfuerzo que llevan realizando desde 2010 los profesionales del sector, especialmente las gerocultoras, por formarse para obtener la titulación necesaria que la Ley de la Dependencia les exige. Hoy, la gran mayoría cuenta con la cualificación exigida.