Desde el Circulo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) se ha venido advirtiendo de lo difícil que será sacar adelante el nuevo modelo de residencias y de cuidados a domicilio aprobado recientemente por el Gobierno sin una memoria económica. De hecho, su presidenta, Cinta Pascual, entiende que "el Gobierno lo ha vuelto a hacer" porque ha presentado un documento como en la Ley de Dependencia, sin decir cómo se va a pagar.
A la presidenta de la patronal le preocupa que muchas comunidades tienen que subir el concierto de las plazas desde precios tan bajos como 54 euros hasta los 75 euros como mínimo por plaza y día "y esperamos que tengan los fondos suficientes para hacerlo". Recuerda, al respecto, que en un centro de día el incremento iría de 27 euros a 50 euros por persona y día.
Por ello, desde CEAPs proponen la puesta en marcha de un procedimiento exprés de actualización de tarifas para que todas las personas mayores, con independencia de dónde residan, puedan tener acceso a los servicios que necesitan. Pero insiste Pascual: "Sin financiación no hay futuro... para desarrollar una transformación real de los cuidados se debe llegar al 2% del PIB para la Dependencia".
Además, opina que "necesitamos que el sistema sea más flexible para personalizar el acceso a los servicios según vayan cambiando las necesidades de la persona". La presidenta de CEAPs tiene claro que "la vida plena debe tener una muerte digna. Esto debe ser nuestro empeño: cuidar es un arte que debemos practicar".
Pero Cinta Pascual nos explica muchas más cosas:
El Gobierno acaba de conseguir que 10 comunidades autónomas le aprueben su nuevo modelo de acreditación de centros y que viene a decir cómo debe ser el nuevo modelo de residencias y de cuidados a domicilio. ¿Qué recorrido le ven a este proyecto? ¿Creen que las CCAA lo incorporarán a sus requisitos para concertar?
Este documento no es el que habríamos aprobado en CEAPs, pero es con el que debemos trabajar para lograr cambios que mejoren la atención a las personas, como los ya introducidos, y que son necesarios para que las residencias que ahora están trabajando sigan ofreciendo los servicios.
Lo que nos preocupa es que muchas comunidades tienen que subir el concierto de las plazas desde precios tan bajos como 54 euros (o incluso menos) hasta 75 euros mínimo (plaza/día), y esperamos que tengan los fondos suficientes para hacerlo. En centros de día el incremento iría de 27 euros a 50 euros por persona y día.
Como solución proponemos la puesta en marcha de un procedimiento exprés de actualización de tarifas para que todas las personas mayores, con independencia de dónde residan, puedan tener acceso a los servicios que necesitan; si no, volveremos a tener una norma sobre el papel que no puede llevarse a la práctica.
El Gobierno insiste en que hay financiación… ¿Creen que se ha destinado lo suficiente?
El documento se ha presentado sin una memoria económica, de hecho, el Gobierno lo ha vuelto a hacer. Ha realizado un documento como en la Ley de Dependencia, pero no lo ha dotado de financiación suficiente. Creemos que para desarrollar una transformación real de los cuidados se debe llegar al 2% del PIB en financiación para la Dependencia como ocurre en otros países de nuestro entorno. Actualmente estamos muy lejos de ese porcentaje, solo se destina el 0,7% del PIB.
Y por supuesto, subir el precio de la plaza concertada que debería estar entre los 2.030 euros (a razón de 67,6 euros) y los 2.700 euros al mes (90 euros). Un mejor servicio implica necesariamente un mayor coste. Para que la prestación de los servicios sea sostenible se requiere recibir más recursos. Y éstos solo pueden salir de quienes contratan los servicios, es decir de las arcas públicas o directamente de los bolsillos de los ciudadanos.
¿A quién o quiénes le tocará pagar?
Si como decía en la pregunta anterior, no se dota de financiación suficiente las personas usuarias serán las que tengan que asumir el incremento de los costes.
El problema actual son las 180.000 personas usuarios en centros residenciales y los 33.000 que acuden a un centro de día, de manera privada, a la espera de que las administraciones les asignen las plazas que les corresponde por derecho. Por ello han de existir prestaciones vinculadas al servicio (PEVs) para que mientras se encuentran en esa situación de espera, las personas usuarias puedan pagar aquel servicio que necesitan y que desean.
Queremos recordar que este número lo tiene Alemania y el precio plaza es de 3.000 euros de media. ¿Podrán las personas mayores, con una pensión media de 1.070 euros pagar esos importes? El nuevo modelo no puede costar ni un euro más a las personas usuarias para que puedan continuar en los centros residenciales, es algo que tenemos claro y que defenderemos siempre.
El acuerdo del Gobierno con las CCAA también dice que las inspecciones se podrán hacer públicas. ¿Qué opináis, deberían ser públicas las inspecciones como las CCAA quieran o deberían ser las propias residencias las que lo hiciesen?
Nosotros invitamos a las asociaciones de mayores como de familiares, a trabajar unidas para lograr que se ponga en práctica este nuevo modelo con la máxima transparencia y que se consigan los recursos suficientes para que todas las medidas anunciadas se puedan llevar a cabo y lograr que el disenso se revierta.
Nosotros aplaudimos la transparencia. Aplicado a la publicación de las actas de inspección, defendemos que se hagan públicas cuando contengan alguna infracción de las normas. Muchos procesos de inspección terminan con recomendaciones que son recogidas en el acta. Y, por supuesto, defendemos que este ejercicio de transparencia se realice igualmente en los centros enteramente públicos, no solo los de gestión privada.
Sobre la pandemia… ¿está olvidada ya? ¿Hemos vuelto definitivamente a la normalidad?
La Covid aún no se ha ido de las residencias, aunque la vacunación protege de los casos más graves a los mayores. La pandemia ha tenido un efecto en los datos del sistema de atención, con una disminución de las solicitudes de grado de dependencia y de los beneficiarios de los servicios con financiación pública hasta niveles similares a los del 2018, sobre todo entre la franja de mayores de 80 años, lo que indica cómo la edad fue un factor de riesgo muy importante durante la pandemia.
Por ello pedimos un incremento sustancial de la financiación de las Administraciones, especialmente de la Administración General del Estado, y establecer un copago justo y equitativo entre las personas usuarias.
¿Cómo ve el sector de los cuidados a las personas mayores en general?
El sistema público intenta asumir el envejecimiento poblacional, pero se ha estancado en aspectos como la concesión y revisión de los grados de Dependencia (sin reconocimiento no se accede al plan individualizado que establece los recursos asistenciales públicos a los que puede aspirar esa persona); la infrafinanciación de las plazas y el paso de las personas de un recurso a otro (como la teleasistencia o los cuidados en casa a un centro de día o una residencia).
Necesitamos que el sistema sea más flexible para personalizar el acceso a los servicios según vayan cambiando las necesidades de la persona.
¿Sigue siendo atractivo el sector geroasistencial desde el punto de vista de la inversión?
El sector de la Dependencia crece y se vuelve más complejo por el envejecimiento de la población. Si ahora en torno al 20% de la población española tiene 65 o más años, en el 2055 será más del 30%, y nos seguiremos adaptando a los cambios, como hemos hecho hasta ahora, porque nos adaptamos a las necesidades de cada persona usuaria.
Sin embargo, no debemos perder de vista que los proyectos han de ser viables y sostenibles para que resulten atractivos a los inversores lo que choca con determinadas restricciones, como el límite en el número de plazas según la densidad de población de un área geográfica. Ya no se construyen macrocentros y nos parece bien que se distribuyan en unidades de convivencia, pero establecer un límite máximo de plazas que, por otra parte, no responde a ningún criterio técnico, no se concilia necesariamente con los principios de viablidad y sostenibilidad que busca cualquier inversor.
Esperemos que las CCAA sean flexibles.
Y a riesgo de parecer redundante, ¿qué necesita hoy el sector? ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?
No quiero ser redundante, como dices en la pregunta, pero sin financiación no hay futuro. Hay que tener en cuenta que el 70% de las plazas son públicas, y creemos que para desarrollar una transformación real de los cuidados se debe llegar al 2% del PIB para la Dependencia, como ya ocurre en otros países de nuestro entorno. España destina solo el 0,7% de su PIB a Dependencia. Y también como he señalado antes, se necesita se eleve la tarifa de la plaza concertada que debería estar entre los 2.030 euros (a razón de 67,6 euros) y los 2.700 euros al mes (90 euros).
Además, necesitamos que desde las administraciones se aborde el problema del déficit de profesionales. Es necesario desarrollar nuevos perfiles profesionales para el sector que se adapten al nuevo modelo y medidas como incrementar el número de plazas de alumnos en las facultades, o reducir el plazo de convalidación de titulaciones extranjeras de personas que quieren trabajar en el sector pero no pueden al carecer del reconocimiento necesario de su cualificación.
La mayor falta de personal se produce entre el perfil sanitario. Constantemente se dan a conocer noticias de la necesidad en hospitales y centros de atención primaria de graduados en Medicina (especialmente Geriatría, apenas hay 26,8 geriatras por cada 100.000 mayores) y Enfermería, por mencionar algunas titulaciones y eso conlleva que haya carencia en el sector sociosanitario.
Se sigue culpando a las residencias en los medios de comunicación generalistas de las muertes de miles de personas mayores durante la pandemia... ¿Qué hay que decir a quien piensa así?
Que no conoce el sector. Pero nosotros no queremos centrarnos en las cifras. Desde el primer momento lo dije: para nosotros cada persona importa. Lo que la sociedad no nos va a perdonar es que esta situación se repita. Como dije en el Congreso de los Diputados, y he mantenido: falló el sistema sanitario en general, y las personas más vulnerables, las mayores que viven en residencias fueron las que lo sufrieron.
Ahora hay que mejorar la coordinación sociosanitaria. Esto está en el nuevo acuerdo, por encima, y esperamos que sea una realidad.
¿Qué puede hacer el sector del cuidado a las personas mayores para mejorar su imagen?
Tenemos buena imagen entre los familiares, profesionales y personas usuarias que trabajan con nosotros. Creo que los medios de comunicación generalistas no han prestado antes de la pandemia importancia alguna a las personas mayores y eso ha revertido en muchas carencias, comenzando con la aplicación de la Ley de Dependencia.
Sólo se ha puesto en foco en lo negativo. Creo que estamos comenzando a revertir la realidad. Invito a todos y todas los que tengan dudas que vengan a visitar un centro CEAPs, podrán conocer lo que es atención y cómo se ha evolucionado en el Modelo Centrado en la Persona.
Se ha obligado recientemente por sentencia a actualizar los salarios de las trabajadoras… ¿Cómo afecta esto a una residencia en el contexto económico en el que nos encontramos, con los precios disparados?
La actualización de los salarios de los trabajadores se habría producido igualmente sin la sentencia. Desafortunadamente, no ha habido un entendimiento con la parte sindical sobre un nuevo Convenio que el sector necesita, entre otras cosas, para implementar aspectos importantes de la reforma laboral.
Esto nos obliga a preguntar en qué punto se encuentra el que será el VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes.
Hasta la víspera del juicio en la Audiencia Nacional que dio lugar a la sentencia antes aludida, estuvimos negociando los términos de este VIII Convenio, términos que reconocían el incremento del 6,5% de los salarios de los trabajadores del sector. A pesar de estar muy próximos en los planteamientos no se alcanzó un acuerdo.
La patronal confía en retomar las negociaciones cuanto antes. Pretendemos un VIII Convenio que ofrezca estabilidad al sector, a sus trabajadores, para los próximos tres años.
Siempre lo preguntamos, por si ha cambiado el punto de vista: ¿Cómo ve el sector dentro de 5 años? ¿Y de 10?
En la actualidad, los mayores de 65 años suman 9,4 millones de personas, una cifra que, según los expertos, duplicará la cifra de niños en la próxima década. Desde CEAPs hemos planteado ya en en las jornadas que celebramos en otoño pasado sobre el BabyBoom que hay que cambiar el sistema y adecuarlo.
¿Algo más que añadir?
Me gustaría recordar que nuestro sector es el que más empleo mantiene con cerca de 250.000 profesionales en España, sólo en el sector residencial y de manera directa. Y que se trata de trabajo estable, altamente feminizado, ya que más del 80 por ciento son mujeres. Hablamos deempleo cualificado y ESENCIAL. Nuestros trabajadores merecen un reconocimiento social y extender la concienciación de que su labor es imprescindible. En cualquier sociedad que se considere avanzada se tiene que poner en valor su figura. Las familias de las personas que trabajan en los centros, y de las propias personas usuarias reconocen el trabajo diario.
Aun quedan muchas cosas en el tintero. A mi parecer, nuestro trabajo debería ser muy respetado y querido por la sociedad. Cuidamos a nuestros seres queridos en los momentos más difíciles y de más vulnerabilidad. Me pregunto muchas veces por qué nos está pasando. Hay que iniciar una campaña de concienciación. La vida plena debe tener una muerte digna. Esto debe ser nuestro empeño: cuidar es un arte que debemos practicar.
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