¿De vuelta hacia las “no residencias”?

Recuerdo que hace unos cuantos años, más o menos treinta, cuando era inspector de residencias, las pocas que existían estaban siempre llenas. Algunas caían incluso en la tentación de la sobreocupación, a menudo durante el verano, con el conocimiento y aceptación de los familiares que no sabían dónde dejar a su ser querido para poder irse de vacaciones. También en verano solían aparecer noticias de familias que habían abandonado a su abuela en una gasolinera camino de la playa.

Eran otros tiempos. Las primeras normativas que regulaban las condiciones que debían cumplir las residencias eran recientes, la más veterana de 1987, y algunas comunidades todavía no habían aprobado las suyas. En ese contexto, a veces recibíamos denuncias sobre la existencia de una residencia clandestina y cuando íbamos a visitar la casa, quien nos abría la puerta nos decía que eso no era una residencia, que sencillamente era un domicilio particular donde unas cuantas personas mayores vivían recibiendo cuidados. Cuando eran muy pocos y el servicio no se anunciaba en ningún sitio resultaba difícil discernir si de verdad era una residencia, así que había que ir caso a caso. A veces, la clave te la daba hablar con quien trabajaba o vivía allí, incluso con alguien que fuese de visita. Las preguntas que queríamos responder eran: ¿Ellos piensan que esto es una residencia u otra cosa? ¿Están pagando por los servicios de una residencia? ¿Se anuncian como residencia?

Si algo se considera “residencia” debe contar con una autorización administrativa, estar inscrito en un registro, cumplir una normativa y recibir unas inspecciones. Algunas comunidades autónomas establecen un número de personas atendidas por debajo de la cual no se considera residencia, Cataluña no tiene ese requisito así que discernir si eran o no residencias ocupaba parte del trabajo de los inspectores.

Pasados los años, y debido a que cada vez hay más personas mayores, éstas son más diversas y muchas tienen ganas de optar por formas de vida diferentes, creo que las inspecciones de servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas van a volver a plantearse preguntas sobre si algo es una residencia o algo diferente, digamos una “no residencia”.

Imaginemos que alguien alquila una casa grande y decide que en ella vivirán veinte personas. En la casa hay algunas barreras arquitectónicas (por ejemplo, no hay ascensor); unos tendrán baño completo en su habitación, otros compartirán; la cocina es doméstica. Vamos que, si alguien quisiera autorizar allí una residencia, la administración le diría que no puede hacerlo.

El “alguien” que ha alquilado la casa es la “Asociación Convivencia Senior” (nombre inventado) en cuya escritura de constitución y estatutos se recoge que su finalidad es potenciar una nueva forma de vida colaborativa, independiente y respetuosa con el medio ambiente entre personas de más de 65 años.

Los socios de la asociación, 20, tienen derecho a vivir en la casa que ésta alquile con una serie de normativas internas tanto de tipo económico como de convivencia. Hay clausulas que prevén cómo se admiten nuevos socios y cómo pueden causar bajas los existentes. Un modelo de convivencia y de colaboración en el cuidado. Los estatutos prevén que, además de socios, pueda haber colaboradores (familiares de los socios que se comprometen a colaborar en el proceso de cuidado dedicando unas horas a la semana y aportando dinero) y voluntarios (personas no familiares que ofrecen unas horas semanales para dar apoyo a los socios).

Pasados unos meses, la asociación ha contratado los servicios de una empresa de ayuda a domicilio que envía a profesionales una serie de horas para atender a los socios que necesitan alguna atención en las actividades de la vida diaria. También ha contratado una empresa de limpieza para que se cuide de las zonas comunes, limpie los dormitorios dos veces a la semana y se encargue del lavado de ropa. Una empresa de fisioterapia cercana envía un profesional, pagado por la asociación, a visitar periódicamente a muchos los socios. Con el tiempo deciden que una empresa externa les traiga comida y cena para casi todos, la comida la acaba preparando una de las auxiliares de atención domiciliaria, a estas alturas pasan muchas horas allí. El funcionamiento en ese momento se mantiene gracias a la participación de los socios que mantienen la capacidad cognitiva, de los colaboradores y los voluntarios. Los socios van al médico como cualquiera que vive en su casa y a veces reciben visitas médicas a domicilio. Llevan las recetas a una farmacia cercana que les organiza los medicamentos.

Un día una de las socias se cae por las escaleras y se rompe las dos piernas. La recoge una ambulancia y, cuando vuelve, deciden entre todos que viva en la planta baja cambiando la habitación con otro. Como los lavabos son domésticos costará más cuidarla, aún así deciden que se quede. Otro día, un socio de los del principio, llega a un punto de deterioro cognitivo que el resto se plantea que debería irse a una residencia, como cuesta mucho llegar a un acuerdo sobre qué hacer exactamente, han pasado unos meses y sigue allí.

Sumando todos los gastos que les supone vivir allí la opción resulta más económica que hacerlo en una residencia, además cada uno come lo que quiere y las duchas son optativas, sólo cuando alguien huele mucho se le dice que debería ducharse.

Lo que nació como una opción de vida acaba pareciéndose a una de aquellas residencias clandestinas de hace treinta años. Con un pequeño matiz, no hay un empresario que haya montado la residencia y contratado a los profesionales.

Estoy escribiendo esto porque llevo unas semanas leyendo sobre el coliving y el cohousing senior como formas novedosas y alternativas de vida. Cuanto más lo hago más pienso que hay que plantear soluciones para cuando quien viva allí empieza a sufrir la dependencia. Soy un ferviente defensor de la autonomía de la voluntad por lo que en principio creo que hay que defender lo que cada uno decida. Aún así, se me ocurren situaciones en las que las necesidades podrían imponerse a las preferencias. También me da un poco de miedo que alguien pueda pergeñar algún sistema tras el que se oculte la picaresca.

Aún tenemos algo de tiempo por delante, ya que todavía estas formas de vida son muy minoritarias, pero, no nos durmamos. Escuchemos a los que ya han tomado ese camino y a los que se lo están pensando. Ayudemos desde el sistema de servicios sociales a que cada uno pueda ser protagonista de su propio sistema de atención.

Si las cosas se hacen bien, cuando lleguemos a tener un 30% de personas de más de 65 años la demanda de residencias de mayores “tradicionales” habrá crecido mucho, y me refiero a las residencias que prestan un servicio de sustitución del hogar completo, con apoyo profesional continuado en las AVD más un cierto soporte sanitario; también habrá demanda para otras formas de vida y seguirá habiendo quien opte por vivir en su casa como toda la vida.

Creo que el reto de futuro será que cada uno llegue a tener lo que necesite, quiera… y pueda pagar. Sea en una residencia, en una “no residencia” o en su casa.