La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) presentó la semana pasada el informe Radiografía del sector de las residencias para la tercera edad en España, elaborado por la consultora PWC. El objetivo de este Libro Blanco del sector es describir los factores principales que afectan a la demanda de plazas residenciales para la tercera edad, las características actuales de su oferta y las condiciones de acceso y sostenibilidad del sector, así como la contribución económica y laboral de una industria que genera una actividad económica de más de 4.500 millones de euros al año y que emplea de forma directa a casi un 1% de la población activa en España.
El documento pone el foco en un sector, fuertemente regulado, con más de 50 años de tradición en la colaboración público-privada y con una estructura industrial muy semejante al del resto de mercados europeos. Sin embargo, en el caso de España se observa un claro déficit de plazas que irá en aumento si no se aportan las soluciones necesarias.
Por otra parte, la FED ha elaborado un Documento de Propuestas sobre la incidencia de la crisis provocada por el COVID-19 en el sector de las residencias, donde se analizan los problemas coyunturales y estructurales y se aportan soluciones a todos esos problemas. Se ha detectado que buena parte de los problemas preexistentes se han visto agravados por esta emergencia sanitaria, como la financiación o la asistencia sanitaria a los usuarios de las residencias.
En 2050 habrá 16 millones de personas con más de 64 años en España
La esperanza de vida en España se ha incrementado notablemente al mismo tiempo que se ha reducido la natalidad, produciendo un envejecimiento de la población: actualmente, el 19% de la población tiene más de 64 años. A partir de esa edad, la esperanza de vida media es de 22 años, pero solo un 53% de ese tiempo es en condiciones saludables, es decir, vivimos más, pero el aumento de la longevidad tiene asociado un deterioro que requiere de unos cuidados específicos.
De acuerdo con las estimaciones del INE, de continuar esta tendencia, en 2050 pasaremos de 9 a 16 millones de personas mayores de 64 años en España, aproximadamente un tercio de la población, lo que nos situaría como el 4º país más envejecido de la Unión Europea.
Para Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, “este reto demográfico constituye un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad social y económica a largo plazo. Y es aquí donde las residencias juegan un papel muy relevante, garantizando un servicio socio-asistencial en la atención a los mayores, ya que más del 80% de los residentes necesitan ayuda en tareas tan cotidianas como vestirse, tomar la medicación, asearse o alimentarse”.
A la pregunta realizada en rueda de prensa por Dependencia.info sobre qué disposición ven en las administraciones para mejorar la financiación de las plazas concertadas y que éxplicaciones dan para esa diferencia de un 300% entre el coste de una plaza pública y privada, el secretario general de la FED, Alberto Echevarría, apuntaba que "la disposición siempre es buena, que reconocen el problema que hay, pero se queda en eso, en disposición".
Pero, "realmente -apuntaba- no tenemos esa equiparación" y recordó que venimos de una crisis, además, durante la cual esos precios de concierto "sufrieron recortes y bajadas y, actualmente, en casi ninguna comunidad autónoma estamos a los precios de concierto de 2008", cuando "los costes añadidos, tanto en alimentación como en salarios, han ido aumentando, con lo cual cada vez ha habido mayor diferencia entre estos dos costes".
Por tanto, se quejaba Echevarría, "no solo necesitamos una buena disposición, sino que esta disposición se concrete y para eso solo hay que hacer cuentas y ver lo que gastamos y el margen que nos quieran dar". Añade que la excusa que dan para justificar ese 300% de diferencia entre el coste de una plaza pública y la privada es que gastan más porque tienen "mucha más ratio de personal". Nuestra respuesta es: "La ratio de personal se mide en el día a día, en una hora concreta en una residencia cuánto personal hay. Si lo medimos así, la diferencia entre unas residencias y otras no es tal. Muchas veces hay más personal en las residencias privadas. Lo que sí tienen es más banquillo, más personal para cubrir bajas, pero trabajando no es así".
Luego, además, "tienen otros encorsetamientos para la gestión de las residencias" y de ahí les viene más gasto. El responsable de la FED recordó el informe de la Sindicatura de Cuentas en la Comunidad Valenciana que reconoce que la calidad en las residencias privadas es superior que la de las públicas. Pero, ha sentenciado: "Aun siendo el mismo servicio, no debería haber esa diferencia del 300% porque el presupuesto sale del mismo sitio, que son los impuestos de todos nosotros".
Déficit de plazas: se necesitan más de 100 residencias al año
La Organización Mundial de la Salud recomienda contar con 5 plazas por cada 100 personas mayores de 64 años para cubrir la demanda de residencias para la tercera edad, tasa que ya cumplen países como Holanda, Suecia, Bélgica, Finlandia, Alemania y Francia; y que España, con una ratio de 4,4 plazas, presenta un déficit de alrededor de 66.000 plazas.
Si ya existe en España un déficit de, aproximadamente, 550 residencias para la tercera edad (de 120 plazas de media), el paulatino envejecimiento de la población y el aumento del índice de dependencia agravará esta situación de tal forma que, basándonos en las estimaciones demográficas del INE y las recomendaciones de la OMS, se necesitarán alrededor de 785.000 plazas residenciales en 2050, el doble de las existentes en 2018.
Según PWC, en 2050, será necesario cubrir aproximadamente 400.000 plazas adicionales, lo que supone la construcción de más de 100 residencias nuevas cada año.
“Duplicar la actual cifra de residencias supondría, aproximadamente, una inversión de 35.000 millones de euros y la generación de 150.000 puestos de trabajo adicionales, lo que consideramos un reto factible y razonable pero que requiere de las condiciones necesarias para favorecer la inversión y de ese espíritu de colaboración con la Administración que, históricamente, ha funcionado en nuestro país”, señala Fernández-Cid.
El informe del sector también indica que, actualmente, hay proyectos en cartera de alrededor de 270 centros residenciales, con más de 25.000 plazas -de las cuales un 61% son del sector privado, ya sea de forma directa o mediante concesión- una cifra insuficiente, siquiera para cubrir el gap actual.
Motor de la economía y el empleo
Las residencias son un motor de la economía y de la creación de empleo. Es un sector muy atomizado, en el que existen alrededor de 5.600 residencias, con una oferta de casi 381.000 plazas residenciales (frente a las 112.000 camas hospitalarias, por ejemplo), que genera una actividad económica de 4.500 millones de euros. Además, la dependencia tiene un importante efecto arrastre: por cada 1 € ingresado en el sector, se generan 0,7 € adicionales en el resto de la economía.
El volumen de facturación y la intensidad de creación de puestos de trabajo convierten al sector en una herramienta de reducción del déficit público. La actividad económica generada, de forma directa e indirecta, por el sector de las residencias revierte al Estado a través de una mayor recaudación por IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF y cotizaciones sociales. De acuerdo a los cálculos realizados por la FED, por cada 1 € pagado en una residencia, el Estado recibe 0,41 € en tributos y cotizaciones. Si tenemos en cuenta que el estado financia solo una parte del precio, por cada 1 € de gasto público, recibe de vuelta 0,64 €.
En lo que respecta al empleo, cabe destacar que el sector de las residencias privadas emplea a más 155.000 trabajadores directos en 2018, alrededor de un 1% del total de ocupados en España.
Las residencias cuentan con unos gastos de personal muy elevados, ya que son muy intensivos en empleo. Alrededor de un 60% de los ingresos se destina a la retribución de los trabajadores, 2,2 veces más que la media del sector servicios en España.
Además, la actividad de las residencias contribuye, por un lado, a descargar de trabajo a los familiares de dependientes, ayudando a su incorporación al mercado laboral y mejorando su situación socioeconómica; y por otro, a emplear a personas de baja cualificación y por tanto con menor empleabilidad, reduciendo el gasto en prestaciones por desempleo: por cada 1 € pagado por una plaza, el Estado se ahorra 0,31 € en prestaciones (0,47 € por cada 1 € de gasto público).
Respecto a los ingresos, el incremento de la actividad y el empleo por cada plaza de nueva creación en una residencia genera de forma directa un incremento en la recaudación por IVA (el tipo será del 4% o del 10% en función de si la plaza es pública, concertada o privada), IRPF y cotizaciones sociales, además del impuesto de sociedades sobre el margen de las residencias privadas, por lo que la una parte de la ayuda a la dependencia vuelve a las arcas del Estado a través de los impuestos.
En femenino
El 91% de los trabajadores que tienen un empleo a tiempo parcial por cuidar a un dependiente son mujeres. La profesionalización de los cuidados facilita la incorporación al mercado laboral de los cuidadores informales de personas mayores, principalmente familiares y en su mayoría mujeres.
Sector muy atomizado
En el sector de las residencias para mayores coexisten actualmente pequeñas y grandes residencias, estas últimas con economías de escala que les permiten cumplir con mayor facilidad los requisitos y estándares exigidos por el regulador y aumentar los servicios a los usuarios.
El mercado español se caracteriza por estar altamente atomizado: un 75% de las empresas son pymes españolas que gestionan un solo centro; un 11%, multinacionales y tan solo un 8% está en manos de fondos de inversión.
Aunque la cifra es todavía baja, la entrada en los últimos años de empresas especializadas en activos residenciales inmobiliarios y la llegada de nuevos operadores ha cambiado significativamente el panorama inversor. En 2019, la inversión en residencias para la tercera edad alcanzó los 300 millones de euros, duplicando la inversión realizada en 2018.
El 51% de las plazas disponibles son públicas o concertadas
El 25% de las plazas son de titularidad pública, aunque la gestión puede ser privada. Del resto de plazas, un 26% son plazas concertadas, con un precio regulado y fijado en función de la renta y nivel de dependencia del usuario.
Se puede acceder a una plaza residencial pública o concertada a través de las unidades de trabajo social de autonomías y entidades locales para personas mayores no dependientes en emergencia social o, lo más habitual, a través de la Ley de Dependencia, a las plazas privadas puede acceder cualquier usuario abonando las cuotas o financiando parte con la prestación económica vinculada al servicio para aquellos dependientes sin acceso a una plaza pública.
Propuestas de mejora desde el sector ante la emergencia sanitaria
Si bien es cierto que la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha sido sorpresiva, desde el sector de las residencias de la tercera edad reclaman una serie de actuaciones coordinadas para paliar los efectos de esta crisis y de las que se puedan suceder en el futuro.
La primera reclamación es el establecimiento de unos protocolos de actuación, claros y homogéneos, consensuados entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes del sector con el objetivo de proteger a un segmento de la población especialmente vulnerable como lo son los usuarios de las residencias: medidas de confinamiento y sectorización, realización de pruebas de identificación de infectados, protección del personal, uso de EPIs, derivaciones hospitalarias y coordinación con los geriatras del sistema sanitario público, suministro de medicamentos y régimen de visitas de familiares, entre otros.
Además, el sector demanda la creación de un estocaje mínimo de EPI para casos de emergencias sanitarias. Este almacenamiento puede ser tanto en las propias residencias, como centralizado por cada Comunidad Autónoma o el Gobierno Central. El mantenimiento de este estocaje mínimo, en el caso de ser en las propias residencias, no debería suponer un coste adicional para las residencias, por lo que debería incluirse en los precios concertados o estar financiados por Sanidad, de la misma forma que se hace con las instalaciones sanitarias.
Junto con la falta de coordinación entre las áreas social y sanitaria de la Administración, se ha obligado a las residencias, que no forman parte del sistema sanitario, sino que dependen de Asuntos Sociales, a hacerse cargo de una serie de funciones que sí son sanitarias sin tener los recursos y medios para ello, provocando un déficit de financiación de estas funciones, que no son sociales sino sanitarias.
Como complemento a la anterior propuesta, dado que la asistencia sanitaria, pública y gratuita es un derecho de todos los ciudadanos, independientemente de que residan o no en una residencia, debería establecerse personal sanitario del sector público integrado en las residencias para mayores, cubierto por personal de la Administración a través de Unidades de apoyo desde Atención Primaria.
Así, de forma análoga a lo que ocurre en otros países europeos, el personal médico de las residencias que hayan sido homologadas, obligatorio en muchas Comunidades Autónomas, debería ser personal del sistema público de salud, cuyos salarios deberían ser cubiertos por el sector público.
Alberto Echevarría, que también es presidente de ECHO, European Confederation of Care Home Organizations, argumenta que “en esta línea de refuerzo de la atención médica a usuarios de residencias, sería necesario el desarrollo normativo de un sistema sociosanitario integral que avanzara desde un sistema únicamente centrado en la curación de patologías agudas para ir hacía un modelo sociosanitario integral basado en los cuidados, teniendo en cuenta que las enfermedades crónicas y la dependencia generan buena parte del coste social y sanitario”.
El sector público debería promover el desarrollo de los servicios de cuidados intermedios (CSI), centrados en aquellos pacientes dependientes que se estén recuperando de una intervención o que requieran de cuidados paliativos, por ejemplo. Hoy por hoy, ni las residencias están adaptadas para estos servicios sanitarios, ni los hospitales están preparados para los cuidados especiales de estos pacientes. Esta medida permitiría la descongestión de hospitales, reduciendo el coste sanitario.
Por todo ello, para evitar el desequilibrio entre los precios concertados y los costes del servicio debe existir un alineamiento entre las exigencias normativas del servicio y los precios concertados, de tal forma que ni las primeras condicionen el coste para el usuario, ni los segundos limiten la calidad, por lo que sería necesario el desarrollo presupuestario de la Ley de Dependencia y la orientación de precios a costes. Asimismo, si se quiere garantizar el mantenimiento de unos estándares mínimos de las residencias, remunerar adecuadamente al personar de cuidados y atraer inversión suficiente para cubrir la demanda de plazas, los precios públicos de los conciertos deberán estar alineados con los costes, garantizando una rentabilidad mínima para los operadores.
TODOS LOS DETALLES DE ESTA RADIOGRAFÍA DEL SECTOR, EN EL INFORME:
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