La Federación de Empleadas y Empledos de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT se reunió el miércoles con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, para denunciar el abandono por parte de las administraciones al sector de atención a la Dependencia, una situación que, dice el sindicato, "está impidiendo la firma de un convenio que dignifique las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, que son más de 245.000 (el 90% mujeres) y que ahora mismo se encuentran en una situación de pobreza laboral".
El manifiesto que ha presentado a Carcedo, UGT señala: “Sin duda nos encontramos ante las peores condiciones de cualquier convenio de atención a las personas, con una jornada anual que llega a las 1.792 horas, cubriendo 24 horas de servicio al día y un salario bruto de 985 euros. A pesar de que la atención a la dependencia es un servicio esencial para la ciudadanía".
Y añade: "Los precios que paga la Administración por la prestación de este servicio llevan prácticamente 10 años congelados, y esto inevitablemente ha afectado a las condiciones laborales de las trabajadoras. Las patronales han manifestado, escudándose en esta situación, la imposibilidad de negociar un convenio que contemple tanto mejoras salariales como laborales, rehuyendo con ello una responsabilidad para la que están legitimadas".
Revisión del modo en que se aplica la ley
El sindicato ha pedido a la ministra que sea sensible a la problemática del sector porque "un trabajo de calidad prestará una atención de calidad, algo imprescindible para un servicio esencial como es el de la Atención a la Dependencia". Del mismo modo, le ha trasladado que "sería deseable también un modelo más homogéneo en el territorio nacional (es una competencia transferida a CCAA) en residencias, centros de día, atención domiciliaria y la teleasistencia".
UGT ha valorado de forma positiva este encuentro con la ministra, que se ha comprometido a revisar el modo en que se está aplicando la Ley en cada una de las Comunidades Autónomas. Carcedo ha coincidido con UGT en que es necesario visibilizar los problemas que afectan al sector, empezando por la precariedad de sus trabajadoras, cuyo salario no llega a los 1.000 euros mensuales.
En el año 2008 salió una resolución del Consejo Interterritorial del INSERSO que establecía una serie de requisitos mínimos con respecto al personal trabajador de los centros de atención a la Dependencia (residencias y ayuda a domicilio) para garantizar la calidad del Servicio. Este documento debía servir de base a las CCAA para legislar sobre la materia. Sin embargo, no llegó a desarrollarse en su momento y ahora el Gobierno se ha comprometido a revisar este trabajo y a evaluarlo.
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