Las aguas bajan revueltas en la Comunidad Valenciana a cuenta de los modelos de concierto de plazas residenciales que la administración plantea. Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes en esta comunidad (AERTE) temen que se pase “del monopolio que suponía el modelo de Accesibilidad Social con el gobierno del PP a otro monopolio con el sector sin ánimo de lucro” que propone el Ejecutivo actual con Mónica Oltra, de Compromís, a la cabeza.
El modelo de Accesibilidad Social, conocido como el ‘modelo Cotino’, se puso en marcha en el año 2004 con el objetivo de generar nuevas plazas residenciales de personas mayores porque la Comunidad Valenciana tenía una necesidad de plazas importante. La idea era que las empresas construyera residencias, que se crearan unas 9.000 plazas distribuidas por toda la región para compensar esa carencia de camas.
La propuesta era que se hiciera a cambio de un tercio de plazas concertadas, es decir, si construías un centro de 120 plazas, la administración te garantizaba 40 plazas concertadas como estímulo a la construcción.
El presidente de AERTE, José María Toro, recuerda a Dependencia.info que el proyecto parecía “bastante razonable”, pero explica también que “el concurso no fue demasiado atractivo por el precio” e incluso hubo iniciativas que finalmente decidieron no presentarse. Además, desde el punto de vista de esta asociación empresarial “las condiciones se fueron modificando, tanto en el precio como la supuesta exclusividad”.
Toro aclara este punto: “Esta exclusividad de plazas concertadas a las nuevas residencias solo afectaba a un tercio de las camas. La administración solo se había comprometido a un tercio de la concertación a cambio de la construcción. Algunas de esas empresas, con el tiempo, plantearon que esa exclusividad, mientras hubiera plazas vacías en el segundo y el tercer tercio de esas residencias , tenía que ser con ellos y no se podía concertar con ningún tercero. Y ahí fue donde surgió el problema porque lo que venían a decir era que solo podían concertar con la administración las empresas de ese plan. Esto provocó, lógicamente, la reacción del resto del sector porque esto significaba que funcionaban como un monopolio”.
Pasaron los años y en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana da la razón a AERTE confirmando que “la exclusividad es solo para el primer tercio de las plazas de las residencia en ese plan de Accesibilidad Social y que fuera de ese primer tercio, la administración podía concertar con quien quiera”, apunta José María Toro, que subraya que ellos “lucharon contra ese monopolio que se pretendía por parte de algunas de las empresas, no todas, de este plan”.
Ante esta decisión, algunas de las empresas implicadas recurrieron al Tribunal Supremo, que se pronunció la semana pasada respaldando todo el planteamiento que había hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De esta forma, el responsable de AERTE celebra que se haya acabado el modelo de Accesibilidad Social como tal, aunque estas empresas hayan continuado trabajando con la administración a través de otros concursos, “pero las circunstancias de ese momento, ese monopolio pretendido quedó enterrado en 2016 y ahora se ha confirmado”.
Otro problema: vuelven a faltar plazas
Sin embargo, lamenta que este problema “dividió el sector, cosa que nunca es bueno”, y además “paralizó la inversión en la Comunidad Valenciana, que tiene uno de los ratios más bajos de España en plazas residenciales”. Recuerda que “durante 10 años no ha querido invertir nadie” en esa comunidad “por el miedo a construir y que durante mucho tiempo no se pudiera concertar”. “Eso no se lo podía permitir ninguna empresa privada o sin ánimo de lucro”, destaca Toro.
El responsable de la patronal enumera las consecuencias que ha tenido el desarrollo de este proceso: “No se ha invertido en la Comunidad Valenciana, no se han abierto nuevas residencias por esta inseguridad jurídica, no hay plazas, políticamente no hay nadie que asuma esa responsabilidad, que los funcionarios que estaban llevando ese programa siguen trabajando en la administración sin ningún tipo de problema y que al final, aquí no ha pasado nada”.
“No ha servido para nada ganar un juicio tantos años después porque las empresas, que lo pasaron fatal, tuvieron que cerrar, muchas de ellas pequeñas, porque no pudieron aguantar no contar con ninguna plaza concertada”, recuerda.
1.200 plazas en busca de gestor
Ahora leemos que hay más de 1.200 plazas geriátricas que están esperando gestor porque el primer tercio que se contemplaba en el plan de Accesibilidad Social era un contrato por 15 años. Las primeras residencias que se pusieron en marcha lo hicieron en 2004 y ahora vence el contrato.
En este punto, José María Toro nos vuelve a explicar que la actual vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana por Compromís, Mónica Oltra, luchó mucho en su etapa en la oposición contra este ‘modelo Cotino’ y ahora no podía dar más prórroga a un modelo al que se había enfrentado tanto, por lo que ha convocado un nuevo concurso abierto en el que se pueden presentar todas las entidades que cumplan con los requisitos para poder concertar.
“Es decir, el resultado al final, que es lo que cuenta, es que hay empresas que pertenecieron al plan de Accesibilidad Social que hoy tienen más plazas concertadas que las que tenían en su momento con el Gobierno del PP”, apunta el presidente de AERTE.
Sector sin ánimo de lucro
Aun así, lo que lamenta Toro es: “Llevábamos razón desde el principio, nadie nos creyó y al final los jueces han tenido que darnos la razón, aunque hay que decir que no ha tenido ningún tipo de consecuencia. Pero, además, hoy en día estamos en un proceso parecido en la Comunidad Valenciana con las entidades sin ánimo de lucro y esa supuesta voluntad por parte de la administración de potenciarlas y concertar con ellas en primer lugar. Para nosotros es como otro monopolio. Antes se prefería trabajar con unas empresas y ahora se pretende trabajar con unas empresas sin ánimo de lucro”.
“Nosotros lo hemos recurrido todo. Está todo pendiente de que se acabe resolviendo judicialmente. Lo que me preocupa es, uno, que esto paralice otra vez la inversión en la Comunidad Valenciana por decisiones políticas que entendemos que no son correctas; dos, que acaben dándonos la razón otra vez dentro de una serie de años, y tres, que aquí no asuma nadie ningún tipo de responsabilidad”, insiste.
Por eso, desde AERTE dicen que su argumento principal es “la libertad de elección del usuario entre todas las residencias que puedan participar y siempre basado en la calidad”. “Tememos que vuelva a suceder lo mismo que con la Accesibilidad Social por la discriminación positiva que se hace en favor del Tercer Sector”, apuntan para concluir que temen que se pase de un “monopolio del modelo de Accesibilidad Social a otro monopolio del sector sin ánimo de lucro”.
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