Se informaba recientemente de que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas había abierto el plazo de licitación del nuevo contrato que supondrá la puesta a disposición de 7.100 plazas en centros residenciales para personas mayores de la Comunidad Valenciana, en un proceso en el que se primarán los criterios sociales y que supone la incorporación de más de 1.500 plazas nuevas al sistema público.
Se quería destacar que con este contrato se unifican en un único expediente todas las plazas privadas puestas a disposición de la Conselleria, que se incorporan al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales como plazas que son sostenidas con fondos públicos, a través de una inversión de 987 millones de euros, lo que permite incrementar un 20% la financiación destinadas a las plazas, hasta alcanzar los 71 euros por plaza y día.
¿Pero es realmente tan buena la noticia?
El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), José María Toro, mete en el cajón de los aspectos positivos el hecho de que esta licitación "unifica los distintos contratos anteriores existentes", así como que "permite que las plazas que no se asignan en un lote se puedan adjudicar en otro lindante". Subraya que esto permite que "no se quedan plazas sin cubrir en un lote y que sobre en el lote geográficamente colindante".
Lógicamente, el responsable de AERTE no pasa por alto que es una buena noticia porque "hay un aumento importante del precio de partida de la licitación". En este sentido, Toro apunta que en Valencia capital el precio es algo superior al que se oferta en el resto de los lotes: "Eso también es interesante, y es una oferta que hicimos en su momento, para que permitiera hacer más atractivo el concurso".
"Hay líneas de trabajo en las que sí se ha avanzado y también se ha escuchado al sector", destacaba el responsable de la patronal valenciana.
Sin revisión de precios
Sin embargo, José María Toro ha destacado que le habría gustado que el concurso "se centrara más en aspectos que mejoran la calidad de vida de las personas que están atendidas, por ejemplo el ratio de personal o los salarios de los trabajadores". "Se han perdido en un maremagnum de indicadores, con cuestiones energéticas o compras de proximidad o el pan de horno tradicional, es decir, se han mezclado cláusulas sociales o medioambientales, que están bien en la licitación, pero que realmente no mejoran la calidad", insiste.
El presidente de AERTE apunta claramente su preferencia: "Yo habría centrado el concurso más en cuestiones de personal, de mejora de ratio, que es lo que afecta de manera más directa a la calidad del servicio que se presta, que en cuestiones estéticas... se corre el riesgo de que haya centros que apuesten por otras cuestiones que dan puntos, pero que no mejoran la calidad".
El presidente de la patronal valenciana hace especial hincapié también en que "se recogen muchos tipos de mejora, hasta 49 aspectos, pero hubiese sido mejor centrarlos en los temas de personal". Y lo explica con un ejemplo: "La compra de proximidad mejora el impacto en el entorno pero no nos parece un aspecto que mejore la calidad de la atención, aparte de que no siempre los proveedores de este tipo pueden cumplir con los requisitos de la propia normativa sanitaria".
Otro punto negativo es que "el contrato no tiene revisión de precios en toda su duración, que puede llegar a los cinco años". Incide en que "con el contexto de incrementos de precios actual, con tasas de IPC por encima del 8%, es muy difícil hacer una oferta a tan largo plazo".
Por otra parte, resalta también como un aspecto que no ha gustado en esta nueva licitación que "algunas mejoras son muy ambiguas" y también pone un ejemplo: "El pan de horno tradicional. No existe descripción exacta de este producto".
Subraya Toro que "todo esto genera, además, que las plazas públicas tengan distintos servicios en función de la oferta del centro lo que genera desigualdad entre los ciudadanos".
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