Hemos hablado en Dependencia.info de
cuánto dinero cuesta abrir al público una residencia de personas mayores y bueno es conocer la opinión al respecto del mayor empleador en España, con más de 27.000 trabajadores en servicios de atención y cuidado a las personas mayores y dependientes.
En esta entrevista, José María Pena, consejero delegado de DomusVi España, responde a qué hay que tener en cuenta hoy para abrir una residencia de personas mayores en España y analiza los desafíos y oportunidades del sector en un país con una población cada vez más envejecida, desde la necesidad urgente de plazas hasta el impacto de las normativas regionales.
Pena subraya los obstáculos clave como la escasez de personal especializado y el encarecimiento del suelo. Además, aboga por garantizar la capacidad de elección en los cuidados y por un marco normativo más armonizado que permita afrontar con éxito las crecientes demandas sociales. En este sentido, aboga por "una mayor claridad porque esta incertidumbre normativa ha paralizado inversiones y ha agudizado el problema de falta de plazas".
José María Pena da más detalles de todas estas cuestiones:
1.- ¿Cuáles son los aspectos principales que hay que tener en cuenta hoy para abrir una residencia de personas mayores en España?
La decisión de construir una nueva residencia depende de muchos factores, en algunos casos de carácter general y otros que son específicos de cada zona. El primero y más evidente es la necesidad de plazas residenciales que existan en la zona. Aunque la media de plazas en España está por debajo de las necesarias, existe una variación geográfica importante.
Hay que tener en cuenta que, según datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en 2050 la población mayor de 65 años supondrá un 30,4% del total y esto impacta de una manera muy directa en la necesidad de opciones que puedan atender a las necesidades de este volumen de población.
En segundo lugar, es necesario valorar la existencia de suelo en la zona teniendo en cuenta que esta debe ser suficientemente atractiva.
Hoy por hoy, quizás es el punto más complejo si tenemos en cuenta la subida de precios de los últimos años y la competencia con otro tipo de recursos con mayor rentabilidad y menor riesgo (como residencias de estudiantes, por ejemplo). Estas variables complejizan lograr un coste asumible en estos proyectos.
Y, finalmente, como punto general, es clave la búsqueda de personal especializado.
A nivel Comunidades Autónomas, hay particularidades para adaptarse a las normativas de cada zona que varían considerablemente; es importante tener esto en perspectiva desde el primer momento para ser eficiente en la definición del proyecto: número de plazas, unidades de convivencia, autorizaciones, etc.
2.- Entonces, para resumir, ¿cuántos millones hacen falta para poner en marcha una residencia de 100 plazas en zona urbana?
La inversión inicial incluyendo el suelo, la construcción, costes de proyecto, equipamiento de la residencia, costes de comercialización y puesta en marcha para una residencia de 100 plazas estará en la franja entre los 12 y los 16 millones de euros.
3.- Una valoración personal de qué es lo más difícil y qué obstáculos o inconvenientes pueden llevar a paralizar proyectos…
En mi opinión hay concretamente dos puntos clave: el coste del suelo y la escasez de profesionales. Respecto al coste de suelo además está sujeto a variaciones geográficas importantes. Este precio se debe, en parte, a la existencia de legislaciones complicadas y procesos burocráticos en los que están implicados diferentes organismos estatales, municipales y autonómicos.
Es importante hacer un llamamiento al consenso y a la interlocución rápida para que pueda salir más suelo al mercado y poder construir residencias.
Además, tenemos una tremenda falta de profesionales asistenciales cualificados y con ganas de desempeñarse en una de las profesiones más humanas que existen. Hablamos de personal de enfermería sí, pero no solo. Cada rol asistencial es importante y vital para nosotros y nuestros mayores. Somos un sector en el que nuestros mayores en residencias son cada vez más, mientras que el número de profesionales para atenderles, cuanto menos, se estanca; esto, sencillamente, es insostenible.
Es necesario que todos los actores del sector dialoguemos y busquemos conjuntamente soluciones que nos permitan atajar esta situación, empezando por la necesidad de atraer y formar nuevo talento.
4.- ¿Ayuda un marco normativo tan dispar, siempre en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre, y con leyes o acuerdos o propuestas de nuevos modelos de cuidados?
Una armonización legislativa contribuiría a mejorar la calidad de los servicios y el bienestar de las personas atendidas. Creo firmemente en la necesidad de tener un entorno legal estable que garantice que nuestro sector pueda crecer con buena salud.
Esta disparidad tiene un impacto directo en los ciudadanos porque existe una desigualdad real en el acceso a financiación y subvenciones, y esto, sin duda, influye en la capacidad que tienen las familias y los usuarios para acceder a estos servicios. Además, ante situaciones concretas como el cambio de residencia o el traslado a otra comunidad autónoma, se pueden generar complicaciones que afectan a la estabilidad y la confianza de los usuarios como consecuencia de la diversidad en los requisitos, el coste o las características del servicio.
Para compañías como la nuestra, el marco normativo actual representa un desafío. En nuestra experiencia, conocemos la importancia de adaptar los servicios y prestaciones a las necesidades específicas de cada territorio. Nos esforzamos en mantener un estándar de calidad homogéneo y nos adaptamos a las particularidades de cada región, pero lo cierto es que trabajamos con esta dificultad añadida.
Y estamos contentos con la valoración que obtenemos. Nos preocupa escuchar a nuestros usuarios, residentes y familias, para nosotros es una prioridad, y cada año hacemos unas encuestas de satisfacción para medir la calidad percibida; nuestra puntuación media es de 8,1 sobre 10.
5.- ¿Qué opina de modelo de desinstitucionalización, de más atención a domicilio y menos residencia, que propone el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy?
Creo que hay que ser realista con las propuestas que se hacen y pensar que seguramente es difícil que haya una solución única que sirva para todo el mundo. Parece cada vez más evidente que las necesidades individuales son tan diferentes como las características concretas de cada individuo. De ahí que no nos sintamos cerca de afirmaciones que lo que proponen es una solución única cuando, además en muchos casos, hablamos de personas dependientes que necesitan unos cuidados muy específicos y con un seguimiento constante.
Bajo mi punto de vista, el Estado debe garantizar y ser capaz de ofrecer soluciones para cubrir las necesidades de todos los perfiles sociales en un contexto con mucha diversidad. Y esta es para mí una propuesta madura de solución.
Para nosotros la prioridad está en asegurar la capacidad de elección. Estamos ante un nuevo modelo de cuidados en el que es muy importante ser capaces de adaptarnos a las preferencias, gustos y grado de autonomía de cada persona. Es necesario ofrecer unos servicios de calidad en el entorno domiciliario y también en el residencial.
La persona ha de poder seguir eligiendo dónde vivir, qué cuidados recibir o qué actividades realizar. Si además entran en juego patologías propias de estas edades, una capacidad de elección que garantice esos cuidados debe ser aún más clara.
6.- ¿Sigue siendo necesario construir más residencias en España?
El envejecimiento en nuestro país se sigue acelerando. En 2050, España será el cuarto país más envejecido de la Unión Europea: según el INE, más de 16 millones de personas serán mayores de 65 años, casi un tercio de la población estimada. Y casi el 12% de la población será mayor de 80 años.
¿Cómo se traducen estas cifras? En que tenemos una necesidad tremenda de asegurar unos cuidados adecuados para nuestros mayores presentes y futuros, y esto tiene que ver con un aumento del número de plazas residenciales actuales.
7.- ¿En qué quedó el Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acreditación y Calidad de los centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia, conocido como Acuerdo Belarra?
Desde 2022 las comunidades autónomas tenían la obligación de adaptar sus normativas y estructuras, sin embargo, este proceso sigue sin completarse. De hecho, algunas regiones han mostrado su malestar y preocupación ante las nuevas exigencias, ya que podrían resultar inasumibles sin una financiación adecuada.
Ahora mismo nos encontramos en un momento en que el proceso aún no se ha completado y, para nosotros, un punto clave es asegurar que las exigencias que se contemplan sean asumibles.
Todo ello ha tenido consecuencias directas en el crecimiento del sector. Necesitamos una mayor claridad porque esta incertidumbre normativa ha paralizado inversiones y ha agudizado el problema de falta de plazas. Esto impacta directamente en la calidad de vida y cuidado de las personas dependientes, y lograr revertir esta situación debería ser una prioridad en los próximos meses.
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