Desde Inforesidencias.com hablamos con bastantes gestores de residencias y leemos con preocupación el artículo publicado el pasado miércoles en La Vanguardia: Mayores abandonados: faltan 35.000 plazas en residencias para los dependientes severos. Sin embargo, no podemos decir que nos sorprenda. Esta situación no es nueva y es, en buena medida, el resultado de una política de "stop & go" que ha generado un clima de profunda incertidumbre para quienes trabajan en el sector.
Un ejemplo claro es el reciente Acuerdo Belarra, que introduce estrictas limitaciones y nuevas normativas sobre cómo deben operar y diseñarse las residencias de mayores. Aunque el objetivo es loable, no se acompaña de una financiación adecuada ni de una planificación realista que facilite la inversión y el crecimiento del sector.
Conocemos un caso, un operador familiar que ya tiene varias residencias, estaban listos para ampliar una de ellas con una nueva planta que incrementaría las plazas disponibles para mayores dependientes. Sin embargo, tras evaluar el panorama actual, decidieron redirigir esta inversión hacia la construcción de una residencia de estudiantes. Esta decisión no fue tomada a la ligera, pero resultó inevitable: mientras que en el sector de mayores se están enfrentando a trabas administrativas interminables, requisitos financieros poco claros y un marco normativo cambiante e incierto, el desarrollo de residencias de estudiantes es mucho más ágil y previsible.
Es precisamente esta falta de coherencia y apoyo desde la administración lo que contribuye a la creciente escasez de plazas en residencias geriátricas. La imposición de estándares más estrictos sin los recursos necesarios para implementarlos no solo frena a los operadores actuales, sino que también desalienta a nuevos inversores que podrían entrar al sector.
Para revertir esta situación, es fundamental que la administración y el sector privado trabajen de la mano, construyendo una relación basada en la confianza, y no en la desconfianza que, lamentablemente, predomina hoy en día. Las residencias no pueden ser vistas como un problema a regular, sino como aliados imprescindibles para atender a la población mayor, cuyo crecimiento exponencial ya pone de manifiesto la urgencia de actuar.
El informe que menciona La Vanguardia es contundente: cada vez hay mayor necesidad de plazas residenciales. Sin embargo, esta falta de confianza y colaboración por parte de la administración está lastrando la creación de nuevas plazas y perpetuando un problema que afecta directamente a las familias y a los mayores más vulnerables.
Es evidente que pueden cometerse errores, pero la pregunta es: ¿cuántas plazas más han de faltar para que la administración cambie de actitud y priorice el diálogo, la estabilidad normativa y el apoyo a los operadores que queremos aportar soluciones?
¿Qué opiniones tenéis al respecto?
Anna Cebrián es licenciada en Económicas, Master en Dirección de Empresas y postgrado en dirección de servicios gerontológicos. Directora de Inforesidencias.com
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