El sindicato UGT informa en su web que dada la situación de emergencia que estamos viviendo -especialmente en el sector de los cuidados- se ha dictado una modificación en el requerimiento de la cualificación para trabajar en residencias o en ayuda a domicilio cuando no se encuentre personal cualificado.
Las personas contratadas tendrán derecho a una formación suficiente y serán exigibles medidas de protección que garanticen su salud y seguridad. Es impresdindible la protección en estos momentos en que se están multitlicando las bajas por enfermedad. "Ante la situación de pandemia derivada del COVID-19 y por razones de urgencia y de forma temporal, la modificación que ahora se propone pretende flexibilizar la acreditación y funcionamiento de los servicios de atención a la dependencia mientras persista la situación de crisis COVID-19", se lee en el BOE.
En el nuevo "régimen provisional y excepcional ante la situación de pandemia derivada del Covid-19" cuando se acredite "la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones específicas necesarias" en la zona, centro o institución social, o bien donde se preste asistencia personal o labores de auxiliar de ayuda a domicilio "podrán desempeñar estas funciones personas que tengan alguna de las titulaciones para cualquiera de ellas".
Pero, "si tampoco hubiera disponibilidad de demandantes de empleo con ninguna de las podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, debiendo las entidades prestadoras de servicios garantizar la supervisión y formación práctica en el puesto de trabajo para mejorar sus competencias profesionales".
UGT exige la realización del test de COVID-19 a todo el personal sanitario
La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT se ha dirigido al Director General de Sanidad para exigir que se realice el test de COVID-19 a todas las personas que trabajan en los ámbitos sanitarios: hospitales, centros de salud, transporte sanitario y en la prestación de servicios sociales.
El sindicato insiste en que no hacerlo conlleva un riesgo para los trabajadores y su entorno, además de un aumento en la transmisión de la enfermedad a toda la población. Desde los ámbitos científicos, sanitarios y del propio Gobierno se ha insistido en que todas las personas que trabajan en estos en estos sectores son susceptibles de diseminar la enfermedad al estar en contacto con personas que la padecen y después mezclarse con otras que no la sufre.
Desde UGT reclamamos una que se vigile rigurosamente aquellos centros donde se pueda estar bajando la guardia sobre que los empleados continúen en sus puestos de trabajo cuando ya padecen síntomas leves de la enfermedad. Esta medida es especialmente importante para su seguridad y para evitar la diseminación de la enfermedad cuando, además, sabemos que los Equipos de Protección Individual (EPIs) escasean.
Ya la semana pasada, UGT remitió sendas cartas al secretario General de Sanidad y al Secretario de Estado de Derechos Sociales, para pedir que se
adoptasen otras medidas urgentes encaminadas a proteger a todos los trabajadores del la sanidad.
En la misiva dirigida a Faustino Blanco, secretario general de Sanidad, el sindicato denuncia los problemas que están sufriendo los empleados, la principal es la falta de equipos de protección individual (EPIs). Esta circunstancia pone en riesgo su salud y hace que aumente el riesgo de contagio para el resto de la población.
Aunque es cierto que las casuística con diferentes según las CCAA, son generalizados la falta de protección entre los
trabajadores de transporte sanitario. En otras regiones el caso es el contrario, son los que reciben los enfermos quienes carecen del materia adecuado
UGT es consciente de que son los servicios de las Comunidades Autónomas de llevar a cabo la coordinación, pero reclama una mayor organización y coordinación, imprescindible para que las medidas tomadas sean efectivas
UGT valora la orden que establece nuevas medidas organizativas en centros residenciales para personas con discapacidad
Por otra parte, el sindicato valora la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El objeto y ámbito de aplicación que constituye el objeto de la orden publicada hoy es el establecimiento de medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información para todos los centros de servicios sociales de carácter residencial, entre otros el de las personas con discapacidad u otros centros de servicios sociales de análoga naturaleza, ya sean de titularidad pública o privada, y que se encuentren en territorio nacional.
FeSP-UGT viene detectando y denunciando en los ámbitos territoriales de aplicación del sector que en numerosos centros de trabajo para personas con discapacidad la situación crítica que se está viviendo es límite.
Miles de profesionales defienden desarrollar su trabajo en condiciones de plena seguridad para ellos, para los usuarios del servicio y por consiguiente para las familias de los propios trabajadores. Asimismo, FeSP-UGT sigue exigiendo que los usuarios reciban la mejor atención y servicio público, con el suficiente volumen y calidad de recursos humanos y materiales, y en la que es necesario que de una vez por todas los trabajadores de estos centros pasen a la categoría de prioritarios por las especiales condiciones de vulnerabilidad en la que desempeñan su puesto de trabajo.
En este sentido, el Sindicato de Enseñanza Privada de FeSP-UGT cree que la presente norma puede venir a poner orden en la actual desorientación que por parte de algunas Administraciones autonómicas se está enviando a los centros de trabajo, si bien se detectan carencias normativas que con la mayor urgencia se deberían legislar.
FeSP-UGT quiere insistir en el agradecimiento colectivo a los trabajadores del ámbito de la atención a la discapacidad tanto en el ámbito asistencial, de los centros especiales de empleo, independientemente de cual sea su naturaleza jurídica, y del ámbito de los centros educativos. Son 200.000 trabajadores que están en la primera línea en estos momentos y que atienden a los que más lo necesitan.
Por último, FeSP-UGT recuerda que los servicios jurídicos y de asesoramiento del sindicato están a disposición de los representantes de los trabajadores y afiliados en sus canales habituales de sus federaciones territoriales, así como para beneficiar al conjunto de los trabajadores del sector en estos momentos tan complejos.
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