La FED exige igualdad y denuncia el trato de favor al País Vasco al otorgarle el 50% de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha expresado su contundente oposición al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco al otorgar a esta comunidad el 50% de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) mientras se niega de manera sistemática ese mismo derecho a las demás Comunidades Autónomas.

La FED considera inaceptable y discriminatorio este trato, el cual vulnera los principios de igualdad y cohesión territorial. Además, agrava la brecha de financiación que impacta de manera severa en la sostenibilidad del sistema de cuidados en diversas Comunidades Autónomas, donde, en términos literales, los servicios se están ofreciendo a pérdidas.

Una ley incumplida siempre

La financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) debe ser compartida al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, según lo estipulado por la Ley 39/2006, que promueve la autonomía personal y atiende a las personas en situación de dependencia. No obstante, este compromiso financiero nunca se ha llevado a cabo. Desde su creación, la ley ha estado marcada por una falta de financiación adecuada, y ni los diferentes gobiernos ni los sucesivos presupuestos han logrado rectificar esta importante deficiencia.

Actualmente, las Comunidades Autónomas solo obtienen un 27% de financiación estatal, lo cual está muy por debajo del porcentaje que se ha establecido legalmente. Este déficit tiene un impacto directo en la calidad de los servicios, en la sostenibilidad económica de los centros y servicios, y, en última instancia, afecta a la dignidad y el bienestar de las personas mayores que dependen de ellos.

Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, afirma que hay una clara violación del principio de igualdad entre territorios. "No se puede premiar a una comunidad con la financiación que por derecho nos corresponde a todos mientras se condena a otras a sostener el sistema sin los recursos necesarios", añade.

Se presenta una contradicción de gran relevancia: el Gobierno, por un lado, firma un acuerdo bilateral con el País Vasco que otorga el 50% de financiación y rompe el techo financiero establecido, mientras que, por otro lado, Hacienda se opone a derogar la Ley de Desindexación de precios. Esta ley impide que se actualice el valor de las plazas concertadas según el coste real de los servicios. Tal incoherencia revela una política desigual que deja en segundo plano a la mayoría de las comunidades autónomas y a los centros que las respaldan.

La FED exige una rectificación inmediata

Por todo ello, la Federación Empresarial de la Dependencia reclama al Ejecutivo:

• Una aclaración pública de los términos del acuerdo bilateral con el País Vasco.
• Tal como establece la Ley de Dependencia, que garantice el mismo nivel de financiación (50%) al conjunto de comunidades autónomas.
• Que refuerce el nivel mínimo de protección, competencia exclusiva del Estado, y que actualmente es claramente insuficiente.
• Un proceso de diálogo estructural con el sector para resolver los graves problemas estructurales que arrastramos: infrafinanciación, falta de personal, rigidez normativa y ausencia de un modelo de concertación sostenible.

"No se puede seguir precarizando los cuidados. No se puede sostener el sistema a costa del esfuerzo de los profesionales y del sacrificio económico de los centros y servicios. Es el momento de asumir responsabilidades, de poner fin al agravio comparativo y de garantizar el futuro del sistema de atención a la dependencia", concluye la FED en una nota a los medios.