El sector de la Dependencia ya había dejado claro que consideraba inaceptable la propuesta del nuevo modelo de residencias y de atención a las personas con dependencia que proponía el Gobierno, que durante meses se ha estado negociando en el marco del Diálogo Social y que se iba a votar este miércoles durante el Comité Territorial de las Comunidades Autónomas. El ministerio de Derechos Sociales, como se esperaba, no ha conseguido aprobar el documento presentado y ha aplazado a junio la votación para seguir negociando.
Así, el ‘Acuerdo de criterios de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia’, que había sido consultado con entidades sociales, sociedades científicas y profesionales, no ha gustado tampoco a varias comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia de las políticas sociales. Comunidades como Cataluña, País Vasco, Madrid, Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia han sido rotundos en su 'no' a la reforma del departamento que dirige Ione Belarra.
Tras las críticas de los gobiernos autonómicos, que pedían más tiempo para seguir debatiendo el documento, así como, entre otras, todas las patronales del sector, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha pospuesto la votación prevista para intentar alcanzar un acuerdo durante el próximo mes.
Pese al rechazo de la propuesta inicial y los sucesivos borradores que se han sido presentando, el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs) celebra que haya aún espacio para el diálogom ientras se sigue estudiando el nuevo acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD.
Esta patronal entiende que "la posibilidad de un nuevo documento permite estudiar un plan económico que solucione la infrafinanciación que sufre históricamente el sistema y las comunidades autónomas a 5 ó 10 años", según explica en una nota que añade: "El Estado debería poner 1.000 millones de euros anuales para hacer una buena planificación y despliegue de la Ley de Dependencia para todos los servicios del SAAD (centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia). Además, se lograría acabar con el limbo de la Dependencia, y la eliminación de la lista de espera que actualmente está en una media de 438 días para la tramitación del expediente".
CEAPs considera que "se abre de nuevo, una oportunidad para trabajar el número de plazas que deben tener las unidades de convivencia, para hacerlas viables y con la calidad de vida que desean las personas mayores". "También el de plazas de los centros, con criterios objetivos y técnicos (no por población o por ubicación en suelo rural o urbano), sino por necesidad y viabilidad", insistía la patronal de servicios de atención a las personas.
Además, CEAPS subraya que "es básico que se retire el carácter retroactivo, ya que la nueva norma debería tener efecto en el momento de la aprobación para los nuevos proyectos". "Defendemos el derecho a que las personas mayores, elijan dónde desean vivir, y qué servicios desean recibir, con una apuesta sólida por la calidad de todos los servicios y una mejora en las condiciones laborales de los profesionales del sector", concluye.
Se suman a que haya aún espacio para el diálogo el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía (CECUA), cuyo presidente, Andrés Rodríguez, destaca que esta nueva oportunidad nos invita a seguir luchando por “los derechos de las personas mayores, la dignificación de los cuidados y los/las profesionales del sector, lo que revertirá de manera inmediata en la calidad de los servicios y por tanto en generar unos mecanismos estructurales para la consolidación del sistema de atención a la dependencia”.
Total disconformidad de las patronales: falta una memoria económica
En esta línea, horas antes de la reunión de este miércoles, las patronales de residencias expresaban su total disconformidad por la falta de una memoria económica que justifique los cambios del modelo actual. Desde el primer día, AESTE, ASADE, CEAPS y FED solicitaron la realización de una memoria económica que justificara y diese sentido un cambio radical en el sistema de cuidados tal y como se pretende.
Recordaban que las organizaciones están apostando por mejorar la calidad en el servicio y las condiciones laborales de sus profesionales, compatibilizándola con la sostenibilidad del sistema de Dependencia y la nueva normativa que, entre otros, obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros existentes, y a reducir de manera significativa las más de 5.200 residencias que actualmente en toda España.
Hay que recordar que la propuesta del MInisterio de Derechos Sociales, a través del IMSERSO, contempla una serie de medidas entre las que destacan la limitación a 75, 90 o 120 plazas dependiendo de la ubicación del centro, y un plazo de reconversión de los centros ya acreditados y los centros en construcción/promoción hasta el 31 de diciembre de 2029. “Se echa en falta la posibilidad de elección de centro independientemente de si su titularidad es pública o privada, a pesar de que se apuesta por el modelo de Atención centrado en la Persona”, explican desde el sector.
Los profesionales vienen destacando desde el principio: “Este modelo es inviable y que desde las empresas que trabajamos por y para las personas no entendemos que se hable de cambio de modelo sin que se realice primero una restructuración de la financiación”. Esto supondría una merma significativa de oferta de plazas que ya está en un punto crítico sin poder atender la lista de espera y consecuentemente de empleos en las residencias”.
Añadían: “Consideramos que el principal perjudicado del modelo propuesto serían los propios usuarios y sus familias que se encontrarían sin la oferta necesaria, tanto en cantidad como en calidad, para recibir la atención que requieren y a unos precios en torno a un 50% superiores a los actuales”.
El dinero se pide para la sostenibilidad del Sistema de Dependencia
“El dinero no se pide para las empresas, sino para la sostenibilidad del Sistema de Dependencia en España”, recordaban las patronales al tiempo que mantienen que se está haciendo una discriminación entre las personas que reciben los servicios de manera pública y los que lo hacen de manera público-privada, y mucho más de aquellos que están en el limbo.
Además, explicaban que no es inviable hablar de cambio arquitectónico en los centros que ya están en funcionamiento o construcción. “Es inviable”, defienden y por ello pedían también que no se hable de “retroactividad”. Las patronales han insistido en que el borrador presentado resulta confuso a la hora de establecer la necesidad de la adecuación de los centros ya existentes, de los que tengan licencias o autorizaciones previas a la autorización de la Norma o incluso de aquellos que por su configuración arquitectónica no puedan adaptarse habiendo nacido y regulado su actividad al amparo de normas legales existentes en su momento.
"No cabe duda de que debe establecerse con claridad el periodo transitorio, el momento en el cual están vigentes las nuevas normas en relación con los procesos vivos de gestión de nuevos centros ya sea en sus fases de autorización y licencias o construcción, y, sobre todo, para aquellos centros ya existentes y que por su configuración arquitectónica no puedan adaptarse o exijan unas inversiones desproporcionadas para ello", señalaban las asociones empresariales.
Inseguridad jurídica
Además, las patronales siguen alertando sobre los efectos que ya está provocando la propuesta, ya que “actualmente hay en promoción y construcción más de 38.500 camas en España y la simple posibilidad de que esta propuesta salga adelante, ya ha creado una inseguridad jurídica en el sector que está ralentizando su crecimiento". "En un país envejecido como el nuestro y con la llegada de los baby boomers los esfuerzos del sector deberían centrarse en desarrollar una red de centros y servicios que sea sostenible y asumible para el bolsillo de los dependientes y sus familias”, apuntan.
Según estimaciones de las patronales se cerrarían alrededor de 72.500 plazas residenciales, lo que supone el 25% de las plazas privadas del sector.
Desde AESTE, ASADE, CEAPS y FED se apuesta por un modelo pactado, basado en la colaboración público-privada, que permita ofrecer nuevos servicios y nuevos centros con una mejora clara de la calidad, pero a precios sostenibles.
Negativas de las CCAA al plan de Belarra
Pero el malestar de las patronales de residencias y servicios a la dependencia era palpable también entre algunos responsables autonómicos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, era claro: “España puede y debe plantearse un nuevo modelo de residencias. Está bien un modelo ideal donde se triplique el coste de la plaza pero exigimos que lo que se quiera hacer se financie... Ya está bien que el Estado invite pero no pague".
La consejera andaluza de Igualdad y Asuntos Sociales, Rocío Ruiz, también contundente, lamentaba el perjuicio: "No se puede hacer una medida de tanto alcance, con un cambio de modelo total, sin una memoria económica; hay que hacerlo de forma progresiva o es insostenible... Es un gobierno que propone medidas ideales, la carta de los Reyes Magos, pero que no lo sostiene con políticas reales y medidas financieras".
El nuevo modelo de acreditación de centros y residencias reduce las plazas para hacerlos lugares más parecidos a los hogares y con un trato personalizado. También establece mayor número de trabajadores en función del número de residentes, así como las condiciones laborales y de titulación de los profesionales.
Pese a los cambios, sigue sigue sin gustar que las residencias que se construyan tras el acuerdo no puedan tener más de 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas; que las ubicadas en localidades de densidad intermedia no puedan superar las 90 y hasta las 120 plazas en las grandes urbes. Igualmente, genera muchas dudas a los consejeros que la financiación de este nuevo modelo, con 483 millones de euros que el Estado entregaría a las CCAA.
Derechos Sociales está dispuesto a seguir negociando que los nuevos centros dispongan de, al menos, el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual, así como el hecho de que la creación de las unidades de convivencia de 15 personas como máximo aumente la ratio hasta un trabajador por cada dos residentes.
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