El Gobierno no termina de dar con la fórmula para cambiar el modelo de atención a las personas mayores en España y que éste, además, sea sostenible económicamente. Inmerso en sus cuitas políticas, no solo no avanza, sino que además están frenando el necesario crecimiento del sector gerontológico.
La semana pasada, en la reunión extraordinaria de la Comisión Delegada del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y el director general del Imserso, Luis Alberto Barriga Martín, presentaron un nuevo borrador con nuevos criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Patronales y sindicatos, en su mayoría, lo rechazaron de plano.
Lo explica a Dependencia.info el secretario general de AESTE, Jesús Cubero: "No se trata del último borrador, sino del penúltimo. Los sindicatos y las patronales dijimos que 'no' a ese borrador de forma conjunta porque no lo entendíamos, porque meten criterios arbitrarios, no hay una justificación científica para la toma de decisiones y se presenta sin ningún estudio que lo avale. Lamenta que la negociación desde el ministerio sea un “te cambio las ratios y te cambio los tamaños de las residencias hasta que me digas que sí”.
"Hacer lo que está haciendo la Secretaría de Estado por sacarse la foto no tiene ningún sentido. Como la mayor parte de las Comunidades Autónomas dijeron que no al documento, han suspendido el Consejo Interterritorial previsto para este miércoles y lo han pasado hasta la primera semana de junio. Ahora nos han sacado un documento de tres páginas donde dice que nos ponemos de acuerdo en hacer algo y ahí no plantean absolutamente nada”. Cubero opina que este nuevo texto confirma que buscan un acuerdo solo para que la ministra se pueda hacer una foto con las patronales y los sindicatos.
Lares: imposible aceptar sin memoria económica
El borrador del pasado 6 de mayo no convence. “Sigue sin contar con una memoria económica que dificulta conocer la rapidez de implementación de todos los cambios que introduce este Acuerdo”, explica Juan Ignacio Vela, presidente del Grupo Social Lares. Además, se pone en riesgo la existencia de las plazas sociales y la propia viabilidad de los centros residenciales, al incluir unos requisitos de obligado cumplimiento que, por su propia naturaleza, no pueden alcanzar.
“El Grupo Social Lares comparte al 100% el espíritu que subyace en todo este Acuerdo, expone Vela; “sin embargo, no estamos de acuerdo en su aprobación mientras no exista un compromiso claro y real de cómo y quién asegurará la financiación de este nuevo modelo”. Este hecho es clave para que el sistema siga siendo homogéneo en todo el territorio nacional ya que ahora, este nuevo borrador, abre la puerta a que, aquellas CC.AA. que se opongan a su implantación, no estén obligadas a ello, generando diferentes sistemas en función de cada territorio.
El documento tampoco ha fijado una ratio única en el límite de plazas para toda España y, por lo tanto, no acota un número máximo de plazas. “Parece que la Administración se ha olvidado de que el Sector sigue sumido en una situación de vulnerabilidad extrema: arrastra las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, para la que no se han destinado ayudas suficientes, por una insuficiente financiación de las plazas, por la subida de la inflación, por el retraso en el pago en muchas CCAA a los centros residenciales y la ausencia de comunicación real entre el Ministerio y la entidades en lo que debería ser (y así se afirmó) un proceso participativo”, concluye Vela.
Es por ello que Lares insta al Ministerio para que “acredite” la viabilidad económica mediante la correspondiente memoria económica, así como para que establezca las bases de su
desarrollo unitario en todas las CCAA y para que establezca un canal continuo de comunicación con el Sector en beneficio de todos los implicados.
El portavoz de AESTE recordaba que han trasladado a los miembros del Ejecutivo que "esto es algo muy serio y que tenemos la oportunidad de diseñar un modelo que garantice realmente la atención de calidad a las personas mayores". Hay que recordar que en el último borrador del IMSERSO se propone que haya como límite 60 plazas en zonas rurales, 90 en ciudades medianas y 120 en centros urbanos.
Pero, "le recordamos al secretario de Estado y al director general del IMSERSO que lo primero que hay que hacer es un estudio previo de qué problemas tenemos hoy y cómo vamos a abordar el reto demográfico que se nos viene encima". "Una vez diagnosticados los problemas -insiste Cubero-, hay que hacer una ronda para proponer soluciones y una vez consensuadas, hay que cuantificar esas soluciones para ver si nos las podemos permitir, si son viables, si el modelo es sostenible".
Un freno al sector
El responsable de la patronal denuncia que así, con estas normas y esta incertidumbre, se frenan muchos proyectos para construir residencias: “El problema es que este tipo de decisiones lo que ha hecho ha sido paralizar por completo la inversión de grupos empresariales. Al final, se va a generar un problema porque no va a haber renovación de plazas residenciales, no va a haber nuevos centros con lo que al final contará con un parque residencial antiguo y escaso".
También tiene muy claro que puede afectar al ánimo para invertir en el sector el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid: "Por supuesto que sí, actualmente se ha producido un freno total a la nueva inversión. Tanto los operadores con planes de crecimiento como los inversores están a la expectativa de la evolución de la nueva normativa. Por tanto, no solo se está frenando la tan necesaria inversión, sino que además se está paralizando la generación de riqueza y la creación de miles de puestos de trabajo".
Limitar tamaños "no es serio" y es "absurdo"
En esta línea, el responsable de la FED considera que "es absurdo pretender limitar la dimensión de los centros sin tener en cuenta la capacidad de sectorización y el diseño del mismo". Recuerda que "los nuevos centros ya distribuyen las plazas en zonas autónomas e independientes una de otras, por lo tanto, se podrían configuran pequeñas residencias dentro de un mismo edificio, medida que ante situaciones como las vividas recientemente por la pandemia, ya sería óptima".
Opina que, actualmente, "tanto los requerimientos de las administraciones como los propios autorequerimientos de las empresas, son cada vez mayores, buscando la excelencia en la calidad del servicio y para todo ello tiene que haber un numero suficiente de residentes que hagan viable esta apuesta por la mejora continua".
Y desde Ceaps, su presidenta Cinta Pascual piensa que cualquier modificación del tamaño de las residencias (60, 90, 120) "no es seria". "Hay que estudiar cada modelo de centro. Ni tiene que ser correcto, porque el suelo me permite hacer un centro de 150 plazas, ni porque esté en el mundo rural hacer una residencia de 60 plazas", apunta.
Sobre los costes en función del número de camas, Pascual considera que "en una residencia de 60 plazas los costes de mantenimiento son altísimos en relación con un centro de 90 o 120". Y añade: "La puesta en marcha del centro es la misma para una infraestructura pequeña que grande. Desde Ceaps creemos que con una buena estructura de costes se puede hacer de todo. Los redactores de los informes saben lo que cuesta mantener, por ejemplo, un centro del Imserso, por no ir más lejos. Por ello pedimos, que "se pongan a ello". No lo pedimos por nosotros, que seguiremos trabajando. Haganlo por nuestros mayores".
Fernández-Cid también entiende que hay mucha diferencia de costes entre una residencia de 60 plazas y otra de 120: "Pues es una diferencia enorme. Porque los centros tienen unos gastos fijos que no se pueden escalar dependiendo del número de plazas, lo que de salir adelante esta nueva normativa, implicaría irremediablemente un aumento de precio por plaza".
Sobre si es demasiado limitativo el borrador y puede producir el efecto contrario, el protavoz de la FED lo tiene claro: "Por supuesto, de salir normativas tan limitativas, lo que va a producirse es un freno total a la nueva inversión y con el tiempo, el parque de residencias se quedará obsoleto". Por ello, hay Comunidades Autónomas que ya se han lazando a hacer "sus propias normativas", que en los casos que sean muy restrictivas, supondrá "un frenazo en seco de la inversión en esas geografías".
"No podemos olvidar que la generación “Babyboomer” va a necesitar en un futuro cercano de un incremento en el número de plazas, que obviamente con estas normativas tan restrictivas no se va a producir. Y en estos casos, ¿Quién va a atender a esos grandes dependientes?", se pregunta.
También se intentan limitar las unidades de convivencia. Cinta Pascual entiende que "más allá de la reducción de 25 a 16 plazas, que es algo a tener en cuenta, lo más importante son los ratios: van muy dirigidos hacia cómo vas a organizar los centros. Y sólo tiene que haber una forma de organizarlo: la calidad de los servicios. Nosotros lo tenemos que organizar en base a la calidad, no hay una norma que no conforma mejora para el servicio".
"Ceaps está de acuerdo en todo lo que vaya a mejorar el sector. Lo que no estamos de acuerdo es en que haya 5.530 residencias en España y que ésto les afecte a todas porque es imposible de cumplir", señala Pascual, que indica también que "puestos a soñar, con un 2% del PIB y con subvenciones a las entidades que deben adaptarse a los nuevos momentos, no discutiremos, todo con plazos se podría hacer. Ahora mismo no se puede hacer. No hay ningún tipo de apoyo a residencias privadas, ni tiene ningún tipo de apoyo, en el sentido aque las personas usuarias que atienden no pueden acceder a ninguna prestación, o concertadas, es decir que ofrecen servicios públicos".
"Desde Ceaps pensamos que el Gobierno es "inteligente" en esto, marca los criterios de acreditación y deja pendiente quién paga la situación, porque van a pagar las personas mayores", termina.
"De esta forma, seguimos planteando a los grandes partidos políticos un gran pacto de Estado, igual al del Pacto de Toledo con las pensiones donde consensuemos qué medidas son necesarias para los mayores, cómo se van a financiar y que todo esté garantizado independientemente del partido que gobierne", apunta Jesús Cubero de AESTE, que concluye: "Ante la negativas, el Gobierno intentará proponer acuerdos bilaterales que resulten beneficiosos para las CCAA para que apoyen sus medidas, pero casi todas han dicho ya que no, porque los números del Gobierno no dan respuesta, ni siquiera a la pregunta de a cuánto sale la plaza".
Los ejecutivos autonómicos opinan en gran número en que hay una clara invasión de competencias y se plantean una cuestión de inconstitucionalidad.
Si (
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