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LAS PATRONALES VALORAN LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES

Cantabria, la primera comunidad que garantiza por ley un precio de concierto en Dependencia conforme al incremento salarial

Una persona mayor en una residencia.
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Una persona mayor en una residencia. (Foto: TVE)
Por Dependencia.info
jueves 03 de marzo de 2022, 03:31h

Hay que felicitarse porque Cantabria ha sido la primera comunidad autónoma de España que garantiza por ley que los precios concertados en el sector de la Dependencia y Discapacidad se actualizarán conforme a los incrementos salariales que provengan de la negociación colectiva sectorial.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, explicaba esta semana que la medida quiere beneficiar a más de 6.000 personas que trabajan en el sector en la región con una mejora de sus condiciones laborales. Se busca del mismo modo avanzar en la profesionalización del empleo en el ámbito de los cuidados.

Para que esto sea posible se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Cantabria la modificación de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.

Para la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), los cinco grupos del Parlamento de Cantabria (PRC, PP, PSOE, CS y VOX) han dado un verdadero ejemplo de responsabilidad política, social y económica, ya que se garantiza que las empresas puedan aplicar las mejoras retributivas a los empleados sin que por ello vean en riesgo su sostenibilidad.

El secretario general de AESTE, Jesús Cubero, satisfecho: “Se ha marcado un importante hito en los servicios sociales de España, ya que la medida permite que se garanticen las mejoras salariales a todas las trabajadoras del sector. A su vez, estas mejoras permitirán contar con un mayor número de profesionales y por tanto una mejor atención a las personas en situación de dependencia y con discapacidad de Cantabria".

Cubero añadió que esta importante medida "permitirá la continuidad de las empresas que generan 6.000 puestos de empleo directo en Cantabria". El responsable de la patronal expresó un deseo: “Esta medida supone la línea a seguir por todas las comunidades autónomas de nuestro país, y vamos a solicitar que todos los parlamentos regionales aprueben una proposición de ley garantizando las mismas condiciones que las aprobadas en Cantabria. Esta sí es la verdadera forma de garantizar los cuidados a los mayores, de hacer políticas sociales y de hacer tierruca”.

Incrementar la nómina un 6,5%

En la misma línea, las patronales FED Cantabria y Lares Cantabria también han valorado de forma muy positiva la modificación de la Ley de Servicios Sociales porque uno de los acuerdos relevantes de las primeras juntas en este año 2022 fue la propuesta a todos los asociados de incrementar la nómina de sus trabajadores en un 6,5% que fue el dato del IPC publicado el 14 de enero.

Dicha recomendación se realizó, y en la mayor parte de los centros asociados así se ha realizado, a pesar de que la mesa de negociación del convenio a nivel nacional en la que está tanto patronal como sindicatos, aún no acordado cuál será la subida a aplicar a sus trabajadores ya que el convenio establece el incremento del IPC en función de que el PIB supere el 2%, y el dato del PIB aún no ha sido oficialmente publicado.

En cualquier caso, las dos asociaciones consideran que el trabajo realizado por sus profesionales es un trabajo que ha sido siempre, pero especialmente a lo largo de los dos últimos años, un trabajo que supone un enorme esfuerzo, dedicación y el gran nivel de profesionalidad para sus profesionales algo que ambas asociaciones han reconocido siempre y quieren poner públicamente de manifiesto una vez más. Esta recomendación se realizó a mediados de enero por ambas agrupaciones sabiendo que este incremento no podía repercutirse en el precio por el elevado número de plazas concertadas que tienen todos los centros.

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Por ello, FED y Lares en Cantabria agradecen a la Consejera de Empleo y Políticas Sociales y a todos los grupos parlamentarios su sensibilidad en el apoyo al esfuerzo con los trabajadores del sector, permitiendo que la subida salarial no merme la capacidad de inversión de los centros de atención a la dependencia y discapacidad que representan, en otro tipo de mejoras que también beneficien a nuestros trabajadores facilitando su trabajo y reforzando la calidad en la atención a las personas usuarias de los centros.

Retener talento

En este sentido, la consejera Ana Belén Álvarez ha incidido en que reconocer salarialmente el trabajo que realizan de las trabajadoras del sector es “indispensable” para “retener el talento y dotar de estabilidad a las relaciones laborales”. Tiene claro que esto redundará “en una atención cada vez de mayor calidad y centrada en las personas”.

Álvarez quiso subrayar que con esta iniciativa, acordada con el sector y los agentes sociales, la consejera ha señalado que “Cantabria vuelve a situarse a la vanguardia de España en la profesionalización del sector”. Y apunto que “la Consejería de Políticas Sociales no será un obstáculo en la negociación colectiva sectorial, ni en el cumplimiento del convenio colectivo como consecuencia del precio público”.

La consejera explicaba que la medida aporta a las empresas prestadoras de los servicios “una garantía” para que afronten la mejora salarial establecida en el actual convenio y que, al mismo tiempo, “deja la puerta abierta a futuras mejoras” porque, recordó que la carencia de profesionales se ha puesto de manifiesto con mayor intensidad con motivo de la pandemia y eso es debido a que las condiciones laborales no son atractivas, fundamentalmente, porque los salarios son bajos y la carga de trabajo elevada.

“Si estas dos premisas no varían, el resultado tampoco lo hará”. “Hoy introducimos un cambio en esa ecuación para que el resultado sea otro”, afirmó la portavoz del Gobierno cántabro.

La modificación legal

El objetivo de la modificación legislativa es garantizar por Ley que la subida salarial acordada en negociación colectiva sectorial tenga que repercutirse en el precio de las plazas concertadas, en la ‘tarifa’ que abona la Administración pública –en el caso concreto de Cantabria, el ICASS- a la empresa prestadora del servicio, de forma que los precios públicos de concertación no sean un freno a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia y la discapacidad.

Para ello, se ha modificado la Ley 2/2007, de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, para introducir una modificación en la disposición adicional quinta de la Ley. “Esta medida se sustancia con apenas la introducción de un párrafo; un único párrafo, sí, pero con una gran repercusión”.

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