La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte) apuesta por buscar una postura común de Comunidad a la hora de defender un nuevo modelo de atención residencial y por hacer valer que Castilla y León fue la Comunidad pionera en el país, hace ya una década, en adoptar el modelo a la atención centrada en la persona; el mismo modelo que ahora se persigue en el resto del país.
“Castilla y León tiene mucha experiencia que aportar en este cambio de modelo”, sostuvo el presidente de Acalerte, Diego Juez, y así lo manifestó el pasado jueves en la reunión que mantuvo con el secretario general de la Consejería de Familia, Jesús Fuertes, y al Gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, ambos en funciones.
Durante el encuentro, el presidente de la patronal castellano y leonesa les trasladó el estado de las negociaciones en el marco del Diálogo Social del acuerdo sobre Criterios comunes de Acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, que se está negociando a nivel nacional. Y defendió que el nuevo modelo residencial debe estar basado en la “dignificación del colectivo de profesionales” que lleve parejo un incremento salarial. Eso sí, siempre y cuando, puntualizó Juez, esté “sustentado en una financiación justa, adecuada y finalista”.
“Cualquier modelo, sea estatal o autonómico, debe ir acompañado de una financiación que reúna esas tres características”, sostuvo, en referencia al acuerdo nacional sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia que se está negociando y a la futura Ley de Residencias de Castilla y León, que está pendiente de su tramitación parlamentaria en la Comunidad.
Para Juez, resultaría “inviable” aplicar cualquier cambio en el modelo residencial si no viene respaldado por una inyección económica que garantice su financiación. Y es que, a su juicio, si no se resuelve antes el problema de “infrafinanciación del sistema público en España” cualquier debate, propuesta o medida resultará “estéril”, simplemente porque “no se podrá aplicar bajo ningún punto de vista”.
La solución pasa, a ojos de Juez, porque se llegue al 2% del PIB para Dependencia y porque se incremente el precio de la plaza concertada entre los 2.030 euros -a razón de 67,6 euros- y los 2.700 euros al mes -90 euros-. Se trata de unas cifras aún muy alejadas de los 52,57 euros al día de media que se abona en Castilla y León, tal y como recordó el presidente de Acalerte, partidario de que antes de establecer unos requisitos de cómo deben ser las residencias del futuro se pregunte a las personas usuarias cuáles son sus deseos y necesidades.
Hay que recordar que la Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia que agrupa a 250 empresas del sector de la atención de personas mayores tanto residencial como de centro de día, multiservicios, teleasistencia, y atención a la Dependencia de la región. En la región hay 45.000 personas mayores en residencias (34.464 plazas) y centros de día. De las que más de 20.000 se encuentran integradas en Acalerte. Estas son las residencias de tercera edad de Castilla y León que comparten su acta de inspección.
El objetivo de la Federación es el de dotar de las mejores herramientas a sus centros para conseguir que éstos sigan siendo, en términos absolutos, la mejor opción de calidad en una ecuación entre la renta disponible, medios humanos y técnicos habilitados por los centros.
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