Castilla y León estuvo presente en la II Cumbre del Baby Boom que se celebró recientemente en Barcelona con la presentación de un completo informe sobre las “diferencias abismales” que existen en España en la percepción de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PEVs), y que concluyó en la necesidad de que estas ayudas se abonen con arreglo a los ingresos reales de las personas y que no exista una única PEV, sino adaptada a las necesidades de cada usuario.
“Es necesario que se corrijan esas disparidades”, sostuvo el presidente de Acalerte, Diego Juez, durante la jornada, ya que “no es justo que una persona perciba una cuantía muy superior a otra en función de dónde resida”. Para Juez, apostar por esta ayuda que abre la puerta a elegir el servicio que mejor se adapte a las necesidades de las personas permitiría, además, recortar las abultadas listas de espera que se producen en el país.
Tal y como puso de manifiesto durante la jornada el presidente de Acalerte, esas diferencias llegan a alcanzar los 653 euros mensuales en el caso de una persona con grado I de Dependencia, los 784 euros para el grado II y los 1.094 euros para los casos de Grado III. En los extremos se sitúan Cantabria -la Comunidad que menos cuantía destina a las PEVs- y Navarra -la autonomía que más aporta-.
Frente a los 153 euros al mes (Grado I), los 268,79 euros (Grado II) y los 387,64 euros (Grado III) que recibe un cántabro en situación de Dependencia como ayuda para adquirir un servicio de atención, se sitúan los 806,58 euros, los 1.053,43 euros y los 1.482,37 euros que recibe una persona en la Comunidad de Navarra para el mismo fin en función de cuál sea su grado de Dependencia.
Tras Navarra se sitúa Castilla-La Mancha. El Gobierno de esta Comunidad bonifica la prestación vinculada al servicio con 500 euros al mes para personas con Grado I, 800 euros mensuales para personas con Grado II y 1.400 euros para personas con Grado III de dependencia.
Castilla y León se posiciona como la tercera Comunidad de España que mejor respuesta ofrece a una persona que necesita adquirir un servicio de atención. De esta forma, la Consejería de Familia bonifica con 405 euros al mes (Grado I) 788,32 euros mensuales (Grado II) y 965,34 euros (Grado III).
Se trata de unas cifras sensiblemente superiores a las establecidas en el marco nacional. De hecho, a los dependientes de grado I y III a los que les corresponde la cuantía máxima de la prestación vinculada o de asistencia personal perciben en Castilla y León el 35% más de lo que establece el Gobierno de España que debería abonarse como mínimo (300 y 715,07 euros, respectivamente), mientras que las asignadas para el grado II son el 85% mayores que las estatales (426,12 euros).
Se salen de esa norma nacional también Aragón, la Diputación Foral de Guipúzcoa, en los grados II y III, así como la Diputación Foral de Vizcaya para las personas dependientes de grado III.
Prestación exprés para Dependencia sobrevenida
Durante la II Cumbre del Baby Boom quedó de manifiesto también que España necesita instaurar un procedimiento exprés para responder de forma urgente a todas esas personas en extrema vulnerabilidad que de un día para otro se convierten en personas dependientes. “Ellas no pueden esperar a que la maquinaria de la Dependencia eche a andar. Necesitan una respuesta urgente”, concluyó Juez.
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