En nuestro país hay 9 millones de personas mayores de 65 que viven en sus casas frente a unas 300.000 que están INSTITUCIONALIZADAS en residencias, (hay más plazas, pero unas 50.000 están vacías). Por cierto, la gran mayoría son personas dependientes en grados II y III, y están en una residencia porque ellas y/o sus familias así lo han decidido. Es importante hacer este matiz, están INSTITUCIONALIZADAS porque ellas y/o sus familias, libremente, han entendido que van a estar mejor atendidas en un centro que en su casa, y eso pese al esfuerzo del Ministerio y sus plataformas comunicativas por desacreditar al sector, y a la iniciativa privada.
A la vista de los datos del IMSERSO, hay otras 600.000 personas, reconocidas como dependientes grado II y III, y otras 500.000 reconocidas como grado I que están en sus casas; es decir 1.100.000 personas dependientes están en sus casas.
Unas 100.000 acuden a un centro de día, otras 200.000 reciben un servicio “profesional” de ayuda a domicilio con una intensidad muy baja, y para el resto, 800.000 personas dependientes, cuatro alternativas:
- Soporte familiar – femenino y singular (mujer y/o hija)
- Servicio doméstico
- Economía sumergida
- El asistente personal – unos 9.000 adscritos mayoritariamente al régimen de autónomos – (Ojo al caso Echenique)
Las personas que trabajan las residencias, y en las entidades prestadoras de servicios de ayuda a domicilio, son profesionales que han acreditado una formación mínima que se va actualizando.
Tienen unos derechos laborales, y unos convenios que regulan su relación con las empresas que los contratan, mejorables seguro, pero disponen de unos derechos SUSTANCIALMENTE mejores que las cuatro alternativas mencionadas anteriormente.
Apostar por la prestación económica para que la gente siga en casa, contratando servicio doméstico en el mejor de los casos, o incentivar que profesionales del cuidado se den de alta en el régimen de autónomos para cuidar a dependientes, conlleva un ahorro de costes, una PRECARIZACIÓN de las condiciones de trabajo de los profesionales, y una merma de la calidad, se ponga como se ponga el Ministerio y sus altavoces.
Las personas en situación de dependencia necesitan cuidados permanentes o ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria.
Las necesidades y la demanda de servicios han ido evolucionando desde el soporte en tareas domésticas e instrumentales hasta la ayuda para las actividades básicas de la vida diaria, en situaciones sociosanitarias cada vez más complejas, y no todas las familias quieren y/o pueden hacerse cargo de estos cuidados.
El enfoque comunitario, si algún día se recupera, nunca podar sustituir esta creciente demanda de cuidados profesionales; cuidados profesionales que para determinados perfiles donde mejor se prestan es en una residencia; otra cosa es que la PROFESIONALIDAD E INSTITUCIONALIZACIÓN sea más caro, pero no hagamos demagogia con este tema y llamemos a las cosas por su nombre.
Aitor Pérez Artetxe es socio director de Gerokon.
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