Ha tenido bastante eco mediático la intervención de hace unas semanas en el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de Mariano Turegano García, un señor de 82 años que vive en una residencia propiedad de la Comunidad de Madrid, de gestión privada, que recientemente ha cambiado de entidad gestora.
En su intervención, Mariano leyó un texto que había sido elaborado por una de esas plataformas de familiares que, siguiendo el manual de estilo, se erigen como representantes de las familias y portavoces de las personas dependientes del centro. Como hacen habitualmente, partiendo de denuncias sobre supuestas desatenciones, el discurso se centra en la reivindicación contra la privatización de los cuidados, como si alguna vez hubieran sido públicos, y por la mejora de las condiciones laborales del personal que trabaja en los centros.
En este caso, la entidad gestora acaba de tomar “posesión” del centro, y aunque no pongo en duda las legítimas reclamaciones realizadas por Mariano, en vez de acudir a los medios de comunicación, hubiera estado bien dar un periodo de gracia a los nuevos gestores.
Además, hay que recordar que, en todos los centros, y Madrid no es una excepción, existen hojas de reclamaciones para que las personas dependientes y/o sus familias puedan formular cualquier queja que consideren oportuna. Los centros tienen la obligación de contestar a todas estas reclamaciones, y han de dejar constancia de todo ello a disposición de los servicios de inspección que periódicamente acuden a todos los centros. También se puede acudir directamente a estos servicios a formular una queja, que las comunidades tienen obligación de atender.
El manual de estilo de estas plataformas suele incluir también una crítica a los servicios de inspección, a cuyo personal se “acusa” de prevaricación, sin decirlo, por hacer la vista gorda a los problemas denunciados. Estaría bien que algún día estos profesionales salieran a defenderse.
En el País Vasco, estas asociaciones han nacido de la mano de algunos sindicatos, en otras comunidades como Madrid, y en este caso también lo parece, los promotores son partidos políticos que desde la oposición buscan “carnaza” para el debate político.
Al margen del problema de financiación, frente a estos ataques, y para evitar la utilización político-sindical de la atención a la dependencia, sólo hay dos vías que los centros privados y las administraciones publicas deben de abordar cuanto antes.
La transparencia y la publicación de la opinión de las personas mayores dependientes que viven en los centros y sus familias que periódicamente son preguntados al respecto, y cuya satisfacción es generalizada.
No hacerlo seguirá provocando ataques indiscriminados y hace daño a todo el sector; administraciones y gestores, y no nos engañemos, también a todo el personal que trabaja en los centros.
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