¿Alguien se da por aludido?

Una de las consecuencias que ha tenido la pandemia dentro del ámbito de la atención a personas mayores dependientes es que la conversación sobre el “cambio de modelo” ha tomado velocidad.

Antes de la pandemia, las condiciones laborales, la necesaria coordinación sociosanitaria, el precio de los conciertos o el camino hacia la Atención Centrada en la Persona (ACP) con sus cuestiones relacionadas como el uso de sujeciones, eran temas de los que se hablaba, aunque era una conversación que difícilmente llegaba a los oídos de quienes toman decisiones.

La pandemia ha hecho que surjan voces que ya hablaban antes pero ahora lo hacen con más resolución. El Defensor del Pueblo hizo hace unos meses un informe y lanzó sus propuestas sobre el futuro modelo con “entornos pequeños y domésticos” una subida de las ratios de personal, mejora de las condiciones laborales y un incremento de inspecciones. Todo ello en un entorno que tendiese más hacia “lo público”, ya que, en su opinión, no basada en la evidencia sino más bien en su sesgo ideológico, el fracaso que se ha producido “no está solamente en las insuficiencias que se puedan atribuir a los propietarios, empresarios privados o concesionarios de los servicios, sino igualmente en la deriva que desde el establecimiento del actual sistema han incurrido las administraciones competentes, permitiendo un fenómeno generalizado de privatización”(pág. 7 y 8 del informe).

El Defensor del Pueblo, que no parece saber que no ha habido una proporción superior de fallecimientos en residencias privadas que en las públicas, pide más inspecciones dando a entender que lo que ha sucedido en residencias se debe en parte a que éstas (privadas, supongo) no fueron lo suficientemente inspeccionadas.

Amnistía Internacional también ha publicado durante la pandemia su opinión y sus propuestas para evitar errores de cara el futuro, y uno de ellos es el de incrementar las ratios y las inspecciones por parte de la administración y la Fiscalía.

Los últimos que han aportado han sido los profesionales de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con un documento que contiene 10 ideas y 30 propuestas que pueden resumirse en un decálogo, lectura indispensable. En su propuesta, más centrada en la mejora de la calidad de vida de los residentes que las anteriores, se menciona a la inspección sólo dos veces:

“Para que este plan de actividades sea posible, las administraciones públicas y especialmente sus servicios de inspección, deben contemplar esta planificación de actividades personalizadas de vida cotidiana y de ocio y tiempo libre como evidencias de que se cumple la normativa en esta materia, y no exigir de manera exclusiva la planificación de actividades formalizadas y colectivas. Sin este cambio de mentalidad y de praxis, la atención centrada en la persona no es posible en este aspecto tan relevante”. (página 13)

“…ante la escasez de profesionales y la presión de los servicios de inspección, los centros contratan a los propios profesionales del sistema sanitario público de forma privada, para que presten sus servicios en los centros.” (página 14)

Que esta asociación, que agrupa a directores y directoras de centros públicos y privados, centre sus propuestas en la mejora del servicio y no tanto en la fiscalización puede estar diciéndonos que se puede cambiar el modelo desde la confianza.

Podría seguir poniendo ejemplos de organizaciones que están aportando ideas y haciendo propuestas, aunque prefiero parar y preguntarme, ¿a quién van dirigidas estas propuestas? Y un poco más allá, el presunto receptor de las mismas ¿se da por aludido?

De momento no estamos viendo cambios sustanciales producidos por la pandemia o por el clamor para que cambie el modelo asistencial en residencias. Las últimas normativas aprobadas: Cantabria y Navarra, se diseñaron antes de la pandemia, aunque hayan entrado en vigor durante la misma.

Sé que en Guipúzcoa están trabajando a fondo un nuevo modelo que espero nos expliquen pronto, pero fuera de lugares muy concreto no sé si nadie se está sintiendo interpelado por el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional o la Asociación de Directoras.

Quizás va siendo hora de que las administraciones, sobre todo las más altas cúpulas, saquen la cabeza de debajo del suelo y nos digan si piensan hacer algo y si son conscientes que, sea lo que sea, ese algo supondrá priorizar el gasto en dependencia y asumir que el servicio que queremos para los más mayores y dependientes de nuestra sociedad va a acabar costando más de lo que costaba antes de la pandemia.