dependencia.info

Sensación agridulce con el dictamen de la comisión de estudio de centros de mayores de Aragón

Una persona mayor dependiente.
Ampliar
Una persona mayor dependiente. (Foto: Pixabay)
Por Dependencia.info
martes 11 de mayo de 2021, 13:14h
Paquita Morata, gerente de ARADE
Ampliar
Paquita Morata, gerente de ARADE (Foto: ARADE)

El Boletín Oficial de las Cortes de Aragón ha publicado el Dictamen de la Comisión Especial de Estudio para analizar los criterios que deben regir la reestructuración de la red de centros asistenciales de mayores de la región, así como las medidas y modificaciones legislativas y el estudio de viabilidad de las mismas.

La gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE), Paquita Morata, que estuvo hace unos meses en dicha comisión y tuvo la oportunidad de transmitir a los diputados de Las Cortes de Aragón "el desamparo al que se había tenido que enfrentar todo un Sector, brote tras brote de la actual pandemia", explicaba la "sensación agridulce" que le deja su lectura.

Por una parte por fin se reconoce: "El impacto de la pandemia en las residencias de personas mayores en Aragón no dista de lo ocurrido en el resto de Europa y en las demás Comunidades Autónomas de nuestro país, en el cómputo global. Los centros residenciales se han enfrentado a una situación inédita para la que no habían sido pensados. Son espacios para la convivencia, no para el aislamiento. No estaban, en ningún caso, preparados para abordar situaciones infectocontagiosas. Son centros asistenciales, no son centros sanitarios”.

Sin embargo, por otra parte, añade Morata, "cuando lees este informe subyace una idea que parece que se ha puesto de moda a raíz de la pandemia y que escucho cada vez más en el discurso político: la persona mayor debe permanecer en su hogar el mayor tiempo posible". "Esta sabia conclusión no sería preocupante si no fuera porque se deduce como contraposición a la necesidad de vivir en una residencia", matiza.

"¿Quizás las seguimos culpabilizando de algo?", se pregunta, para añadir: "Por supuesto las personas se institucionalizan con un elevado grado de dependencia, cuando no pueden permanecer en su hogar, pero esto es así desde hace años, no se nos está descubriendo nada nuevo. Distinto es que el Sistema encorsetado en el que hemos tenido que trabajar nos impidiera crear plataformas de servicios que se adaptaran a las necesidades de nuestros usuarios".

La gerente de ARADE reconoce que ha echado a faltar "un poco de frescura, de ideas nuevas", ya que la mayoría de lo expuesto llevan años solicitándolo como sector. “Una atención personalizada, con un plan individualizado de cuidados, que tenga en cuenta las historias de vida, donde la persona pueda continuar su proyecto vital”. "¿Cuál es el principal inconveniente?, que las residencias son inspeccionadas como si fueran hospitales, donde lo importante es lo ordenada que está la habitación y lo bien hecha que está la cama, donde no debe existir ningún objeto fuera de lugar, ni ningún usuario que no cumpla con los horarios establecidos. He ironizado en varias ocasiones sobre este tema", apunta Morata.

"Lo cierto -continua- es que si queremos seguir avanzando en esa línea deberemos permitir que nuestras residencias se parezcan más a un hogar que a un hospital y no podemos hacerlo con la actual legislación y un sistema de inspección que debe también evolucionar".

Para Paquita Morata también se ha tratado otro de los temas para nosotros cruciales “La atención sanitaria en las residencias no debe ser diferente a la atención sanitaria que recibe una persona mayor o con discapacidad que vive en su domicilio”. Señala que llevan "años reclamándolo y la pandemia ha puesto la primera piedra en esa coordinación, pero queda tanto por avanzar". Destaca que consiguieron un equipo de médicos y enfermeras que se desplazaban a las residencias en una zona de Salud de Zaragoza, el equipo EDORE (Equipo de atención Domiciliaria en Residencias), que "ha sido magnífico contar con ellos", pero en cuanto han mejorado las cifras de contagios en residencias, Sanidad ha decidido disolverlo.

"Nosotros en nuestra ignorancia pensábamos que se haría extensivo al resto de las zonas de salud para que los usuarios de las residencias contaran con ese derecho a la Sanidad pública gratuita, pero de nuevo una cosa es el discurso y otra diferente es la realidad", se lamenta la portavoz de la patronal.

Pero si en algo está de acuerdo con este informe, subraya, es en “La importancia y la urgencia de transformar el sistema de cuidados requiere de tiempo. Supone un profundo cambio cultural que debe ser resultado de un amplio debate con los actores implicados en este sector, los agentes sociales y económicos, el tercer sector y las personas mayores”. "Todos debemos tener muy claro que los cambios deben llevarse a cabo con tiempo y de manera consensuada. Este Sector ya ha sufrido suficiente en este último año y necesita de un apoyo real de la Administración", argumenta.

En el Sector todos estamos de acuerdo en que se” requiere también de una adecuación de la normativa y de la financiación para garantizar los recursos necesarios para una atención de mayor calidad”. Apunta que hasta que no se disponga de una financiación estable y cierta que no se base en la provisionalidad de unas plazas concertadas que pueden ser posibles, pero que ni están aseguradas ni pagadas a un precio justo, no se podrán hacer cambios de calado.

"Mientras tanto nuestros centros seguirán pasándolo mal, en un mar de exigencias, sin ningún tipo de ayuda y con la incertidumbre de lo que les deparará un futuro incierto. Todas las entidades que dan servicio a las personas mayores: teleasistencia, SAD, centros de día y residencias han pasado el peor año de sus vidas porque han cuidado de los más vulnerables. A la crisis sanitaria se ha sumado la crisis económica, la esperanza que nos ha traído la vacuna confiamos en que no se nos rompa de nuevo teniendo que hacer frente a exigencias inasumibles. El papel todo lo aguanta, pero la realidad es la que es tras los % hay personas de carne y hueso en una eterna lista de espera, con sus bajas pensiones, con su falta de servicio".

Morata concluye: "Tras años solicitando cambios parece que algo cambiará, queremos hacer una reflexión en positivo, por fin la Sociedad se acuerda de las personas mayores, por fin nuestro Sector existe, quizás salgo algo bueno de todo este dolor. Nos quedaremos con el interés que subyace en este Informe por querer hacer las cosas bien, por cuidar a nuestros mayores. Ahora nos queda por saber de qué manera se llevará a la práctica".

Conclusiones que concretan en el documento para avanzar en la mejora:

- En los últimos años, el envejecimiento de la población constituye uno de los fenómenos sociales de mayor impacto del siglo XXI, propio de las sociedades desarrolladas como consecuencia del aumento de la longevidad. Un fenómeno demográfico que, en nuestro país, se ve favorecido por la calidad de nuestra sanidad pública y el desarrollo de las políticas sociales, entre ellas, la política de dependencia, que contribuyen significativamente al aumento de la esperanza de vida.

De forma paralela a este aumento de la esperanza de vida se produce un incremento de las necesidades de las personas mayores que presenta retos cada vez más complejos, en aras a dar respuesta a la diversidad de las mismas.

- Hablar de un nuevo modelo nos obliga a trazar una respuesta integrada a todo tipo de necesidades, mediante un abanico de medidas que permitan la satisfacción de la atención que cada persona necesita en cada una de las fases de su vida, con el objetivo de mantener el máximo de autonomía a la vez que los cuidados que precisa. Partimos de un principio general que tiene argumentos tanto de calidad de vida como económicos, que es el de retrasar la institucionalización de las personas mayores, garantizando los recursos adecuados y suficientes para cumplir este objetivo.

Porque, aunque cada vez son más las personas que viven solas con plena autonomía e independencia, vivir en soledad con edades avanzadas, sin redes familiares o sociales, con deterioro del organismo y enfermedades y bajos ingresos, tiene consecuencias negativas para la salud y el bienestar y puede conducir a situaciones de aislamiento social.

- La respuesta a las necesidades de los mayores requiere de una coordinación que conjugue diferentes políticas públicas, en especial las de vivienda, salud y protección social. En muchas ocasiones, los problemas para la permanencia en el hogar están relacionados con las dificultades de acceso y confort en la vivienda. Esta realidad hace precisa una política de vivienda planteada para el reto demográfico que tenemos.

De forma paralela, las estrategias desarrolladas desde el Departamento de Sanidad deben ir encaminadas a reforzar su carácter comunitario, los servicios de rehabilitación y la atención domiciliaria de calidad. Estas políticas de refuerzo de la autonomía personal deben acompañarse de políticas de garantía de ingresos y coordinarse con las políticas sociales y los recursos de la dependencia.

Esta situación plantea importantes retos para las actuales políticas públicas en general, y en particular para los servicios sociales, que tienen que ver con la pérdida de autonomía, la aparición de la soledad no deseada y el aumento de las situaciones de dependencia, teniendo presente que las necesidades de las personas mayores son diferentes.

Resulta, por lo tanto, fundamental la complementariedad con otros sistemas, como la sanidad, para garantizar una atención sanitaria en el domicilio de calidad, o vivienda y urbanismo para favorecer la accesibilidad necesaria en los domicilios. También la innovación se convierte en un aliado imprescindible para que los mayores disfruten de mayor calidad de vida.

- La mayor parte de los estudios y encuestas reflejan que las personas mayores prefieren permanecer en su domicilio y ser atendidas allí el mayor tiempo posible cuando requieren de cuidados. Esta realidad nos obliga a reflexionar sobre qué servicios ofrecemos a las personas que no están en residencias para garantizar una continuidad asistencial que responda a sus necesidades.

En este contexto, el reto de los Servicios Sociales pasa:

En primer lugar, por favorecer la permanencia en sus hogares de las personas que se enfrentan a una situación de dependencia por su edad o por sus circunstancias, a través de una atención integral en sus domicilios, si este es su deseo. Este objetivo requiere el refuerzo de las prestaciones y servicios del catálogo de la Ley de dependencia, como la ayuda a domicilio, los cuidados en el entorno o la figura del asistente personal. Por tanto, además de recuperar los recortes que se realizaron en 2012, se necesitaría la modificación del catálogo de prestaciones de la dependencia y mejorar su flexibilidad en el marco de una implantación completa del sistema, situación que todavía no se produce nítidamente en ninguna Comunidad Autónoma.

Se debe avanzar en una mayor compatibilidad de las prestaciones de dependencia; mejorar el seguimiento a las personas que están percibiendo la prestación de apoyos en el entorno familiar; revisar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a fin de hacerlo más versátil, permitiendo la inclusión de otros perfiles y atenciones, como la rehabilitación, que favorezcan el empoderamiento. Se observa también la necesidad de favorecer la complementariedad entre los diversos servicios, como las estancias de respiro, ayudas técnicas, servicios de rehabilitación, centros de día y de noche, servicios de promoción de la autonomía personal y la teleasistencia avanzada, así como avanzar servicios de apoyo a las personas cuidadoras o el aumento de plazas de centros de convalecencia con rehabilitación. Un compromiso dirigido a promover el envejecimiento activo, la calidad de vida y el buen trato.

Las residencias deben ser una prestación más en un itinerario de recursos sociales, en una cadena de cuidados para las personas dependientes, con el objetivo prioritario de mantener la máxima autonomía recibiendo los cuidados que necesitan, favoreciendo la permanencia de los mayores en su domicilio habitual el mayor tiempo posible, si esta es su voluntad.

La atención residencial ha evolucionado mucho en los últimos treinta años, si bien la pandemia ha puesto de manifiesto que, más allá de revisar las condiciones laborales de las plantillas y de las ratios que afectan de forma directa en la calidad asistencial, hay que revisar también el modelo de atención. Hay que avanzar en la transición de un modelo de atención institucional paternalista a un modelo de derechos individuales, con un cambio de lógica que refuerce la apuesta por la autonomía personal frente a la dependencia.

El futuro del modelo de cuidados en las residencias pasa por la atención centrada en la persona. Algunas entidades y Administraciones, como el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ya están implantando este modelo de atención.

Una atención personalizada, con un plan individualizado de cuidados, que tenga en cuenta las historias de vida, donde la persona pueda continuar su proyecto vital. Que cuente con un profesional de referencia que conozca a los usuarios y a las familias. Un modelo que fomente la autodeterminación, la capacidad de elección, el respeto a la intimidad y la participación de las personas usuarias. Que incorpore estrategias contra la soledad. Un modelo que impulse la creación de una comunidad de cuidados y que se centre en la calidad de vida y no en la calidad de procesos a la hora de diseñar y poner en práctica los planes y los programas individualizados.

Debemos continuar con la implementación de programas de buen trato que permitan identificar y superar situaciones, en ocasiones normalizadas, como la infantilización, el uso de contenciones, la falta de intimidad u otras que puedan detectarse.

Los centros deben parecerse más a los domicilios. Infraestructuras con una dimensión flexible en su gestión, integrando unidades de convivencia más reducidas que posibiliten la apropiación del espacio, que permitan arquitectónicamente su sectorización, con una ubicación próxima al casco urbano, con zonas verdes, abiertas a la comunidad, pudiendo incluso tener otros usos. Se ha demostrado que la utilización intergeneracional de esos equipamientos resulta muy positiva.

Avanzar en la construcción de dispositivos intermedios entre el hogar y la residencia convencional, como apartamentos tutelados, viviendas comunitarias u otras opciones de vivienda asistida o con cuidados, ya ampliamente desarrolladas en otros países, se convierte en otro objetivo prioritario. Potenciar los centros integrados desde los que se ofrezcan apoyos a personas mayores en situaciones de fragilidad o dependencia leve que quieran permanecer en su casa. Labor que requiere de planificación para su implantación en todo el territorio.

A estos dispositivos hay que sumar diferentes fórmulas de alternativas de vivienda (vivienda colaborativa, cohousing, etc.) para personas mayores autónomas, que pueden compartir servicios ofrecidos por centros asistenciales próximos, sean o no sean dependientes, y con independencia, en este último caso, de su grado reconocido de dependencia.

Esta apuesta por las viviendas comunitarias ha de tener su reflejo en los planes urbanísticos y en otras políticas públicas.

Es importante tener presente en la planificación las diferentes realidades entre el medio rural y urbano, sin perder de vista que el objetivo debe ser el de posibilitar que la persona se quede en su entorno y no sea desarraigada del mismo.

El papel de la tecnología será clave en el futuro de la atención a nuestros mayores y en el desarrollo de nuevos modelos de cuidados que fomenten un envejecimiento activo y mejoren la calidad de vida de las personas mayores, sus habilidades para la comunicación y su integración social. Herramientas como la teleasistencia avanzada, la domótica o la telemedicina deben contribuir también a brindar mayor seguridad e independencia ante situaciones de soledad no deseada y facilitar la labor de los profesionales.

Tras la pandemia, los centros residenciales deben seguir siendo un dispositivo de carácter social, en al ámbito de los servicios sociales. Debemos evitar el riesgo de medicalizar estos centros o de condicionar las relaciones personales con la excusa de hacer centros seguros. Las medidas tomadas con carácter excepcional no deberían constituirse en la nueva normalidad.

No obstante, es fundamental incorporar algunos aprendizajes tras la emergencia sanitaria, como la necesidad de que los centros se doten de planes de contingencia, disponer de una reserva estratégica de material, revisar las ratios de atención, mejorar las condiciones laborales y la formación que permita garantizar la disponibilidad de trabajadores con cualificación, contando para ello con el Departamento de Educación, y mejorar la coordinación con Sanidad.

Resulta prioritario clarificar el modelo de atención sanitaria. La coordinación de los sistemas sanitario y social es fundamental para asegurar una atención de calidad en estos centros y garantizar que las personas residentes conservan y conjugan sus derechos al cuidado sanitario con los derivados de su situación de dependencia.

La atención sanitaria en las residencias no debe ser diferente a la atención sanitaria que recibe una persona mayor o con discapacidad que vive en su domicilio. Deberán ser parte de la población asignada a la zona básica de salud que les corresponda y, en consecuencia, deberán tener asignado un médico de familia y una enfermera de referencia.

Además de la coordinación con el sistema sanitario, es necesaria una coordinación del sistema público de Servicios Sociales, las entidades locales y las entidades sociales, en especial con el Consejo Aragonés de Personas Mayores de Aragón.

La importancia y la urgencia de transformar el sistema de cuidados requiere de tiempo. Supone un profundo cambio cultural que debe ser resultado de un amplio debate con los actores implicados en este sector, los agentes sociales y económicos, el tercer sector y las personas mayores. Requiere también de una adecuación de la normativa y de la financiación para garantizar los recursos necesarios para una atención de mayor calidad.

Debe ser prioritario solicitar una evaluación del sistema de atención a la dependencia, quizá la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) u otro organismo del más alto nivel pudieran llevar a cabo este análisis, no siendo menos importante la ejecución de las recomendaciones de dicho análisis.

Valora esta noticia
4
(1 votos)
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios