El gobierno sólo sabe que no sabe nada (de dependencia)

Cuando hace unos años escribí el libro “Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia” tenía claro que lo mejor de esa Ley había sido que la cuestión de la atención a personas dependientes se había puesto finalmente sobre la mesa y se había gastado más dinero de lo que se venía gastando, lo que se tradujo en dar atención a más personas. Lo malo, el engaño, era que se nos había dicho que se trataba de una ley para crear un nuevo derecho de ciudadanía para todos que funcionaría de forma parecida en toda España. La idea era que no podía ser que los derechos de una persona mayor dependiente fueran tan diferentes según ésta viviese en Mérida o en Vitoria.

Para que el “cuarto pilar del Estado de Bienestar” pudiese aguantar su peso nos dijeron que íbamos a tener un nuevo derecho que comportaría que todos los dependientes recibirían prestaciones con independencia de dónde residiesen en España y de su capacidad económica. Eso sí, tendrían que colaborar con el coste de los servicios que recibiesen de acuerdo con su capacidad económica.

Para poder tener un verdadero derecho común era necesario que la dependencia se valorase de forma básicamente igual en toda España; que también fuese parecido el procedimiento y los plazos; el tipo de prestaciones que se acabase recibiendo y el copago que debería afrontarse.

Otro requisito importante para que el derecho se considerase común era que existiesen los mismos o muy parecidos criterios de acreditación y de valoración de la calidad de los servicios. Resulta difícil creer que dos ciudadanos tienen el mismo derecho a ser atendidos si en una comunidad se entiende que una residencia es una cosa (habitaciones triples y una ratio de personal del 0,25) y en otra se entiende que es otra totalmente diferente (sólo habitaciones individuales, ratio del 0,5 y enfermera 24 horas).

Cuando digo que la Ley de Dependencia ha fracasado me refiero a que, a pesar de que se ha ampliado la atención y existir en apariencia criterios comunes, lo cierto es que hoy se valora de forma diferente según la comunidad autónoma, se reconocen distintas prestaciones en casos similares, se copaga de forma dispar y encima, el concepto mismo de lo que es una residencia, un centro de día o lo que hace el servicio de ayuda a domicilio varía tanto que en algunos casos cuesta imaginar que existe una Ley común a todas las comunidades.

Hace tres años intenté describir esta situación de una forma que pretendía ser graciosa en una tribuna titulada “Cómo la Ley de Dependencia pasó de el Señor de los Anillos a Juego de Tronos”.

Todo esto me ha venido a la cabeza releyendo el documento Plan de Choque en Dependencia. Un plan que incrementará la financiación del sistema y que ha sido recibido de forma diferente por parte de los directores de residencias y la patronal más representativa del sector.

Lo que me ha llamado poderosamente la atención del plan es que una de las primeras cosas que se plantea es ¡Hacer una evaluación completa del SAAD! Así lo dice exactamente:

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 financiará, como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una evaluación completa del SAAD, que debe servir de marco para la toma de decisiones relacionadas con los cambios a medio plazo que necesite el sistema. Cubrirá, como mínimo, los siguientes aspectos:

• Conocer mejor la realidad del SAAD y sus diferencias territoriales, obteniendo información más detallada sobre el coste de los servicios prestados, sus intensidades y su financiación.
• Identificar las necesidades de mejora del sistema, de su gestión y de sus sistemas de información y estadísticas, y formular propuestas para la reforma de la LAPAD.
• Analizar y evaluar, en particular, el sector de centros residenciales, conociendo cuántas instituciones hay y sus características (tamaño, a qué personas apoyan, perfiles profesionales, localización, condiciones físicas, sistemas de financiación). Proponer mejoras en el sistema de la Acreditación de la Calidad de los centros sociales residenciales y de los servicios de proximidad (ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal, centros de día, etc.).
• Hacer una revisión profunda del impacto de género en las actuales políticas de cuidados.
• Realizar un análisis del copago en su formulación actual en las distintas comunidades autónomas y de su impacto.
• Analizar con exactitud las aportaciones del sistema de cuidados, y en concreto del SAAD, a magnitudes como el PIB del país; determinar los retornos directos, indirectos e inducidos del sistema al erario público; y determinar el impacto en la generación de empleo. En definitiva, cuantificar adecuadamente la inversión y el retorno que supone la mejora de esta política.

O sea, que catorce años después de su aprobación ¡el gobierno no sabe nada del sistema!

La verdad es que me parece una bonita muestra de humildad socrática. El gobierno sólo sabe que no sabe nada de dependencia, pero quiere aprender.

Yo creo que en la sede del Imserso, ese edificio que siempre da la sensación de que entras en una tumba babilónica, hay profesionales que tienen en sus ordenadores la respuesta a muchas de las preguntas que ahora se plantea el plan de choque. Quizás el gobierno debería unir a su nueva ansia de saber la humildad necesaria y preguntar a sus funcionarios si ese conocimiento ya lo tiene pero está durmiendo en algún cajón.

Decir que hay que hacer un análisis del copago en las diferentes comunidades autónomas ¡hoy! produce entre risa y tristeza.

El dilema ante el que de verdad se encuentra el gobierno de España es el de optar entre intentar cumplir la Ley creando y haciendo crecer criterios comunes en un huerto en el que han crecido diferentes tipos de planta intentando que éstas den un fruto parecido, lo que supone abonar por aquí y arrancar por allá, o sencillamente dar un manguerazo de dinero público y que cada planta siga creciendo como le parezca.

Estoy seguro de que las comunidades autónomas estarán contentas de recibir el dinero y se resistirán a cualquier intento de unificación de criterios. No es nada nuevo, lleva siendo así desde antes de que se aprobase la Ley.

Lo del manguerazo de dinero es lo que llevan haciendo los diferentes gobiernos desde 2007, lo que sería novedoso esta vez, si deciden tomar esa opción, sería que nos dijesen la verdad. Que no nos engañasen.

Josep de Martí es el director fundador de Inforesidencias.com