El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha dado luz verde este viernes al Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 que la Vicepresidencia segunda del Gobierno y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha debatido con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales desde el pasado mes de octubre.
El Plan establece como objetivos prioritarios reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) son apropiadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes.
"A lo largo de este año vamos a implementar una evaluación completa del sistema de atención a la dependencia que permitirá cuantificar con exactitud las aportaciones de toda la inversión que se realiza en el sistema de cuidados a la actividad económica, el empleo y, finalmente, a la propia recaudación fiscal... Podremos expresar los importantes retornos económicos que genera, además de su contribución al bienestar y los derechos sociales", ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
Por su parte, la patronal de residencias Aeste considera que, tras 14 años de la creación de la Ley de la Dependencia, es el momento adecuado para revisar por completo el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Comparte igualmente los objetivos fundamentales de esta profunda revisión.
En palabras de Jesús Cubero, Secretario General de AESTE: “Hemos hecho lo que tocaba ahora: sentarnos a hablar y fijar las bases de trabajo para que en el primer semestre de 2021 seamos capaces de evaluar las mejoras necesarias del sistema, y planificar las mejoras necesarias para que los servicios y prestaciones que reciben nuestros ciudadanos se adecúen a sus necesidades reales, tanto sociales como sanitarias. Este acuerdo entre empresas, trabajadores y Administraciones es un ejemplo del trabajo que debería desarrollarse en todos y cada uno de los sectores de la sociedad española. Nos hace falta más diálogo, y una clara voluntad de resolver los problemas de los ciudadanos”.
Reducción de listas de espera, revisión de la figura de ‘asistente personal’ y del Acuerdo de Acreditación y derecho al servicio de teleasistencia
Medidas como reducir de forma sustancial las listas de espera para recibir un servicio o una prestación, permitirán avanzar hacia un modelo universal de reconocimiento de derechos donde el ciudadano que afronte una situación de dependencia dispondrá de un servicio profesional adecuado a sus necesidades. Las figuras que han venido utilizándose hasta ahora para dar cobertura a situaciones transitorias irán dejando paso a estructuras más profesionalizadas, con certificados de calidad que ofrecen la garantía y atención que necesitan las personas dependientes. Por ello, en el año 2021 se revisará profundamente y se regulará en consecuencia la figura del “asistente personal”.
Asimismo, se abre un espacio de diálogo para revisar el Acuerdo de Acreditación de centros en toda España, avanzando hacia la uniformidad de derechos en lo que a atención a las personas mayores se refiere.
Otro gran avance plasmado en este plan es que a finales del año 2022 todas las personas en situación de dependencia que vivan en su domicilio tendrán garantizado el derecho al servicio de teleasistencia, como una forma de promocionar la autonomía personal de dichas personas.
Mejoras en el sector: atención centrada en las personas
Con los fondos europeos y el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se mejorará la formación de las profesionales del sector, y se pondrá a la persona mayor en el centro del modelo de atención, pivotando todo el modelo hacia la cobertura de sus necesidades, tanto sociales como sanitarias.
Para Jesús Cubero, “las mejoras en los servicios y prestaciones del sistema garantizarán sin duda una atención adecuada de las personas dependientes, pero en este sentido además debemos optar por la implantación de modelos eficientes donde los ciudadanos puedan escoger libremente los centros como parte de esa atención centrada en la persona”.
Contribución e importancia del sector
Actualmente en España el sector de atención a la dependencia supone el 0,50% del PIB, con un volumen económico del sector de 6.065 millones € (4.500 M€ -subsector de residencias-, 137 M€ -subsector de teleasistencia- y 1.428 M€ -subsector de ayuda a domicilio-). En este sector trabajan 250.000 personas, en su mayoría mujeres y con una estabilidad laboral indefinida superior al 70%. (* Datos Comisión Servicios Sociales CEOE 2018)
En el subsector de residencias, actualmente en España hay 5.640 residencias operativas con un total de 381.340 plazas. De este número de plazas, el 74,8 % (285.441 plazas) son privadas, el 8,9% (34.100 plazas) son públicas de gestión privada, y el 17,7% (61.799 plazas) son públicas. (* Datos Comisión Servicios Sociales CEOE 2018)
En los otros dos subsectores, en España hay 1.422.300 personas que reciben servicios de teleasistencia (933.600 personas) y ayuda a domicilio (488.700 personas). En el caso de teleasistencia, el 93,5% es teleasistencia pública; y en el caso de la ayuda a domicilio, la cifra de los servicios públicos asciende al 89%. (* Datos Comisión Servicios Sociales CEOE 2018)
Puede leer aquí el ACUERDO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE CHOQUE EN DEPENDENCIA EN 2021
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