En enero de 2019 escribí una tribuna sobre cómo era la atención sanitaria en las residencias centrándome en el sistema de prescripción-obtención-administración de medicamentos.
Releyendo lo que escribí entonces y viendo cómo ha afectado la pandemia a las personas mayores que viven en residencia, sobre todo en la “primera ola”, creo que valdría la pena analizar cómo eran las cosas antes para plantear mejores soluciones de cara al futuro.
Imaginemos a un observador externo que se acerca al mundo de las residencias de mayores y quiere saber cómo se prestan los servicios sanitarios y se suministran medicamentos a los residentes. Esta es la relación aparente que encontraría:
Las residencias son establecimientos sociales en los que algunas personas obtienen unos servicios sustitutivos del hogar y de apoyo en las actividades de la vida diaria. Como no son establecimientos sanitarios, la relación que tienen los residentes con la sanidad pública es equiparable a la que tienen otras personas mayores que viven en su casa, o sea, tienen asignado un médico de cabecera, reciben atención sanitaria en ambulatorios y hospitales públicos y, cuando se les extiende una receta, van a la farmacia y obtienen a cambio el medicamento correspondiente.
Si sólo te quedas en la superficie, como cuando escuchábamos la conversación, todo tiene sentido, pero cuando profundizas un poco ves que, casi todas las residencias tienen contratados médicos que pagan de lo que cobran de los residentes. Aunque la realidad adopta muchas formas diferentes, normalmente el médico de la residencia tiene un acuerdo informal con el de cabecera que permite que lo que uno (el de la residencia) prescribe, el otro (el de la sanidad pública) receta.
Esta forma de trabajo alivia a los médicos de cabecera, ya que dejan de tener que visitar y atender a un grupo importante de usuarios que, además, suelen ser de los que, cuando viven en sus casas, hacen uso intensivo de la sanidad pública. La pega es que existe un desfase entre “prescripción” y “receta” que también se salva con una solución informal pero tan efectiva como la contratación de médicos por parte de las residencias: “el avanzamiento de recetas”. Las residencias llevan a las farmacias las prescripciones realizadas por su médico; el farmacéutico “avanza” los medicamentos y, una vez que el médico de cabecera ha convertido la prescripción en receta, ésta se lleva a la farmacia que “chequea” y compensa.
Una solución perfectamente práctica y totalmente ilegal que lleva funcionando desde hace bastantes años y que ha permitido que miles de residentes mayores estén tomando actualmente su medicación.
Sí, he dicho ilegal. La ley prohíbe que un farmacéutico pueda “avanzar” medicamentos a cuenta de una receta todavía no emitida. Tiene toda lógica en circunstancias normales pero lo que sucede en las residencias no es del todo normal.
A pesar de que la Ley no define a las residencias como establecimientos sanitarios, la verdad es que la mayoría de los residentes son personas mayores que sufren más de una enfermedad, probablemente crónica, que toman varios medicamentos y que muestran fragilidad. Es precisamente esta necesidad de apoyos y de atención sanitaria, lo que hace que tengan que ingresar en una residencia geriátrica.
La realidad en España es bastante compleja, ya que en algunas comunidades autónomas se ha avanzado hacia que las recetas emitidas a residentes deban ser llevadas a farmacias hospitalarias; en otras se han creado equipos que supervisan la prescripción e, incluso, en lugares como la Comunidad Valenciana y Andalucía, los tribunales han entendido que cada comunidad no puede crear un sistema que sea totalmente diferente de las demás debiendo existir una base común que debería establecer el Estado.
Y en medio de este follón, una normativa europea que persigue erradicar los medicamentos falsificados y que acaba de entrar en vigor, puede hacer saltar por los aires ese sistema ilegal pero funcional.
En Cataluña, según ha denunciado una asociación de oficinas de farmacia, se han abierto expedientes sancionadores a algunas que sirven a residencias acusándolas de ser distribuidoras de medicamentos y de avanzarlos sin receta. Parece que no han querido creerse la mentira de que es cada uno de los residentes el que adquiere los medicamentos actuando la residencia como mero mandatario. No hemos oído que vayan a sancionar a médicos de la sanidad pública por “convertir en recetas prescripciones ajenas”, pero podría ser una derivada. Si no hay farmacias dispuestas a avanzar medicamentos habrá que cambiar todo y es posible que en el proceso muchas personas sufran.
Quizás en vez de ir por la vía sancionadora, si se quiere actuar de forma coherente se debería considerar de alguna forma a las residencias como lo que son de verdad, un lugar donde conviven personas con necesidades de apoyo personal pero que también tienen necesidades sanitarias. Viendo lo que ha pasado durante la pandemia podríamos plantear que se intensificase la actuación de la sanidad pública en las residencias con la financiación directa del personal sanitario (principalmente, médicos, enfermería y fisioterapia) que trabaja en esos centros. También el Estado debería mojarse, y establecer un sistema que sea más o menos común para el conjunto de España y permita que los residentes tengan sus medicamentos a tiempo sin tener que incumplir ley alguna.
La pandemia está poniendo de manifiesto un problema que quizás no requiera tirar todo lo que tenemos sino, sencillamente, mejorarlo.
Si (
No(