Hace unos días un cliente titular de una residencia de mayores me comentaba las enormes pérdidas acumuladas en este ejercicio derivadas de la situación del COVID-19 y las negras previsiones para el curso próximo.
Son de todos conocidos los factores que inciden en esta complicada situación económica. Por un lado, el incremento exponencial de los costes laborales que han debido de asumir los centros, principalmente por las coberturas extraordinarias de personal, tanto por la acumulación de bajas como por el necesario refuerzo de plantillas de trabajo. Pero no solo esto. Las compras de existencias, equipos de protección individual, mascarillas y geles hidroalcohólicos; limpiezas y desinfecciones extraordinarias; test privados para personal y residentes; materiales desechables o subcontrataciones de alimentación y lavandería; y un largo etcétera de recursos que ha sido preciso recabar para el tratamiento de la pandemia.
A este incremento de costes ha de sumarse la reducción drástica de ingresos, derivada por desgracia de la defunción de muchos residentes (especialmente en la primera ola) y la prohibición de nuevos ingresos que ha estado vigente en muchas CCAA (en algunas aún se mantiene con muchas reservas) así como la desconfianza de muchos hacia este recurso a pesar de las detalladas medidas de prevención que se están adoptando.
Añadamos a este cóctel las obligaciones legales que se van imponiendo a los centros para mejorar la prevención, y unas gotitas de expedientes administrativos sancionadores, que se están tramitando en alguna CCAA con especial interés, y tenemos el resultado que indicaba al comienzo: pérdidas de cientos de miles de euros, si no más.
En esta tesitura, observo con sorpresa que ninguna Administración Pública se para a pensar en que esto es sencillamente insostenible. Las asociaciones sectoriales ciertamente lo han reclamado (creo que todas ellas), pero es un tema que, diría, pasa casi desapercibido. Es como si se pensase que el sector es completamente elástico y fuese capaz de asumir sine die estas cargas extraordinarias. Y no es así. Seamos sinceros, esto es económicamente insostenible.
Las fuentes de financiación en nuestro sector son principalmente las que se derivan de los pagos de las Administraciones Públicas mediante plazas directas o concertadas, o a través del pago de prestaciones por dependencia vinculadas al servicio; y los copagos o aportaciones personales de los usuarios de los servicios tanto en centros públicos o concertados, como por supuesto en los estrictamente privados. Al margen de ello, los programas de Fundaciones o Entidades del Tercer Sector que puedan colaborar en este campo, pero en montantes ya menos significativos. El canal de las subvenciones es muy minoritario en nuestro sector, incluido el que tiene como destinatario al sector solidario o no lucrativo.
Conceptos como los ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), que antes eran conocidos solo por especialistas, han pasado hoy a la opinión pública. Llevamos varios meses escuchando hablar de ellos, y ya se habla abiertamente de ERES (Expedientes de Regulación de Empleo), es decir, expedientes para la extinción de los contratos. Durante la vigencia del primer estado de alarma, el artículo 1 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo obligaba a los centros de mayores a mantener su actividad, no pudiendo pues acudir a expedientes de suspensión o reducción de empleo.
Sin embargo, dicho Decreto y en particular su artículo 1 perdió su vigencia al finalizar el estado de alarma, por lo que actualmente no existe ya impedimento legal para afrontar una decisión de esta naturaleza, ya sea temporal, para ajustar la plantilla a los usuarios reales, ya definitiva, si la residencia se viera abocada al cierre por el importante desequilibrio económico que se estuviera produciendo. De hecho, ya consta la presentación de expedientes de esta naturaleza en distintos puntos de España, lo que ha causado gran revuelo, especialmente en ámbitos sindicales.
Evidentemente, nadie desea acudir a estos medios de ajuste, pero si desde las Administraciones Públicas no se presta un decidido apoyo al sector, mucho me temo que el año próximo afrontaremos un aluvión de expedientes de este tipo.
Las ayudas no pueden limitarse a tímidas subvenciones de unos miles de euros, sino a una apuesta clara por la viabilidad de las Residencias. Se me ocurren opciones a vuelapluma -unas temporales y otras más estructurales- como las siguientes:
1º) La actualización y mejora de los conciertos públicos, adecuando el coste a la realidad
2º) La tramitación ágil de las prestaciones por dependencia, permitiendo la libre elección de centro por parte de los usuarios
3º) La mejora de la coordinación con los servicios sanitarios, especialmente para servicios médicos y de enfermería
4º) Se podría estudiar la creación de equipos de refuerzo móviles para apoyar determinados centros los primeros días tras la detección de un brote numeroso, ya que ese periodos conlleva una enorme carga de trabajo hasta que se pueden culminar los aislamientos y encontrar personal (hay zonas donde encontrar personal es sencillamente imposible)
5º) La aprobación de partidas específicas destinadas a financiar las coberturas de personal por encima de los ratios legales y que sean motivados por causa COVID
6º) La aprobación de partidas específicas de subvención para la adquisición de material de protección específico COVID, o su dotación parcial por parte de las Administraciones
7º) Agilidad y financiación en su caso para la realización de test de detección
Ciertamente, en algunos de estos aspectos se está ya trabajando y se ha mejorado desde el terrible periodo de marzo a mayo; pero aun así, es preciso dar un paso más. O los pasos que veremos serán los expedientes de regulación de empleo.
Jaime Fernández-Martos Montero es socio de FML Abogados.
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