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LOS EXPERTOS HABLAN DE "DEMAGOGIA" E "INEFICIENCIA" DE LA GESTIÓN PÚBLICA

¿Desprivatizar residencias en España? ¿Se podría? ¿Cuánto costaría?

Residencia de personas mayores.
Residencia de personas mayores. (Foto: TVE)
jueves 25 de junio de 2020, 05:11h

Recientemente, en tiempos de final de pandemia en los que muchos políticos buscan responsables a los fallecimientos por la covid-19, escuchábamos al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, mostrándose partidario de desprivatizar las residencias de mayores. Entiende que es la mejor solución para mejorar lo que considera una "precariedad" tanto en los cuidados como en los contratos de las trabajadoras: "Si fuésemos capaces de avanzar en esa dirección, tendríamos mejores residencias, los mayores estarían mejor cuidados y habría mejores condiciones para las trabajadoras. Lo público es más fuerte que el negocio privado a la hora de cuidar a las personas".

En la misma línea, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ve "vergonzoso e indecente" que alguien pueda hacer negocio con los mayores. El sistema de atención a las personas mayores es un servicio "enormemente precarizado y privatizado", apuntaba sin pensar en que se le pueden pedir explicaciones de por qué su partido no ha hecho nada a este respecto cuando ha tenido responsabilidades de gobierno o, incluso, ahora.

Consultados algunos expertos, el socio director de Gerokon, Aitor Pérez Artetxe, ha explicado a Dependencia.info que "se está culpando a la iniciativa privada y son las distintas administraciones, todas las administraciones, de todos los partidos políticos, incluido Podemos, los que no quieren gestionar los centros, los que prefieren ceder la gestión a terceros".

"Un problema de ineficiencia del sistema público”

Para Pérez Artetxe, detrás de este debate lo que hay es "un problema de ineficiencia del sistema público”. Y lo aclara: “Una plaza pública por norma en una residencia viene a costar del orden de 3 o 4 veces más que una privada, sin que la calidad sea mejor. No hay estudios que demuestren que la calidad de una residencia pública sea mejor que el de una privada. De hecho, en aquellas comunidades donde hay libertad de elección las familias eligen los centros privados”.

Además, subraya que hay otro error de bulto que cometen, sobre todo los políticos, con este tipo de "medidas demagógicas" y es que confunden la titularidad con la gestión: "El dato dice que el 30% de los centros son de titularidad pública, pero de gestión pública integral, no sé si llegarán a un 3%. En el resto, la gestión está externalizada porque la comunidad autónoma y, sobre todo, el ayuntamiento no quiere gestionar un centro porque no tiene capacidad para hacerlo".

El director de Gerokon reta a los que critican la gestión privada a que lo intenten ellos: "Está bien el debate demagógico, pero esta es la realidad. Si quieres revertir, perfecto, como primera medida, coge todos los centros de titularidad pública y ponte a gestionarlos, explícale al alcalde en un pueblo de 4.000 habitantes que coja a los 30 empleados de la residencia, les haga funcionarios, que gestione las cuotas de las 60 personas mayores y se relacione con sus familias. Verán lo que te dice el alcalde…".

En la misma línea, el presidente ejecutivo de Healthcare Activos, Jorge Guarner, señalaba también a este medio que son "salvas al sol, no tiene absolutamente ningún sentido" porque lo primero que "habría que ver es si los datos de contagios y fallecimientos de las residencias públicas durante la pandemia son mejores que los de las privadas y los datos de cuánto cuesta la plaza de una residencia pública y cuánto de una privada". Por ejemplo, los datos en la Diputación Foral de Álava, explica, son públicos: "han tenido muchos más contagios en las residencias públicas de Álava, han tenido más fallecimientos y luego los costes son más de dos veces los de una residencia pública que una privada".

Los datos claros, encima de la mesa

"Lo que digo es que antes de decir cosas de éstas, lo que hay que poner son los datos claros encima de la mesa", subraya. "Y si comparamos además -aclara- con lo que ha pasado en Europa, al final del número de fallecimientos en residencias sobre el total en todos los países de nuestro entorno (Francia, Bélgica, Suecia e incluso Reino Unido) están similares a los datos de España".

En cualquier caso, insiste, si hablamos de las malas cifras en los centros residenciales, "el problema está en que no se ha permitido a las residencias derivar pacientes a los hospitales y morían en las residencias, si no, algúnos se habrían podido recuperar y otros habrían muerto en los hospitales". "Entonces, todos habríamos aplaudido a los médicos y las enfermeras, pero como se han muerto en una residencia son unos criminales. ¡No hay derecho!", se lamenta Guarner.

El responsable de Healthcare Activos no ve bien que "Pablo Iglesias, Pablo Echenique o la ministra de Defensa Margarita Robles se atrevan a opinar sin saber de lo que hablan". Por eso, pide "que se pongan los datos encima de la mesa para saber cuánto nos cuestan las residencias públicas, ¿tenemos encuestas de satisfacción al cliente? ¿tenemos datos concretos de contagios y fallecimientos? Pues claro que los tienen, pero no los quieren dar". "Ahí se acaba el disrcurso", señala.

El Gobierno no cumple su parte

Aitor Pérez Artetxe ve otro problema en que "el Gobierno central no contribuye a la Ley de Dependencia, tal y como se establece". Hay un déficit de aportación del Estado con respecto a las CCAA (deberían aportar el 50% del coste y difícilmente llegan al 18%). "Si quieren solucionar el problema, que empiecen por ahí. No lo ha hecho el PP, no lo ha hecho el PSOE, igual ahora lo hace Podemos. Habrá que depositar la confianza en ellos", destaca.

Ve que "hay un debate demagógico de fondo porque Podemos, donde ha gobernado, no ha hecho esto" y ha recordado que en la Comunidad Valenciana, donde llevan esta cartera ahora a través de Mónica Oltra, no se está haciendo y en la ciudad de Madrid tampoco hicieron nada.

Al respecto de la Ley de Dependencia, Guarner también propone cambios, de manera que tenemos tres grados y "habría que en el de más alta dependencia, el grado 3, tener una doble acreditación de servicios sociales y de sanidad; en el 1 simplemente servicios sociales y en el 2, pues depende de cómo esté la persona". Pide "una ley única, no solo para toda España, también para toda Europa, porque un enfermo de alzheimer se atiende igual en Alemania que aquí".

Por otra parte, sobre el funcionamiento de las residencias, Jorge Guarner se pregunta "por qué las administraciones que tienen un servicio de inspección no hace cumplir la normativa que tienen". "Así se acabarían muchas de las desgracias que estamos teniendo", aclara.

Igualmente, el secretario general de AESTE, Jesús Cubero, apunta que "el papel de la Administración consiste en gestionar de forma eficiente el dinero de los ciudadanos, y eso se traduce en ofrecer servicios de la mayor calidad posible al mayor número de ciudadanos". "En eso consiste la eficiencia, y para ello, las entidades privadas (empresas y entidades del tercer sector) somos un aliado estratégico para ayudar a la Administración en esta tarea", recuerda.

Desde AESTE auestan por "una nueva definición del Sistema de Atención a la Dependencia, donde haya una acreditación de los centros por niveles, una mayor transparencia, y donde podamos garantizar a los mayores el grado de atención sanitaria que requieren", aclara Cubero.

Recordaba, además, que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,Teresa Ribera, indicaba que lo vivido en las residencias durante los últimos meses ha sido traumático y doloroso para los familiares de personas fallecidas, y también para los trabajadores y entidades del sector, al estar al pie del cañón con limitaciones importantes en la capacidad de apoyo del sistema sanitario y de la capacidad de aislamiento. "Coincidimos con la ministra que las residencias son competencia de las Comunidades Autónomas, por lo que hay que ser muy cautos con cualquier propuesta de reforma que se quiera plantear, y que siempre se haga mediante la coordinación de las políticas en el Área de Servicios Sociales, y enmarcado en un diálogo fluido entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno", destaca.

El coste de la desprivatización: el triple como poco

Pérez Artetxe tiene claro que el coste de lo que supondría desprivatizar las residencias "es del triple como poco, entre un 300 y un 500% más cara la gestión pública y no va acorde la calidad del servicio. No porque te cueste tres veces más el servicio es mejor". "Donde ahora la Administración gasta 50 o 60 euros, pasarías a gastarte 150 y no es porque los funcionarios vayan a ganar mucho más, es por el coste de ineficiencia", sentencia.

Por eso, Pérez Artetxe lo que recomienda es, "primero, que las administraciones gestionen todas las residencias que tienen de titularidad pública y cuando gestionen todos esos centros con funcionarios, después, si quieren, nos planteamos cómo nacionalizar todas las privadas". Entonces, insiste, "donde pagas 80 tendrás que pagar 240 y luego tendrás que ver cómo compras los inmuebles, salvo que los robes, en ese caso, nacionalizas y te peleas con los propietarios... es un debate demagógico absurdo y muy populista".

También echa números, en este sentido, Jorge Guarner, que recuerda: "En España tenemos 370.000 camas. ¿Qué nos cuesta cosntruir una cama hoy en día? Entre 60.000 y 80.000 euros. Pues hagamos la multiplicación si el 75% son privadas. Así, unas 270 o 280.000 camas por 60.000 euros salen unos 3.000 millones solo para los edificios, pero luego el coste de operar una residencia pública que es entre 2 y 3 veces más de lo que cuesta una privada. Además, si quieren lo público pues adelante con un absentismo, como tienen en las residencias públicas del 20% en lugar del 4% que hay en las privadas... Los número son muy claros".

Guarner explica que, "independientemente de los déficits públicos que vamos a tener, que es imposible de mantener y, por tanto, la colaboración público-privada, les guste o no, es inevitable, lo que hay que valorar es cómo están mejor tratadas las personas mayores que tenemos ingresadas. Ese es el discurso que tenemos que tener".

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