¿Habría ayudado a reducir el número de infecciones y muertes en residencias de mayores que hubiera existido antes de la pandemia un sistema de recogida y gestión de datos eficiente y una mejor coordinación sociosanitaria? Si somos sinceros deberemos admitir que no lo sabemos. Países donde estos sistemas existen también han tenido una alta mortalidad en residencias de mayores (60% en Noruega, 82% en Canadá), pero, independientemente de ello, estoy seguro de que, haya o no una pandemia en los próximos años, sería bueno mejorar en esos dos aspectos.
Y lo curioso es que no he tenido que hacer un ejercicio de reflexión profundo o una exhaustiva búsqueda de documentos para llegar a esa conclusión. Sólo he tenido que leer las propuestas que hace el Defensor del Pueblo sobre residencias de mayores en su informe anual correspondiente a 2019.
Siempre he creído que el Defensor del Pueblo es una pieza decorativa de nuestro sistema democrático. Un cruce de cementerio de elefantes para políticos eméritos y de ‘Pepito Grillo’. Lo que dice o hace no tiene fuerza ejecutiva, su función se reduce a señalar posibles malos funcionamientos de los poderes públicos y a emitir informes que pongan en evidencia situaciones que hay que cambiar en favor de los ciudadanos. Como casi siempre, su titular es alguien vinculado durante su carrera política a uno de los grandes partidos, sus opiniones suelen traer consigo la sombra de la sospecha y el sesgo. Como tiene un coste relativamente bajo, 16 millones de euros al año, y aparece en la Constitución, está bien mantenerlo de forma que nuestro sistema se parezca, por lo menos en eso, a los escandinavos donde nació la figura.
Cada año, el Defensor del Pueblo emite un informe y en el de 2019 hay una separata en la que analiza algunos aspectos sobre las residencias en España. Me ha parecido sorprendente que entre sus propuestas al respecto diga esto:
- Perdura una gran dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento. En consecuencia, para solventar esta situación se requiere que las comunidades autónomas realicen un importante esfuerzo de actualización y armonización.
- No existe un mecanismo eficaz comúnmente compartido entre todas las administraciones para recopilar datos que permitan realizar estadísticas fiables que se actualicen periódicamente respecto de los recursos de atención residencial disponibles, tanto en el plano autonómico como estatal. De esta forma se podrán realizar estrategias de atención a las personas mayores más adecuadas.
- Se carece de un número suficiente de plazas públicas y concertadas de atención residencial para atender los derechos subjetivos derivados de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. Por tanto, se requiere de un significativo esfuerzo presupuestario para dotar más plazas.
- Es necesario un número suficiente de personal para prestar servicios en los centrosresidenciales.
- Resulta importante mejorar la cualificación del personal que presta sus servicios en el sistema residencial. Las administraciones deben fomentar e impulsar planes de formación profesional específica para el desempeño de los puestos de trabajo que tienen encomendados.
- Un modelo de residencias propiamente sociosanitario, con atención médica y de enfermería más amplia y extensa, en España no está regulado ni ha sido así organizado de forma general para todo el sistema. Sería útil estudiar su viabilidad y conveniencia.
Cuando lo he leído me ha parecido que el Sr. Fernández Marugán, actual Defensor del Pueblo, tiene una capacidad intuitiva fuera de lo común.
Ahora que nuestros políticos se van a encerrar en comisiones para “re-pensar el futuro” una vez hayamos “vuelto a la nueva normalidad”, quizás deberían llamar al Defensor del Pueblo y rescatar su informe.
Confieso que tengo miedo a que en esa comisión quieran arreglar el sistema sin darse cuenta de que quizás no está roto y lo que hagan es romperlo ellos en el proceso. Corremos el riesgo de que se limiten a “predecir el pasado” y lo que quieran hacer es crear un relato de lo que ha sucedido que blanquee todas las decisiones que han ido tomando. Por eso defiendo que, en vez de inventar mucho, quizás debamos acelerar los procesos de cambio que ya teníamos en marcha y vivían aletargados. Estos puntos que plantea el Defensor del Pueblo, y a los que yo añadiría fomentar la filosofía de la Atención Centrada en la Persona, son muy acertados, pero precisan para fructificar dos cosas difíciles de obtener hoy en día: financiación y buena fe política.
Financiación para poder pagar un sistema con más plazas concertadas o con Prestación Económica Vinculada en el que trabajen más profesionales que a su vez estén mejor pagados que ahora (algo en lo que todo el sector está de acuerdo). También para poder crear un verdadero sistema de coordinación sociosanitaria.
Buena fe política para que las comunidades autónomas, competentes en exclusiva en materia de servicios sociales, se pongan de acuerdo y establezcan un sistema de acreditación similar y un sistema de captación, tratamiento y compartición de datos común que permita afrontar mejor la próxima pandemia. El sistema de recolección de datos es quizás lo más importante que tendremos que plantear de cara al futuro. Viendo cómo ha funcionado durante la pandemia, sabemos que será algo muy difícil.
A ver si al final de tanto dolor puede surgir algo mínimamente bueno.
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