Las declaraciones de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, contra algunas residencias de mayores porque miembros de las Fuerzas Armadas encontraron durante tareas de desinfección personas fallecidas en las habitaciones de los centros, como si se tratara de una grave negligencia que hay que perseguir, han generado confusión, intranquilidad y, por supuesto, el malestar del sector.
El clamor ha sido unánime ante la irresponsabilidad de unas afirmaciones que solo pueden responder al desconocimiento den un sector imprescindible para la atención de las personas mayores y con las que, una vez más, se daña la imagen.
El director de Inforesidencias.com, Josep de Martí, habla de Amarillismo en tiempos de crisis y destaca que la culpable de que se hayan enfocado así las cosas es la ministra de Defensa que en una rueda de prensa a la hora de tratar sobre la intervención de la UME dijo que "el Ejército ha podido ver a ancianos y mayores abandonados cuando no muertos en sus camas. Vamos a ser implacables y contundentes".
Apunta que Robles ha sido una "irresponsable", ya que "debería saber que las residencias lo están pasando muy mal y no están abandonando, sino que están cuidando en circunstancias extremas". También porque "no hace falta ser ningún genio para deducir que los medios destacarían lo más truculento".
El presidente de FED, Ignacio Fernández-Cid, ha calificado también las declaraciones de la ministra Robles de "irresponsables" al "alargar la sombra de la duda sobre la actuación de las residencias". "Demuestra -continúa- un profundo desconocimiento que transmite una imagen alarmista y genera desconfianza hacia un sector que cuida en este momento a más de 350.000 personas mayores".
El responsable de la patronal ha explicado a Dependencia.info por qué puede haber un cadáver en una residencia: "Primero, se están produciendo llamadas a los centros sanitarios para derivaciones hospitalarias que no nos atienden; y segundo, ya nos avisaron las funerarias a finales de la semana pasada de que la situación les había desbordado totalmente y que se iba a dar la situación de llamar nosotros para la retirada de cadáveres y no iban a poder hacerlo en días y que bajo ningún concepto manipulásemos los cadáveres porque eran de alto contagio".
Ante esta situación, Fernández-Cid se pregunta qué deben hacer, "¿dejarlo en la habitación si es una individual o en una doble en la que solo está ocupando una plaza? ¿Si no podemos dejarlos en esa habitación, dónde los dejamos entonces?". Aclara que hay residencias que tienen una sala de mortuorio (los que la tienen), pero se vuelve a preguntar si ya hay un cadáver, qué hacen con el siguiente si es que se produce.
El presidente de FED deja claro que no enjuicia lo que ha pasado en la residencia donde han encontrado el cadáver y dice que "si se han hecho las cosas mal, que se depuren responsabilidades y que caiga el peso de la ley sobre el incumplidor, pero que se abran diligencias y que se investigue todo el procedimiento, porque a lo mejor sí han llamado reclamando asistencia a hospitales y no les han hecho ni caso o sí han llamado a la funeraria para que retiren los cadáveres y no han podido ir".
"Qué quieren que hagamos los centros. De damnificados vamos a pasar a culpables como nos descuidemos", se ha lamentado.
Estigmatización del sector
En la misma línea, el secretario general de Lares, Juan José García Ferrer, ha calificado de “profundamente desacertadas” las declaraciones de la ministra Robles porque “supone la estigmatización del trabajo de un sector que sin ningún reconocimiento público está trabajando en la primera línea de la primera línea de batalla en la lucha contra este virus”.
Además, “esta estigmatización de un trabajo de los profesionales, mujeres mayoritariamente, es lo peor que se puede hacer en un contexto en el que lo están dando todo, haciendo jornadas más allá de sus obligaciones u ofreciéndose a quedarse, por lo menos en residencias Lares, a quedarse internas a vivir dentro de los centros para evitar contagios”, añade.
García Ferrer ha explicado a Dependencia.info que “unas declaraciones de este tipo por los motivos que fuere no son de rigor” e insiste: “Si alguien hace algo mal, que avisen a Fiscalía y que se investigue”. “Lo que no puede ser es que todo lo que pasa en los hospitales es cosa de héroes y lo que pase en las residencias de mayores sea cosa de villanos”, se lamenta.
El responsable de Lares señala que “en este momento la situación es de ambulancias que no llegan, hasta el punto de que puedan darse situaciones muy complicadas como consecuencias de sus retrasos”.
Juan José García Ferrer apunta que “estamos en un contexto muy caótico, con una gestión muy caótica de esta crisis y en donde no es verdad ni que estemos aprendiendo sobre la marcha (sabíamos lo que había pasado en China y lo que en Italia se estaba produciendo) ni que los expertos estén siempre pautando las normas a seguir”. Sobre esto, aclara: “Los expertos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología se han pronunciado sobre el sistema de dependencia y lo que se está haciendo no es lo que esta sociedad médica ha planteado por escrito al Ministerio”.
Por lo tanto, insiste: “¿Pueden fallecer personas en residencias? Si. ¿Pueden estar abandonadas en un contexto negativo en donde parece que hay na desatención? No”. “En las residencias, en estos momentos hay problemas de personal, ambulancias que no llegan, servicios funerarios que no llegan y personal que el ámbito sanitario se lo lleva para tratar en el hospitales diezmando sus posibilidades” y es, repite, “la primera línea de la primera línea de batalla que hay”.
Rigor, medios y respeto
Del mismo modo, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) ha exigido “responsabilidad, rigor, profesionalidad y respeto” a los máximos responsables políticos en un momento de grave crisis nacional, especialmente delicada para el sector de atención a los mayores, que desarrolla su labor sin los medios de protección adecuados, ni materiales ni emocionales.
El Círculo coincide en que la ministra de Defensa criminaliza la labor de los profesionales de atención a los mayores, algo que ha causado un “profundo malestar”. Su presidenta, Cinta Pascual explicaba en una comparecencia pública: “Somos un aliado especial y altamente profesionalizado que necesita apoyo, medios humanos y materiales. Para ganar esta batalla y es necesario trabajar juntos”.
Añade la responsable de CEAPs: “Llevamos más de un mes pidiendo medios, reclamando protocolos comunes, pidiendo al presidente y vicepresidente del Gobierno reuniones para poder abordar la atención a las personas mayores de la forma más adecuada y coordinada para evitar que el caos se produzca y hasta que éste no se ha producido no se han comenzado a tomar medidas”.
Pascual explica que “las personas usuarias no entienden de figuras jurídicas y las más de 5.400 residencias públicas, privadas o del denominado ‘sector social’ que existen en España viven situaciones muy diversas". Apunta que no pueden permitir que se "generalice" y que el cuidado de 380.000 personas esté "en tela de juicio por informaciones sesgadas que alarman, sobre todo, a las familias de los usuarios que residen en algún centro del país y que por imperativo legal no puede visitarlas en persona”.
Recuerdan desde la patronal que las informaciones vertidas no especifican quién ofrecía el servicio “y a nosotros nos da igual, queremos saber qué ha ocurrido en estos centros, porqué se ha producido esa situación y cómo se ha llegado a ese punto en los lugares que se refiere. Hay que ofrecer todos los datos. Si las situaciones que se han encontrado era porque los centros estaban cumpliendo las leyes, en definitiva toda la información”, explican.
Criminalizar a las trabajadoras del sector
El sentimiento del sector de atención a la dependencia, con más de 250.000 trabajadores, es "unánime" porque nunca antes una ministra había conseguido ponerse en contra a los empleados, sindicatos, empresas y asociaciones. Así lo explicaba el secretario General de AESTE, Jesús Cubero: “Todos coincidíamos en que las declaraciones de la ministra Margarita Robles tan sólo obedecen a su desconocimiento del sector y a su afán de protagonismo en los medios. Incluso algunos ministros compañeros ya han salido a desmentirla indicando que lo que generalizó eran en realidad casos aislados”.
Desde AESTE se destaca que diversas empresas del sector de la dependencia tuvieron contacto con responsables de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando iban a desinfectar sus centros y la valoración en todos los casos fue de estar ofreciendo un cuidado excepcional a las personas mayores que residen en sus centros, felicitando y animando a los trabajadores que se encargan de cuidar a los mayores en estos días tan complicados.
Por ello, Cubero recuerda: “En las residencias cuidamos a las personas más vulnerables en esta crisis sanitaria y los mayores no son un foco de infección, son víctimas de la falta de previsión y atención de sus necesidades. Llevamos varias semanas con medidas de prevención y protocolos de actuación específicos para este virus, mientras que las autoridades sanitarias que debían detectar el riesgo y socorrer las necesidades de los mayores han dejado a este colectivo abandonado a su suerte.. Un personal, el de las residencias, cuya profesionalidad y heroico sentido del deber es comparable al de los centros sanitarios”.
Para el responsable de AESTE, "si se ha producido alguna acción delictiva puntual, tiene la más absoluta y rotunda condena de todo el sector, pero rechazan que esa situación califique a todo un sector".
No califican a un sector
Desde Sanitas Mayores, sus profesionales condenan enérgicamente las acciones delictivas puntuales en el sector residencial que se han denunciado, pero rechazan que estas acciones puntuales califiquen a todo un sector que en estos momentos está contribuyendo de manera decisiva a los cuidados de muchísimas personas mayores y a aliviar la presión de la sanidad pública. Recuerdan que todos los operadores, así como las autoridades y los ciudadanos, tenemos el deber de poner en conocimiento de la policía las situaciones que dentro del sector o fuera incumplan con las normativas y/o las leyes que nos aplican como parte de la sociedad.
Se suman al llamamiento que han hecho las autoridades de profesionalización del sector, punto con el que en Sanitas Mayores cumple de forma escrupulosa, según explica en un comunicado, con la contratación de profesional cualificado, la apuesta por la formación constante del mismo, así como el compromiso constante con la innovación y humanización en los cuidados de los mayores.
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