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Y a ti, ¿cuánto te hace trabajar tu Fiscalía?

Por Josep de Martí
miércoles 17 de marzo de 2021, 20:32h
El director de Inforesidencias.com, Josep de Martí.
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El director de Inforesidencias.com, Josep de Martí. (Foto: Inforesidencias.com)

Hace unas semanas escribí sobre un requerimiento que están recibiendo algunas residencias desde la Fiscalía que les corresponde geográficamente. Me sorprendió que el escrito no se refería a algún hecho concreto o denuncia, sino que decía claramente que era una “inspección telemática” y que ese tipo de actuaciones las podía hacer la Fiscalía porque en las residencias viven personas discapacitadas.

A raíz de publicar la tribuna, dos residencias más me han enviado los requerimientos que han recibido de “su” Fiscalía en los que también les piden documentación. En estos casos tampoco dice el escrito que la Fiscalía esté investigando a la residencia que recibe la carta, sino que lo hacen “de acuerdo con las actuaciones emprendidas por el Ministerio Fiscal con motivo de la afectación del COVID-19 para el control y supervisión de los centros residenciales que acojan a personas con la capacidad modificada judicialmente”.

Lo segundo sorprendente es que allí donde la Fiscalía hace “inspecciones telemáticas” se exige a las residencias la presentación de más de una quincena de documentos que requieren horas de preparación y que ya han sido enviados con anterioridad a otras administraciones; sin embargo, donde sólo se trata de “control y supervisión” la documentación que se pide es más escueta:

  • Personas afectadas por el COVID-19 y evolución del tratamiento, con especial referencia a traslados a centros hospitalarios y fallecimientos que en su caso haya habido, con especial mención, también en este último supuesto, al lugar de la defunción (bien en el centro residencial, bien en el hospitalario). En el caso en que no haya habido traslado a un centro hospitalario de personas fallecidas a causa del COVID-19, deberá explicarse la causa de dicha omisión.
  • Medidas adoptadas en el centro residencial para evitar posibles contagios, tanto de los residentes como del personal profesional que presta sus servicios en la residencia.
  • En su caso, prohibiciones o restricciones adoptadas respecto de visitas de familiares y allegados a los residentes, así como de salida de éstos fuera del centro.
  • Cualquier punto que usted considere de interés social o jurídico en relación a la problemática causada por la epidemia desde su inicio y que entienda deba ser conocido por el Ministerio Fiscal.

Este tipo de requerimiento acaba con un amabilísimo “Agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda atentamente”.

¿Qué hace que en diferentes zonas se pidan diferente documentación? ¿Por qué en unas se dice que “deberá ser remitida” y en otras se agradezca “la colaboración”, como si enviar la documentación fuese un acto de cortesía más que uno de colaboración obligada con la justicia?

Para alguien que no entiende demasiado resulta difícil entender lo rápido que llegó la Fiscalía a la conclusión de que no había que investigar al gobierno por su gestión de la pandemia y lo que está tardando en hacer lo propio con las residencias.

Si todo esto sirve para que dentro de unos meses la Fiscalía General del Estado saque una nota en la que diga algo como “Hemos recabado información de XXXX residencias y encontramos que en ellas no se ha producido delito alguno”, la cosa habrá valido la pena. El problema es que, mientras tanto, quien recibe las misivas se queda intranquilo pensando que quizás se le impute por algo que de ninguna forma fue su culpa.

Creo que todos entenderíamos que la Fiscalía investigase allí donde haya indicios de que se puede haber producido un delito, pero sorprende que después de que está claro que las residencias fueron el escenario donde se vivió la tragedia, pero no sus causantes o cómplices, sigan pidiendo documentación de forma amplia, aunque diferente según la zona.

Las residencias deberían empezar a volver a la normalidad y parte de ésta debería ser que la Fiscalía pidiese información sobre las personas que tienen deterioro cognitivo y difícilmente pueden gobernarse por sí mismas para instar los procedimientos de incapacitación correspondientes. Todo ello hasta que España incorpore en su legislación los preceptos de la Convención de Nueva York en defensa de las personas con discapacidad, algo que debería haber hecho hace más de diez años pero que los diferentes gobiernos han negligido.

En fin. Mi consejo sigue siendo el de enviar toda la documentación que exija la Fiscalía y, a poder ser, solicitarles, con todo el respeto la recepción de alguna resolución cuando hayan acabado de examinarla.

Y mientras tanto, vayamos inventando la nueva realidad.

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