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La Fiscalía sigue “ayudando”

Por Josep de Martí
lunes 01 de marzo de 2021, 21:21h
El director de Inforesidencias.com, Josep de Martí.
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El director de Inforesidencias.com, Josep de Martí. (Foto: Inforesidencias.com)

Desde que la infame ministra de defensa dijo en marzo de 2020 aquello de "el Ejército ha podido ver a ancianos y mayores abandonados cuando no muertos en sus camas. Vamos a ser implacables y contundentes" e hicieron que la Fiscalía tomase cartas en el asunto, el papel de este importantísimo organismo se ha visto bastante devaluado.

En marzo escribí un post titulado “Fiscalía en tiempos de coronavirus ¡Menudo papelón!”. En Junio otro titulado ¿Qué quiere decir ser investigado por la Fiscalía? También en Junio organizamos un curso que todavía puede verse en internet para ayudar a las residencias a prepararse ante las arremetidas de abogados y Fiscalía.

Algunas residencias desde entonces han sido y siguen siendo investigadas, otras han visto archivados sus procedimientos y aún otras están recibiendo ahora, en febrero de 2021 un extenso requerimiento de documentación con el que la Fiscalía ejerce una supuesta función inspectora que dice tener atribuida por la Ley.

Eso quiere decir que, a partir de ahora la Fiscalía se ha autorreconocido la potestad de inspeccionar las residencias y va a hacerlo de forma telemática. Según el escrito que han recibido algunas residencias, la Fiscalía dice que puede inspeccionar sistemáticamente los centros porque así lo prevén los artículos 1, 3.6,3.7 y 4.2 de la Ley 50/81 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Me he permitido echar un vistazo a esos artículos y sólo veo clara esa función de inspección si se entiende que todos los residentes son personas incapaces y se asimilan las residencias con las prisiones, hospitales psiquiátricos y centros de internamiento. El fundamento legal no es demasiado sólido, aún así, no recomendaría a nadie incomodar a la Fiscalía por lo que paso a lo importante ¿Qué están reclamando las residencias de personas mayores telemáticamente?

Veamos la lista:

  1. Situación del Centro antes de la declaración de la pandemia y del estado de alarma, especificando cuestiones administrativas tales como:
    • titularidad del centro
    • gestión del mismo
    • personal empleado en el centro
    • organización del trabajo en el centro
    • lugares comunes a los residentes
    • al aire libre dispone el centro, si las hubiera
  1. En cuanto a los residentes:
    • número de residentes
    • proporción de plazas públicas, plazas subvencionadas y plazas privadas los residentes ·
    • si existe algún tipo de organización del centro referida a· las diferentes capacidades de los residentes, tales como distribución por diferentes grados de autonomía o por la mayor o menor grado de dependencia de los residentes.
  1. Incidencia de la enfermedad en el centro, especificando:
    • número de residentes s o sospecha de infección
    • número de residentes recuperados
    • número de residentes fallecidos.
  1. lncidenciade la enfermedad entre el personal del centro y problemática derivada de ello
  2. Protocolo de actuación que se está siguiendo actualmente ante el incremento de casos de COVID-19, aportando copia del mismo:
  3. Plan de contingencia elaborado de conformidad con lo dispuesto por el Plan sectorial elaborado en Diciembre de 2020 por el Departament de Salut para gestión de la infección por coronavirus SARS-CoV 2 en el ámbito residencial.Versión 6.0
  4. Estado actual en que se encuentran las personas internadas en la resldencla, debiendo indicar si hay algún mayor que haya dado positivo en COVID-19, si se ha producido algún ingreso en hospital por esta enfermedad y·si ha habido algún fallecimiento. Asimismo, deberán indicarnos con qué frecuencia se están realizando las pruebas PCR, criterios para su aplicación, y si se realizan en el propio centro o en otro caso, indicar de qué manera.
  5. Si algún miembro del personal del centro está enfermo o ha dado positivo por COVID-19, indicando si actualmente cuentan con personal suficiente, sobre todo personal de enfermería y/o médicos .
  6. Medidas que se hayan adoptado para hacer frente a la nueva situación.
  7. Si cuentan con material de protección suficiente, si tienen habitaciones y/o estancias ·para el aislamiento de los enfermos por COVID-19 con respecto al resto de los residentes.
  8. Si todavía se permiten visitas en la residencia, indicando con qué frecuencia y duración de las mismas, así como si hay un registro de éstas.
  9. Cuál es el número de personas contagiadas (residentes o personal trabajador) que han· contemplado como umbral para suprimirlas visitas al centro.
  10. Cuál es el canal de comunicación con las familias para informar si su pariente ha dado positivo por COVID-19 así comola evolución que esta persona pueda experimentar.
  11. Cualquier decisión de interés adoptada de conformidad con lo dispuesto en el Plan sectorial elaborado en septiembre de 2020 por el Departamento de Salud para gestión de la infección por coronavirus SARS-CoV 2 en el ámbito
  12. Por último, se interesa que, en caso de agravarse lasituación en el centro, lo comuniquen a esta fiscalía en el correo electrónico que aparece al pie.

Lo primero que llama la atención es que hay más cosas en esta lista que en los requerimientos que han recibido algunas residencias que estaban siendo investigadas formalmente.

La mayor parte de la información es fácil de recopilar de hecho la residencia la ha enviado a varias administraciones varias veces durante varios meses. La tienen los departamentos de sanidad y servicios sociales, los médicos del centro de salud y, en algunas comunidades, organismos creados específicamente durante la pandemia. ¿No podría la Fiscalía pedírsela a ellos? Podría, y quizás también lo está haciendo, pero eso no lo sabemos. El problema no es la facilidad con la que se pueden obtener los datos sino el tiempo que se tarda en presentar, aún a otra autoridad, datos, relaciones y protocolos, que si se piden a un grupo importante de residencias requeriría de la Fiscalía un esfuerzo de análisis tal

Insisto en que es mejor colaborar por lo que, a pesar de todo habrá que responder y enviarlo todo.

Y una vez hecho habrá que esperar a ver qué pasa.

Me gustaría poder preguntar a un Fiscal o a alguien que mande en la Fiscalía, por qué no aprovechan la labor inspectora que ya llevan a cabo las comunidades autónomas en vez de duplicar esfuerzos.

Yo no veo muy claro que la Ley permita a la Fiscalía convertirse en una nueva inspectora de residencias. Lo que sí veo de forma clara es que la Ley le obliga a hacer algo que no está haciendo. Me refiero a la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente al artículo 757

Artículo 757. Legitimación en los procesos de incapacitación y de declaración de prodigalidad.

  1. La declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz.
  2. El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no la hubieran solicitado.
  3. Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Si la Fiscalía aplicase ese artículo promovería miles de procedimientos de incapacidad, especialmente ahora que ha tenido conocimiento en sus diligencias en residencias de la existencia de miles de incapaces no incapacitados. Si, además todo el personal sanitario de la salud pública y el personal de servicios sociales (funcionarios) comunicasen al Fiscal cada caso de deterioro cognitivo grave que conociesen, éste tendría que promover aún más procedimientos.

Por algún motivo que no llego a entender quien manda en la Fiscalía considera más importante estirar la Ley para poder inspeccionar residencias, algo que ya hacen otros inspectores, que cumplir un precepto claro que quizás ofrecería más protección a miles de presuntos incapaces. Pero claro, los designios de los poderosos son inescrutables por lo que mejor será para quien reciba el requerimiento hacerle caso, no sea que la última ola de la pandemia no tenga forma de virus.

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