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DENUNCIAN QUE LAS ADMINISTRACIONES AYUDAN POCO

¿Cuánto dinero cuesta a las residencias pagarse las normas de seguridad y protocolos covid?

miércoles 02 de diciembre de 2020, 19:47h
Residencia de personas mayores.
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Residencia de personas mayores. (Foto: MSF)

La pandemia por la covid-19 sigue entre nosotros y, lógicamente, existen unos gastos extraordinarios en las residencias para mantener la seguridad sanitaria que, como se puede imaginar todo el mundo, están asumiendo las empresas. La semana pasada, el director de Operaciones de DomusVi, José Luis Roselló, nos decía que "es evidente que la pandemia ha cambiado la estructura de costes de los centros residenciales”.

También informábamos de que Navarra había sido una de las primeras comunidades autónomas en indemnizar a las residencias por estos gastos extraordinarios que genera el mantenimiento de los protocolos por la covid-19. Ahora hay varias comunidades que están destinando fondos a este fin, pero también hay quejas por lo insuficiente que resultan en algunos casos. Así, la Junta de Andalucía ha reconocido el perjuicio que la crisis sanitaria ha supuesto a la capacidad económica de los centros residenciales, pero el Foro Andaluz de la Dependencia (FADE) ya ha dicho que considera insuficientes los 13,4 millones de euros destinados a cubrir parte de estos gastos en las residencias.

Pero, ¿se puede cuantificar? Algunos se han atrevido. Lares plantea una necesidad de apoyo de 60 millones de euros para las entidades sin ánimo de lucro que representan. Sus estimaciones reflejan un descuadre en el gasto de 1.000 euros al año por persona atendida. A esto habría que añadirle el impacto en los ingresos de las plazas vacías, el cual es de 186.700 euros al día en este momento.

FADE también ha hecho hincapié en que está haciendo mucho daño a las residencias la desocupación de más de 4.200 plazas residenciales concertadas. Incidiendo en que el mayor número de plazas vacías concertadas se encuentra en los centros de día, con el 68% del total de éstas plazas.

Estos centros soportan la obligatoria reserva de plazas establecida por la Consejería de Salud, que tienen que tener a disposición de la citada Consejería, y que no son abonadas hasta que son ocupadas a lo que se suma las pérdidas sobrevenidas por la pérdida de ocupación de plazas privadas. Recientemente esta organización empresarial andaluza valoró las pérdidas en las entidades prestadoras de servicios en 65.000.000 millones de euros el sobrecoste originado por el Covid19 en estas pequeñas y medianas empresas.

"¿Quién paga las plazas que están sin utilizar? ¿Ese 5 o 10% de plazas que estás obligado a reservar por si hay un rebrote, en función de la CCAA, quién las paga?", se preguntan desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que explican: "En una residencia de 100 plazas son 5 plazas libres. Si las cobramos a 1.700 o 1.800 euros, eso es lo que perdemos, esa cantidad multiplicado por 5 cada mes. Es mucho dinero".

EPIs, test, personal y bajas

No da cifras totales, pero sí enumera su presidente, Ignacio Fernández-Cid, lo que se necesita y lo caro que resulta para la residencia. Diferencian: “Hay capítulos que son más directos, que serían los equiparables a EPIs, porque los estamos comprando todos los meses. Y eso incluye lo que son los guantes, mascarillas, batas, calzas, gorros… En condiciones normales, en un centro en el que no hay brote supone 3 euros por persona y día. En el momento que hay brote, el tema se dispara”.

"Pero también te tienes que comprar test", continúan en la Federación Empresarial de la Dependencia, "porque como depende de la CCAA y depende del área sanitaria y depende del centro de atención primaria, que pueden tener todos criterios distintos, y en función de si te hacen PCR o no te la hacen, te tienes que gastar el dinero, el tema también se dispara".

Fernández-Cid insiste en el tema de las visitas: "Están viniendo dos veces por semana, normalmente una hora de duración. El número de residentes multiplícalo por dos, lo divides entre 5 días de la semana y ves el número de horas que te salen de visitas según la sala que tengas para poder recibir a los familiares y las distancias que hay que mantener. Salas con 5 o 10 personas, no más. Tienes a una persona de brazos cruzados mirando allí qué es lo que pasa. ¿Imputamos ese coste? Pues hay que hacerlo porque en condiciones normales eso no se da".

Otra cuestión delicada para el representante de la FED es la de las bajas de los trabajadores: "¿Qué cuesta una persona de baja a la que el médico de atención primaria se la renueva incluso cuando ya no contagia? Cuesta un dineral. ¿Tiene sentido que un residente pase los 10 días de cuarentena y vuelva a la normalidad y el trabajador lleve 5 semanas en casa de baja? Todas las bajas se podrían controlar mucho mejor".

Pero ¿de qué gastos estamos hablando? Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), las empresas del sector han tenido que hacer frente a contrataciones extraordinarias de personal, gastos de EPIs, test diagnósticos, compras específicas de material fungible, productos de limpieza, inversiones realizadas en sistemas de depuración y limpieza de aire, inversiones realizadas en sectorización de los centros y habilitación de espacios para las visitas.

Destacan que son numerosos los gastos en los que han incurrido como sector para garantizar las mejores condiciones para las personas mayores a las que cuidan, pero subrayan que lo han hecho "sin escatimar en ningún gasto", aunque eso haya supuesto un desembolso enorme para muchas empresas del sector.

Lares también apunta el gasto en todos los equipos de prevención sanitaria y en muchos casos los gastos de las prueba de detección, pero quieren matizar que en su caso, en el Tercer Sector, sobre esto último "las cosas van cambiado favorablemente de manera progresiva y ahora mismo los centros solidarios que representa Lares valoran con un notable bajo este aspecto". "En los últimos quince días esta valoración ha aumentado en 0,71 puntos. En la primera ola todas las CC.AA. suspendieron en este punto", apuntan.

¿Hay ayudas a las residencias por parte de las administraciones?

Lo comentábamos al principio, afortunadamente "hay algunas Comunidades Autónomas que están siendo sensibles a esta preocupación" que desde AESTE les han trasladado y están convocando "planes de ayudas para paliar en cierta medida el impacto económico que están sufriendo todas las empresas del sector".

Lares, por su parte, explica que algunas CCAA han dado muestras de apoyo, como Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Andalucía. Suman a Cataluña, aunque lamentan que podría dejar fuera de apoyo a centros y servicios vinculados a congregaciones religiosas. En cualquier caso, apuntan, "son gestos, bienvenidos, aunque las necesidades son muy superiores".

El 30% de los órganos directivos de centros sin ánimo de lucro manifiesta estar en riesgo de viabilidad y, de éstos, más del 60% ha tenido que acudir a préstamos para financiar su gasto corriente, de modo que su situación es especialmente crítica. "Un gran error que se está cometiendo es tratar por el mismo rasero al sector lucrativo y al no lucrativo, ya que este último tiene un déficit de financiación estructural de más de 150 millones de euros al año debido a que atiende necesidades sociales no satisfechas por los servicios sociales públicos o el sistema público de dependencia. Es un drama lo que está sucediendo", concluyen.

El presidente de la FED apunta por su parte que "la Generalitat de Cataluña paga 196 euros al mes por plaza concertada o de gestión pública. A las privadas o a las prestaciones vinculadas al servicio, nada. Son 60 euros en el caso de la plaza de Centro de Día". Dice que por cada plaza vacía de ese 5% que estás obligado a reservar, en Cataluña te pagan 50 euros: "Ya es algo".

Añade que en a Castilla-La Mancha diferenciaron las residencias por número de plazas para otorgar las ayudas en concepto de EPIs. Un centro de 80 plazas tiene 9.200 euros, "pero es que esto se está alargando en el tiempo. ¿Quién pensaba que íbamos a estar tanto tiempo?", destaca Fernández-Cid, que señala: "Esto sigue y lo que no podemos hacer es dar la espalda a la realidad. Y la realidad es que estamos en una crisis sanitaria y como tal, debiéramos tener un tratamiento especial. Por lo menos en las vacunas vamos los primeros".

Cuenta que la Comunidad de Madrid te paga los test de PCRs a los que te obliga cuando vuelve el personal de vacaciones: "Bien, pero es un capítulo muy concreto. ¿Y los demás? Y, al menos, en la Comunidad de Madrid, desde abril a junio, nos estuvieron dando EPIs a los centros, no todos los que consumíamos, pero había una ayuda. En otras CCAA, nada de nada".

Como fuere, es poco lo que se ayuda. "Son migajas lo que dan. No es de recibo. No espero nada ya de las administraciones, mi esperanza es la vacuna y que podamos encarar el futuro de otra forma", termina Ignacio Fernández-Cid.

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