¿Acaba el plazo para comunicar los datos del personal sanitario de las residencias de mayores?

El Gobierno lleva tiempo trabajando en la creación de un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) con el fin de que todo el mundo pueda tener acceso a los datos del personal sanitario que trabaja en España. El caso es que la Administración ha exigido a los establecimientos sanitarios que comuniquen, con fecha tope 23 de septiembre, los datos de todo su personal sanitario.

De manera sorprendente, por la información que ha podido recabar Dependencia.info tras consultarlo con distintas patronales del sector, ni el Ministerio de Sanidad ni las respectivas Consejerías Autonómicas han ido avisando ni alertado sobre esta obligación. Hay que recordar que a partir del 24 de septiembre, según normativa, las actualizaciones de datos de los profesionales, altas o bajas, deberán hacerse antes de 7 días en este Registro Estatal.

Desconcierto

Desde LARES, ante el gran desconcierto por parte de todo el mundo por la forma en la que se está interpretando la norma, se han puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad, responsable de este registro a través de la Dirección General de Ordenación Profesional, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo. De hecho, han podido hablar telefónicamente con la responsable de este Registro Estatal y apuntan que “ellos mantienen la interpretación de que se deben inscribir todos aquellos que realizan cualquier tipo de servicio de salud, sea o no sanitario”.

En esta línea de dudas, la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE) ha explicado también a este medio que han informado adecuadamente a sus asociados, haciéndoles saber que el plazo límite para facilitar la información solicitada es el día 23 de septiembre, aunque son conscientes de que “las empresas se están encontrado multitud de problemas, tanto a la hora de la introducción de los datos aportados, como para definir exactamente cuáles son los datos a aportar”.

En AESTE les consta que “todos los asociados están trabajando para poder aportar los datos correspondientes, dentro del plazo establecido”, aunque entienden que “sería conveniente una mayor agilidad en la resolución de las miles de consultas que se están produciendo en estos días”. E Insisten: “Parece que las entidades se están encontrado múltiples problemas, teniendo en cuenta además, que los medios de consulta están realmente saturados ante la inminente finalización del plazo”.

Igualmente, desde Acalerte, por su parte, explican a Dependencia.info que “se ha informado a todos sus asociados del fin del plazo de inscripción en este registro y cada centro está realizando la regulación correspondiente”, pero avisan que “el retraso en la puesta en marcha de las plataformas electrónicas y del certificado digital dificulta su aplicación práctica”.

Sobre la creación del mismo, el presidente de la patronal castellanoleonesa y tesorero también de CEAPs, Diego Juez, le parece bien la idea, pero entiende que se duplican organismos: “Nos parece necesario, funcional y exitoso, como se ha demostrado en nuestra región. Pero, en Castilla y León lo que no se entiende es que si ya existe un registro de ‘Servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria’ regulado por Ley y sin el cual no pueden funcionar los centros residenciales y que está gestionado por el propio Servicio de Salud de Castilla y León ahora, se obligue a los centros a realizar este trámite de nuevo a nivel estatal y no sea el propio Ministerio el que acceda al mismo”.

Tranquilidad: no habrá sanciones

Por otra parte, en LARES han querido tranquilizar al director de residencia que no haya hecho el registro aún: “A nosotros nos ha dicho expresamente el Ministerio que no van a adoptar ninguna acción con el que no se haya inscrito el día 23. Que sí, que la gente lo tiene que ir haciendo porque sí que se ratifican en que su interpretación es asociar centros sanitarios a cualquier servicio de salud que se preste en cualquier sitio, pero que ahora de manera inmediata no va a ver ninguna llamada de atención”.

Lo que estará por ver es si se otorga una prórroga y qué pasará después con el que no haya cumplimentado el registro. “Por sentido común -explican en AESTE- todas aquellas residencias que no procedan al registro de sus profesionales sanitarios, estaría incumpliendo una normativa vigente”.

En este sentido, LARES informa: "Aunque no me parece que, dadas las circunstancias, se vaya a ser muy estricto a corto o medio plazo, resultaría aplicable el régimen sancionador de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Concretamente, la mera no comunicación los datos, según sus art. 35 y 36, podría ser constitutivo de una infracción leve, castigable con multa de hasta 3.005,07 euros, mientras que "la resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración [...] al órgano encargado del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios", como infracción grave, podría ser castigado con multa desde 3.005,07 euros hasta 15.025,30 euros".

Falta de información

En Lares ven que las cosas no se han hecho bien y ven que hay varias cuestiones de análisis: “Primero, el Ministerio no ha informado correctamente sobre el alcance del reglamento, ni ha clarificado de manera suficiente para qué lo quiere. Creo que deberían haberlo hecho. Por otra parte, cada patronal estamos a la expectativa de esa interpretación sobre si las residencias están dentro se ese criterio de centro que presta servicios sanitarios".

"Tercero, todo el mundo tendrá que ir registrándose. Igualmente, conscientes de sus propias limitaciones telemáticas y de recursos humanos del Ministerio y los problemas de comunicación que ha habido con la aplicación de esta normativa, lo razonable es pensar que o habrá una prórroga o se dará un tiempo prudencial para que la gente vaya cumpliendo y no haya un incumplimiento doloso”, apuntan desde la patronal del sector solidario.

Lares ya ha trasladado toda esta información a sus asociados y explica: “Hasta este momento, en LARES, al igual que en otras entidades del sector, interpretábamos que esta obligatoriedad de comunicación no incumbía a las residencias de mayores ni a los centros de día, en la medida en la que la norma que regula el REPS, el Real Decreto 640/2014, en su artículo 6.1.h, se refiere exclusivamente a los ’centros sanitarios privados’... Y esta última norma, en su artículo 2.1, distingue muy claramente entre ‘centro sanitario’ y ‘servicio sanitario [...] integrado en una organización no sanitaria’. Claramente, se entendía que las residencias de mayores y los centros de día, al igual que los polideportivos, los centros comerciales o las plazas de toros, pertenecen a esta segunda categoría, ya que, aunque no son organizaciones sanitarias, sí pueden albergar un ‘servicio sanitario’”.

Y añade: “No obstante, nos hemos encontrado que desde el Ministerio se está realizando una interpretación sorprendentemente extensiva del concepto de ‘centro sanitario’ y, a efectos del REPS, se incluyen también todas las organizaciones no sanitarias que integren un servicio sanitario, como, por ejemplo, las residencias de mayores con un servicio de enfermería. En definitiva, para el Ministerio la clave es que se realice una ‘actividad sanitaria’, "aunque se trate del botiquín de El Corte Inglés", y que, por ello, deba estar autorizado o incluido en el sistema autonómico de centros, servicios y establecimientos sanitarios”.

Por su parte, en AESTE subrayan que han trabajado desde la Comisión de Residencias “para intentar concretar cuáles son los profesionales incluidos en este registro, que, a su entender, son algunos más de los que la norma parece prever”.

Y en cualquier caso, se preguntan “si las residencias para mayores, no siendo como tal un centro sanitario, están obligadas a realizar esta comunicación”. Y argumentan un poco más: “A pesar de que podría parecer que esta obligación no afecta a las entidades y establecimientos de servicios sociales, el Real Decreto 1277/2003 de 10 de Octubre, por el cual se regulan las bases generales para la apertura y puesta en funcionamiento de los centros y servicio sanitarios, en su anexo 2, punto C.3, menciona expresamente a los Servicios Sanitarios integrados en una organización no sanitaria: servicios que realizan actividades sanitarias pero que están integrados en organizaciones cuya principal actividad no es sanitaria (residencia de tercera edad)”.

En virtud de ello, “se debe entender que todas aquellas residencias que dispongan de servicios sanitarios integrados dentro de su organización, estarán obligadas a realizar ésta comunicación, por lo que entendemos que el registro debería quedar completado el día 23 de septiembre, aunque desde nuestro punto de vista, entendemos que, debido a la complejidad del contenido del mismo, el plazo debería ser ampliado, permitiendo con ello a todas las empresas solventar las dudas están surgiendo”, concluyen.

A través de este enlace se accede al proceso de alta en el REPS, así como al sistema de comunicación de datos. También se puede consultar información y la relación de los profesionales implicados:

www.mscbs.gob.es/profesionales/registroEstatal/home.htm