FED Cantabria: “Hay que adaptar precios, adaptar ratios, dar un buen servicio y luego hablaremos de cambiar normativas”

La ausencia de avances en materia de dependencia y el incumplimiento sistemático de los compromisos del Gobierno amenazan gravemente al sector de la dependencia en Cantabria, que se ha conseguido mantener, a pesar de los profundos recortes del Ejecutivo regional, gracias al esfuerzo de las entidades y los trabajadores.

FED Cantabria ha lamentado que el pleno del parlamento del pasado martes se vio la insistencia del ejecutivo únicamente por distribuir responsabilidades al respecto de la precariedad actual del Sistema de Atención a la Dependencia en la región, lo cual indigna a personas usuarias, trabajadores y entidades prestadoras, pues evidencia una mayor preocupación por la imagen política que por el reto de resolver los problemas actuales.

El presidente de FED Cantabria, Rubén Otero, ha explicado a NGD que “aquí, lo que hay que hacer es adaptar los precios, adaptar las ratios, empezar a dar un buen servicio y luego, después, hablaremos de cambiar normativas y de qué es lo que podemos pagar y qué es lo que podemos dar”.

Entre otros problemas, Otero destaca que “quieren quieren una normativa nueva para hacer las habitaciones de 10 metros cuadrados, cuando ya las teníamos de 8, siendo una de las comunidades que las tiene más grandes”. Ante esto, la patronal cántabra propone “hacer un estudio económico para ver si los requisitos materiales que requiero se pueden amortizar con el dinero que pagó la Administración, porque si no se pueden amortizar no se pueden poner”.

Los cambios, poco a poco

El responsable de la FED en la región es claro: “Hay que pensar en lo que hay, en lo que tenemos y en lo que puede hacer. Y los cambios tienen que ir haciéndose poco a poco”.

Otero se lamenta: “Bajaron los precios y bajaron ratios y con estas ratios que nos dejaron no es suficiente para dar un buen servicio. ¿Qué decimos? Si usted tiene dinero, me sube el IPC, me dice cuánto dinero más me puede dar y todo ese dinero lo dedicamos a ratios. No queremos ganar más ni perder más, queremos más personal para dar un mejor servicio. Hemos calculado que serán 200 puestos de trabajo o más”.

Así pues: “Pedimos que destinen más dinero, que han dicho que lo tienen, y una vez que esté todo el mundo esté mejor atendido no sentamos a negociar nuevas normativas, que, hay que recordar, son de hace 10 años, que no son de hace 50. No se puede cambiar la normativa cada legislatura gubernamental”.

Y resume: “Lo que no se puede es cambiar una normativa entera cuando nuestros asociados se gastaron muchos millones en 2010 para adaptarse a la normativa y ahora, todo lo que hay, no vale. Hay que darle recorrido a lo que se ha hecho”.

La historia viene de largo...

La omisión por parte de la Consejería de considerar las aportaciones del sector roza el absurdo, pues tras más de dos años de tratar de imponer una nueva normativa que ha sido rechazada de plano por el sector a través de múltiples escritos y reuniones, incluyendo un informe que la analizaba en términos técnicos, económicos y jurídicos, la Consejera continúa vinculando el incremento de los precios de las plazas concertadas a la aceptación de la misma. Además, afirma desconocer este rechazo a la normativa e insiste en continuar adelante con su publicación pues, incomprensiblemente, según su información, se trata de un texto negociado y consensuado.

“La necesidad de aumentar la ratio de personal en los centros de atención a la dependencia es urgente y así se ha transmitido al Gobierno de forma reiterativa”, señala la FED. Esto incluye un escrito dirigido a la Consejera en el que se le instaba a cumplir el compromiso ya adquirido de subir los precios un 3%, el equivalente a los incrementos del IPC desde 2014. Se solicitaba además que se aplicara el 5% restante del presupuesto del que la consejería dispone íntegramente -su primer compromiso fue de subir un 8% y se está reclamando el 3- a aumentar el personal de atención directa en los centros.

A la vista de la “inoperancia política” y de los esfuerzos de la Consejería por ignorar las aportaciones del sector, éste se ve obligado a requerir soluciones inmediatas a la precariedad de los centros y servicios, cuyas víctimas son las personas usuarias.

Que no demore más sus compromisos

De esta forma, las tres organizaciones más importantes del sector de atención a las personas en situación de dependencia en Cantabria, Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD) y LARES, han pedido al Gobierno regional que cumpla sus compromisos de mejora de la financiación de los servicios, para así poder aumentar el número de trabajadores en los centros de manera inmediata.

Según ha explicado FED Cantabria a través de un comunicado, el número de trabajadores de los centros se encuentra en los niveles de 2012, momento en el que, debido a la crisis económica, se produjo una bajada de más del 11% en los precios de las plazas concertadas. El recorte económico ponía en serio peligro la sostenibilidad de los centros por lo que, desde el Gobierno, se procedió a disminuir la exigencia legal del número de trabajadores. A pesar de que estas medidas se acordaron como algo excepcional consecuencia de la crisis económica y para aplicar durante el menor tiempo posible, se han consolidado hasta el día de hoy.

Desde el comienzo de la presente legislatura el sector ha reivindicado la necesidad de aumentar el personal que presta servicios a las personas dependientes y llegar, como mínimo, a los parámetros anteriores a los recortes y a la crisis.

En diciembre de 2017, se comunicó desde la Consejería que los precios de las plazas concertadas podían aumentarse en más de un 8%, pero se subordinaba la subida a que las entidades del sector dieran su conformidad a un proyecto normativo que ha generado reiteradas discrepancias entre el sector y el Gobierno de Cantabria, por carecer de criterios técnicos, generar inseguridad jurídica y no resolver problemas endémicos como, por ejemplo, la coordinación sanitaria. Al mantener el sector su postura, en el pasado mes de enero la Consejería informa de que no se realizará el aumento del número de trabajadores en los centros, ni se modificará la normativa, y que sólo procederá a una subida de precios del 3%, para actualizar el IPC de los últimos años.

Las organizaciones del sector consideran que si existe presupuesto para realizar una subida de precios superior al 3%, la diferencia debe aplicarse a mejorar los cuidados de las personas dependientes, que han visto afectada la atención que se les presta y han sufrido los recortes de ratios de personal en los últimos 5 años.

Ante la situación actual, en la que el Gobierno no ha cumplido todavía con su compromiso de incrementar en un 3% los precios y la última negativa a aumentar los ratios de trabajadores, las organizaciones del sector vuelven a demandar al Gobierno de Cantabria, que cumpla el compromiso de la vicepresidenta, Dª Eva Díaz Tezanos, destinando de manera inmediata y efectiva las partidas disponibles a la subida de precios de las plazas concertadas, lo que supondría el aumento del número de trabajadores que atienden a los ciudadanos en los servicios de atención a la dependencia.

Este incremento, además de mejorar la calidad del servicio prestado a las personas dependientes, supondría la creación de manera inmediata de más de 200 nuevos puestos de trabajo en Cantabria y atenuaría la sobrecarga de tareas del personal de los centros.

Las tres organizaciones, con una representatividad cercana al 75% del sector de la dependencia, llevan años trabajando de forma conjunta con la Administración, para lograr avances en la prestación de los servicios. Así fue posible que, en el año 2010, Cantabria fuera pionera a nivel nacional en establecer un sistema de gestión de Calidad en los Centros de Atención a la Dependencia.

Solicitamos al Gobierno de Cantabria que promueva de forma efectiva a que se cumplan los actuales estándares de atención y ratio de trabajadores a todas y cada una de las entidades que reciben financiación pública, alguna de las cuales después de 8 años no han certificado los niveles de calidad y trabajadores que se exigen en Cantabria desde 2010. Estas desigualdades han provocado un claro perjuicio a la mayor parte del sector que optó por colaborar en la mejora de la Atención a las personas que reciben algún apoyo de la Ley de la Dependencia.

El sector reitera, como viene haciendo desde el inicio de la legislatura, su disposición honesta y real a colaborar con el Gobierno para abordar los problemas existentes y seguir progresando de manera eficaz y coordinada en beneficio de los ciudadanos de Cantabria.

Las organizaciones Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD) y LARES, prestan servicios a personas mayores y personas con discapacidad. En ellas se agrupan 80 centros, 5.200 usuarios y 2.300 trabajadores.