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Un IVA del 4% afectaría positivamente a unos 14.400 valencianos

Un IVA del 4% afectaría positivamente a unos 14.400 valencianos
jueves 22 de marzo de 2018, 02:49h
AERTE entregó en Servicios Sociales y Autonomía Personal el mismo informe que CEAPs presentó en el Ministerio de Hacienda.
AERTE, aprovechando que CEAPs instaba al Gobierno de España a igualar el IVA que se paga por los servicios de atención a personas en situación de dependencia con una propuesta basada en un informe entregado al Ministerio de Hacienda, hizo entrega igualmente de una copia de dicho informe a la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando.
En la actualidad, si quien paga una plaza en un centro residencial o en un centro de día es la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas se aplica un IVA del 4%, sin embargo, si el que paga la plaza es un ciudadano, el IVA supone un 10%.
Esta situación, recogida en la Ley del IVA, supone romper el principio de un mismo servicio, un mismo IVA por lo que CEAPs como entidad más representativa a nivel nacional del sector de atención a la dependencia ha estado trabajando en los últimos meses para que el Ministerio de Hacienda equipare ambas situaciones en un IVA del 4%.
En la Comunidad Valenciana afectaría, por ejemplo, positivamente a unas 14.400 personas que actualmente utilizan una plaza residencial privada para mayores. Teniendo en cuenta un precio medio de plaza de 1441,42 euros mensuales, según el informe de Inforesidencias.com, la diferencia de aplicar un 10% a un 4% sería de 86.48 euros mensuales, lo que supone un total de 1037,76 euros al año.
Si tenemos en cuenta que la pensión media de la Comunidad Valenciana es de 858,79 según los datos de Febrero de la Seguridad Social, esta reducción tendría el mismo efecto que cobrar una paga y quinto más al año.
Además supone un castigo doble para las personas que se encuentran en espera de que su expediente de dependencia sea resuelto, 25.636 según los datos de este mes de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, ya que mientras se encuentran en esa situación deben afrontar los costes totales de la plaza y además se les impone un IVA mucho más alto.
Cada año mueren en la Comunidad Valenciana unas 3.000 personas sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho.
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