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Aragón se plantea el aumento de ratios aunque aún no ha comunicado los detalles a las patronales

Enfermera en una residencia de mayores.
Enfermera en una residencia de mayores.
jueves 31 de octubre de 2019, 04:52h
ARADE y Lares insisten en que no se puede exigir si no se da a cambio: "hacen falta medidas económicas".

Fuentes del Gobierno de Aragón han confirmado a Dependencia.info que “las ratios” de personal en los servicios de atención a las personas mayores “es uno de los temas que se va a abordar dentro de la futura Ley de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales”, que de momento “es un tema muy incipiente porque se está empezando a trabajar en ella, pero es uno de los temas que se quiere tratar”.

Recientemente se ha hablado delas intenciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que baraja impulsar esta legislatura esta ley en la que abordará elevar la proporción de trabajadoras que deben prestar servicio en las residencias en función del número de personas atendidas.

Las mismas fuentes insisten en que “como es un tema muy incipiente, todavía no se ha empezado a consultar con las entidades” porque “es un proceso que se va a empezar ahora”.

La gerente de ARADE, Paquita Morata, apunta que “el borrador de la Ley de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales no habla en concreto de ratios, habla de acreditaciones, de infracciones, de lo que son condiciones funcionales y materiales...”.

ARADE: “No se puede exigir si no se da a cambio"

Morata, ha recordado a este medio de comunicación que la cuestión de las ratios lo regula en Aragón un decreto, el 111 del año 1992 que, de momento, no se ha tocado. “En todo caso se actualizará este decreto, que se hará cuando pueda ser”, insiste, pero, en este sentido, apunta que “aquí estamos siempre en la misma guerra, ya que el tema de las ratios está muy vinculado al apoyo que se da por parte de la administración”.

Lo aclara: “No se puede exigir si no se da a cambio. Los primeros interesados en que pudiera haber ratios superiores, subidas de salario, etc... somos nosotros porque podríamos dar un mejor servicio. El inconveniente está en que luego eso nosotros no lo podemos aplicar a las tarifas que puede pagar el usuario”.

La portavoz de la patronal cree que “se puede considerar que los ratios que tenemos actualmente de 35 personas por cada 100 es bajo, pero la mayoría de las residencias lo supera”. Aun así, subraya que “en el servicio del día a día una cosa es que se supere y otra cosa es que te lo impongan por sistema cuando lo que te están pagando por precio de plaza concertada y de apoyo en cuanto a prestaciones vinculadas es ínfimo”.

Paquita Morata no duda de que “con el tiempo haya cambios”, pero “de momento” tiene claro que la administración no les va a exigir un aumento de ratios, entre otras cosas, añade, “porque ellos mismos saben las tarifas que se puede aplicar en esta comunidad autónoma”. “Aquí, las personas del ámbito rural que tienen unas pensiones ínfimas no pueden costearse una residencia”, concluye.

Lares: "tiene que ir acompañado de medidas económicas"

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general de Lares, Juan José García Ferrer, que ha explicado a Dependencia.info que “en función de los perfiles que los sistemas de Dependencia están remitiendo a los centros, las ratios, en general, tienen que ser objeto de revisión en todos los niveles”.

Dicho esto, García Ferrer ve dos elementos que considera igualmente importantes: “Es muy frecuente que las administraciones legislen cuando no tienen dinero. Es una forma de generar elementos noticiables. En contextos actuales, está bien, pero tiene que ir acompañado de medidas económicas para que aquello que se modifica vaya incorporado en el incremento de los precios de los conciertos. Y en segundo lugar, no menos importante, que la administración de una vez por todas tiene que reconocer que el sistema de dependencia no resuelve la totalidad de sus necesidades sociales”.

El secretario general de Lares recuerda que “más de la mitad de las personas que son atendidas en centros solidarios de toda España son personas que no pueden acceder al sistema legal de dependencia y necesitan recursos residenciales o de día”. De esta forma, añade, “pensar que la Administración cubre las necesidades sociales con el sistema de dependencia es el primer tópico que hay que destruir”.

“Si la administración no nos ayuda a soportar económicamente esa carga y ese desahogo que todo el mundo está haciendo en las entidades, esas personas necesitadas acabarán en casas y serán muerte, serán fallecimientos, será soledad y será, en definitiva, un fracaso de los servicios sociales públicos”, subraya el responsable de Lares.

Y termina: “Pensando en la gente y en el ciudadano, hay que revisar ratios. Pensando en la prestación de los servicios, alguien se tiene que acordar de los que no reciben ninguna financiación y pagan 700 u 800 euros por estar en una residencia. A la administración esto no le importa porque bastante tiene con la Dependencia. Por ello, esto va a ser un fracaso del sistema público de atención social”.

Vea aquí residencias de Aragón

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