La intervención de la administración ha tenido un papel fundamental en la forma en que actualmente se atiende a personas mayores en residencias de las diferentes comunidades de España.
Entender esta forma de intervenir es necesaria para poder establecer alternativas.
Antes de que la administración empezase a construir y gestionar residencias de “pensionistas” sólo existía la experiencia de la beneficencia de las órdenes religiosas, que no eran realmente establecimientos para mayores sino para “menesterosos”.
Las residencias públicas marcaron durante años un modelo basado en la atención a personas básicamente válidas, aunque con necesidades sociales y quizás de algún apoyo parcial.
El fenómeno del incremento del envejecimiento y de la dependencia como realidad creciente supuso, por un lado, la reorientación de las residencias públicas y, por otro, la aparición de un sector privado lucrativo que creció de forma exponencial a partir de finales de los años 80 del siglo pasado, coincidiendo con la implantación del nuevo régimen constitucional en el que la competencia sobre servicios sociales recayó de forma exclusiva en las comunidades autónomas.
En un principio, la iniciativa privada mercantil estaba formada por pequeños empresarios sin una formación académica previa, que crearon centros de pocas plazas aprovechando inmuebles ya existentes. Quizás fue esta primera realidad lo que generó que las reglamentaciones autonómicas que se fueron promulgando estableciesen un régimen de autorización, condiciones arquitectónicas, requisitos de personal, documentación, o criterios de calidad basados en la desconfianza.
En años sucesivos se fue consagrando un modelo asistencial basado en una residencia que (cumpliendo la normativa) parecía un híbrido entre hotel y hospital, en la que existía un equipo interdisciplinar que elaboraba un programa individual de cada residente. En la residencia trabajaban profesionales de varios perfiles (sanitarios, sociales y asistenciales). Además existía un programa de centro, una serie de protocolos y registros y una serie de documentación de funcionamiento establecido en alguna reglamentación.
Este modelo no nació del trabajo de cada centro sino de la intervención administrativa plasmada en reglamentaciones de autorización, requisitos para el concierto o para la gestión de centros públicos por parte de empresas o entidades privadas.
Cada comunidad fue aprobando sus reglamentaciones y requisitos, lo que fue creando diecisiete realidades diferentes con algunos aspectos comunes. Cada nueva reglamentación se ponía encima de la anterior, aunque en muchos casos, sin obligar a las residencias que ya funcionaban de forma que, en la práctica, existen centros muy diferentes en cada comunidad que funcionan legalmente aunque con una estructura variada. Creo que no es aventurado clasificar grosso modo las residencias de hoy en tres grupos:
- Tipo “familiar”. Hasta 40 plazas gestionadas por el propietario, cumplen la norma del momento de su autorización y viven los nuevos requisitos (protocolos, profesionales) como un reto constante.
- Tipo medio. Pertenecientes a pequeños o medianos empresarios que tienen uno, dos o tres centros en una zona determinada y no aspiran al liderazgo.
- Tipo “grupo”. Suelen ser centros grandes pertenecientes a una empresa que tiene o gestiona varios centros y persigue el liderazgo en una zona determinada o toda España intentando diferenciarse.
Un indicador claro para clasificar las residencias es saber si el dueño suele estar o no “en” la residencia.
Hasta hace poco tiempo algunas residencias han sido más “hoteleras” o más “sanitarias”, pero con diferencias más palpables en la decoración y distribución que en el servicio que prestan.
El advenimiento de la filosofía de la ACP ha cambiado las cosas: primero introduciendo la cultura del “trabajo sin contenciones”, al mismo tiempo con la implantación en muchos establecimientos de nueva construcción de un funcionamiento modular o de “unidades de convivencia”, que consiste en que los residentes vivan en módulos de 20 a 30 residentes con sus dormitorios, sala de estar, comedor y personal asistencial diferenciado, dentro de un centro en el que hay varios módulos. De esta forma se consigue la ventaja de los centros pequeños y los servicios de los grandes.
Establecido esto, ¿cómo podríamos plantear nuevos modelos de atención?
Lo primero que podría ponerse en duda es el paradigma de la “profesionalización”: casi todas las normativas piden que las residencias tengan médicos, enfermeras y fisioterapeutas. Muchas exigen trabajador social, terapeuta ocupacional, psicólogo o educador social. Ante una situación demográfica que va a ver un exacerbado crecimiento de la proporción de mayores y la consecuente reducción de personas jóvenes (potenciales cuidadores), tendremos que preguntarnos: ¿Son necesarios todos estos profesionales como personal obligatorio para prestar un servicio de calidad a los mayores?
No propongo que los servicios se ‘desprofesionalicen’ sino que se estudie de forma seria y rigurosa qué aporta cada uno de los perfiles al servicio para determinar si es correcto obligar a su presencia. Una forma de poder hacer esto es aplicar escalas de calidad de vida de la persona y ensayar diferentes modelos en los que intervengan unos u otros profesionales.
Hay una cuestión que podría plantearse también, aunque no se refiere exactamente al mismo problema: ¿exigimos todos esos perfiles profesionales porque los servicios sanitarios públicos no atienden a los residentes debiendo el propio centro convertirse en prestador de servicios sanitarios? En otras palabras ¿podría una parte del personal sanitario de la residencia ser financiado directamente por parte de la sanidad pública descargando la cuenta de resultados de los prestadores?
Digo que es otro problema porque, pague quien pague a las enfermeras/os, médicos o fisioterapeutas que necesitan las residencias, el problema principal va a ser de dónde van a salir esos profesionales cuando, dentro de unos años, sencillamente no haya suficientes debido al déficit demográfico. Piénsese que llevamos unos cuantos años viendo cómo se jubilan más enfermeros o médicos que los que salen de las universidades.
Por otro lado podría ponerse en duda el paradigma del funcionamiento basado en el plan de intervención. Esto puede ser una derivación de la anterior propuesta ya que, en muchas ocasiones, una derivada de la presencia de diferentes profesionales que trabajan en equipo es una “parcelización” del residente que se convierte en un protagonista pasivo de la actuación de diferentes “expertos”.
La filosofía de la Atención Centrada en la Persona ha empezado a dar fundamento a un cambio en el que el profesional de referencia, normalmente una auxiliar, ocupa junto al residente, el centro de la atención en un cuidado menos burocratizado. Aún así, los pasos son tímidos.
Si determinamos que la residencia es un sustituto del hogar para personas mayores dependientes que no pueden continuar con la vida que tenían hasta el momento previo al ingreso debido a sus circunstancias, podríamos pensar que lo más adecuado sería darles eso: un sustituto del hogar en el que sucediesen cosas parecidas a las que suceden en un hogar.
¿Podríamos aplicar escalas de valoración de la calidad de vida a residentes de centros en los que hay muchísimas actividades/programas y de centros en los que casi no hubiese actividades reglamentadas?
Sé que a los profesionales, en principio, nos plantearía reparos aceptar que una residencia puede ser un lugar más bien aburrido en el que los residentes hacen más o menos lo que hacían antes de ingresar. Pero lo importante no es lo que nos parecería a nosotros sino lo que les parecería a los usuarios.
Con esto llegamos a la tercera reflexión: ¿de verdad está el residente como máximo protagonista en la planificación y funcionamiento de las residencias?
El servicio que presta una residencia es complejo en la medida en que intervienen perfiles muy diferenciados: los residentes (con y sin deterioro cognitivo), los familiares, el equipo asistencial, la dirección, los propietarios, la administración y el entorno.
Repensar la residencia pasa por preguntarse respecto a cada elemento de funcionamiento: ¿esto es así para satisfacer a quién?
Esta pregunta nos puede llevar a respuestas como que los horarios de comidas son los más prácticos para los empleados; los de visita son los mejores para los familiares pero no para los residentes; la asignación de habitaciones se hace siguiendo criterios de eficiencia para la organización sin que lo más importante sea la voluntad de los residentes…
Poner al residente en el centro de la atención puede generar tensiones, conflictos y, en algunos casos, incompatibilidades entre la voluntad de diferentes resientes. No obstante, la reflexión sobre quién se toma como protagonista en cada una de las decisiones puede llevarnos a reinventar la atención en cada residencia.
Últimamente he participado en los seminarios sobre ACP que estamos impartiendo desde Inforesidencias y resulta verdaderamente interesante ver cómo las cosas están cambiando, no tanto por las respuestas que estamos dando a los problemas del día a día sino por las preguntas que se están planteando algunas organizaciones.
Hasta hace poco eso de la ACP era una especie de teoría que se explicaba, ahora, vayas donde vayas encuentras alguna buena práctica que te hace pensar “en una residencia así, sí me gustaría ingresar”.
Si (
No(