Nota previa: Uso la palabra “gerocultoras” en femenino debido a que me resulta extraño hablar de “gerorocultores” al escribir sobre una profesión en la que el número de hombres es muy escaso. Lo hago por analogía con algo que he observado en la profesión de enfermería en la que he oído a algunos hombres con cargos de responsabilidad en colegios y asociaciones profesionales hablar en femenino y plural al referirse a la profesión: “nosotras las enfermeras”. También hablo de “gerocultoras” en vez de hablar de “auxiliares” u otros nombres debido a que así es como aparece en el convenio colectivo Marco y en algunas normativas. Cuando digo “gerocultora” me refiero con todo respeto a “personal auxiliar de atención a personas en situación de dependencia”. Si resulta que hay una forma más correcta, la adoptaré al instante.
Dicho eso, empiezo:
Hace ocho años, en abril de 2011, escribí un post titulado “La leyenda urbana de la cualificación profesional de las gerocultoras”, tres años después, escribí “El monstruo del lago Ness y las gerocultoras” y después “Lo último sobre la cualificación profesional de las gerocultoras”. He seguido haciéndolo desde entonces de forma periódica como si fuese una especie de variaciones sobre el mismo tema: Se anuncia que a partir de no sé qué fecha, será obligatorio que todas las gerocultoras/auxiliares que trabajan en atención a la dependencia tengan determinada titulación. Las que en ese momento no la tengan, deben pasar por un proceso de reconocimiento de capacitación que tendrá unos requisitos que deberá cumplirse antes de la fecha anunciada. Pero… a medida que se acerca la fecha, esos requisitos se atenúan y la fecha se retrasa.
Cuando se acercaba 2015, algunos dijeron que quien no tuviese capacitación perdería su trabajo, pero, como si de una película de serie B se tratase, en el último momento se aprobó una resolución que retrasaba la fecha hasta 2017 y establecía un proceso especial, una especie de “puerta de atrás” para colar a quien tuviese más de 55 años y demostrase que llevaba un tiempo trabajando en la atención a dependientes.
Dos años después, salió la segunda parte de la película, desde el Consejo Territorial de la Dependencia se dieron cuenta de que no se podía alcanzar a tiempo la cualificación del 100% así que decidieron dar una patada a la lata y avanzar el plazo hasta finales de 2022. Además, vinieron a hacer algo que supone en la práctica ampliar a todo el mundo lo que en 2015 pensaron como excepcional reservado a mayores de 55 años. Esto es, permitir una habilitación excepcional de personas con una experiencia demostrada, así como la habilitación provisional para personas que habiendo trabajado, no cumpliesen con el requisito de la experiencia, y se comprometiesen a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral que se convocasen desde el ámbito autonómico o estatal, o a realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional. Vamos, que todo el mundo volvía a tener un plazo hasta 2022.
Los requisitos concretos para esas nuevas habilitaciones eran:
- Requisitos para optar a la habilitación excepcional:
- Acreditar que, a 31 de diciembre de 2017 se tenía una experiencia de al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente.
- O sin alcanzar el mínimo de experiencia exigida, hubieran trabajado y tengan un mínimo de 300 horas de formación relacionada con las competencias profesionales que se quieran acreditar en el mismo periodo.
- Requisitos para optar a la habilitación provisional:
- Acreditar que se ha trabajado en la categoría profesional con anterioridad al 31 de diciembre de 2017.
- No haber alcanzado a poseer los requisitos para la habilitación excepcional.
- Comprometerse, mediante declaración responsable, a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral, que se realicen desde el ámbito estatal o autonómico, o a realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional, a partir de la publicación del Acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2022.
- Podrán solicitar la habilitación provisional a la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la empresa donde haya prestado sus últimos servicios.
Desde que se publicó la Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (BOE nº 317, sábado 30 de diciembre de 2017) que crea estos nuevos sistemas de habilitación, las comunidades autónomas lo han ido incorporando en sus normativas (algunos ejemplos son Andalucía o la Comunidad Valenciana). Recientemente ha sido el turno de Cataluña, que lo ha hecho mediante Orden TSF/216/2019 publicada el pasado 12 de diciembre.
Viendo cómo están las cosas, tengo la sensación de que no estamos ante el final sino meramente en otra estación intermedia que vendrá seguida, antes de acabar 2022 por una nueva, cuando nuestros queridos gobernantes se den cuenta de que, ni siquiera estas medidas excepcionales y provisionales, consiguen vencer al monstruo con el que nos enfrentamos que no es otro que la demografía que nos espera.
Me explico:
Imaginemos que, como país, somos muy humildes y poco ambiciosos por lo que sólo queremos mantener lo que tenemos, o sea, 4,2 plazas de residencias de mayores por cada 100 habitantes de más de 65 años, es lo que tenemos ahora si tenemos en cuenta que según datos oficiales, a día de hoy hay 372.985 plazas y 8.900.000 mayores de 65 años o más. En 2026, cuando superaremos los 10 millones, necesitaremos 420.000, o sea que debemos añadir 46.000, o lo que es lo mismo, unas 7.500 al año.
¿Lo conseguiremos? Soy escéptico debido a la experiencia: En 2013 la patronal catalana ACRA difundió un estudio en el que preveía que antes de 2020 deberían construirse en su comunidad 7.409 plazas nuevas para cubrir la necesidad vinculada con el aumento de mayores de 85 años. La cifra real no alcanzó ni las 3.000. Recientemente, Comisiones Obreras ha hecho un anuncio similar.
Aún así, quiero ser optimista, quiero pensar que el número de plazas en residencias seguirá subiendo hasta alcanzar las 630.000 de aquí a 25 años, cuando el número de personas mayores alcanzará su culmen.
Cuánto más optimista me pongo en cuanto a plazas se refiere más me planteo: ¿quién trabajará en esas residencias?
Me imagino que más o menos una gerocultora por cada tres residentes, una ratio que podríamos considerar adecuada. Eso quiere decir que, cuando se acaben todos los procesos excepcionales y lo que funcione sea la regla genera, deberemos cubrir con personas que tengan formación reglada a todas las gerocultoras que se jubilen más unas 2.500 al año que serán necesarias para las nuevas plazas. Sumemos a esta cifra todas las profesionales que vayan a trabajar en categorías similares a las de las gerocultoras en centros de día, ayuda a domicilio y asistentes personales.
¿Soy el único que ve que vamos a tener un serio problema?
En un mundo ideal la gerocultora es, junto el residente, el centro de la atención de una persona mayor dependiente que vive en una residencia. Debe ser una persona con unos conocimientos, pero también con unas habilidades y competencias adecuadas. Todo ello no se tiene de forma natural; puede haber una predisposición, pero hay que prepararse y formarse de forma continuada.
Hoy cuesta bastante encontrar profesionales adecuados para trabajar en residencias. Las enfermeras son un caso especial, pero en muchos lugares de España también es difícil encontrar a alguien que quieran trabajar en la atención a personas mayores como gerocultora. Si ponemos como requisito adicional que tengan una formación reglada de formación profesional de segundo grado en los ámbitos de la sanidad y servicios de atención a la dependencia, el problema se incrementa sustancialmente.
Como lo mejor suele ser enemigo de lo bueno, creo que en los próximos años y, a medida que el problema se haga más evidente, alguien va a plantear “soluciones no ideales”. A mí ahora mismo se me ocurren éstas:
Crear un nuevo plazo excepcional
La primera, y creo que más probable, es que cuando falten pocos meses para finales de 2022, una nueva resolución del Consejo Territorial, ampliará el plazo hasta… ¿2025? “Lo hemos intentado, pero no ha podido ser, démonos una nueva oportunidad”.
Crear un nuevo régimen excepcional reconociendo la competencia de los cuidadores familiares
Otra nos llega como idea desde la Comunidad Valenciana donde anunciaron a principios de 2019 que tenían un plan para "reconocer públicamente la figura de la persona cuidadora familiar otorgándole la posibilidad de obtener la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o en instituciones sociales", vamos, que querían dar esa cualificación a quien demostrase haber cuidado a un familiar dependiente. La propuesta fue recibida con rechazo por parte de la patronal más representativa de la Comunidad Valenciana, AERTE, como una forma de banalización de la cualificación. A mí no me extrañaría que, cuando dentro de pocos años, la falta de personal cualificado empiece a verse como un problema insalvable, la idea valenciana se pase a ver con otros ojos.
Extender la excepción rural a toda España
Una tercera solución posible nos la permite adivinar la propia resolución de 2017 cuando establece en su punto 5º una excepción en forma de Régimen Especial de zonas rurales e insulares.
En el medio insular rural y en los municipios rurales de pequeño tamaño, cuando no dispongan de las personas con la acreditación requerida para las categorías mencionadas anteriormente, y se acredite la no existencia de demandantes de empleo en la zona con estas características, mediante certificado de la Oficina de Empleo correspondiente, las personas que no cuenten con la cualificación profesional exigida podrán ser contratadas, hasta que sus puestos puedan ser ocupados por profesionales cualificados, o adquieran la cualificación correspondiente. Para ello, las Administraciones competentes, en colaboración con las empresas, impulsarán las acciones oportunas para promover la acreditación de estos profesionales.
¿Soy el único que cree que dentro de poco este régimen se cambiará “un poco”?
Al igual que lo que en 2015 se preveía sólo para las gerocultoras de más de 55 años ha acabado siendo para todas, ¿no es lógico pensar que, cuando vean que no llegan, sencillamente borrarán la primera línea del párrafo y dejarán algo como: En municipios que no dispongan de las personas con acreditación requerida mencionadas anteriormente, y se acredite…?
Ese sutil cambio haría que, en toda España, cuando una residencia, centro de día o empresa de ayuda a domicilio no encontrase a personal con la titulación adecuada podría contratar a cualquiera y darle después formación para que hiciese bien su trabajo. Estos trabajadores vivirían teóricamente bajo la espada de Damocles de poder ser despedidos si aparecen candidatos con la titulación adecuada (eso parece decir el texto). Estoy seguro de que, antes de que eso sucediese, otro sutil cambio normativo consolidaría su situación.
Supongo que, de momento nos toca esperar a finales de 2021 para ver qué hacen. Mientras tanto, nos quedaremos escuchando el tic tac del reloj demográfico cada vez más fuerte y más cercano.
Sé que es algo serio que afecta a mucha gente en su atención y puesto de trabajo, pero dado que estamos en fechas pre-navideñas me permito saltarme el rigor que exige el tema y proponer jocosamente que no esperen a 2021 si es que piensan rebajar los requisitos. El momento ideal para hacerlo será 2020, año en el que celebraremos el 200 aniversario del invento del café descafeinado por parte de Friedlieb Ferdinand Runge quien, a petición del laureado poeta alemán Goete, realizó en 1820 el primer aislamiento de la cafeína pura a partir de los granos de café.
Si has llegado hasta aquí, recibe mi agradecimiento por tu paciencia y mis mejores deseos para estas Fiestas y el año nuevo.
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