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Cantabria propone un sistema de gestión de la calidad de las residencias y unificar precios por tipología de centros

Ana Belén Álvarez interviene ante los representantes del colectivo de la Dependencia de Cantabria.
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Ana Belén Álvarez interviene ante los representantes del colectivo de la Dependencia de Cantabria. (Foto: Lara Revilla)
miércoles 11 de marzo de 2020, 23:07h

La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno cántabro, Ana Belén Álvarez, ha presentado esta tarde a las entidades del sector de la Dependencia el borrador de la normativa de autorización y acreditación de Centros de Servicios Sociales, que recoge entre sus propuestas la inclusión de un sistema de gestión de la calidad para las residencias y centros de día y establecer un precio/plaza único según el tipo de centro.

En el encuentro, en el que han participado el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, y la directora del ICASS, María Antonia Mora, la consejera ha explicado que se trata de un “documento abierto” a las aportaciones de los diferentes actores y ha manifestado su deseo de que el proceso de debate que se inicia fructifique en un acuerdo.

“Nos necesitamos mutuamente y tenemos la obligación de caminar juntos en la misma dirección. No puede haber un desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia adecuado a las necesidades de la ciudadanía si no hay armonía entre la Administración y las entidades prestadoras de los servicios”, ha manifestado la titular de Políticas Sociales.

Ana Belén Álvarez ha explicado ante el centenar de representantes de los centros que han acudido a la reunión que la Consejería ha hecho un esfuerzo para eliminar los elementos de inseguridad jurídica que pudieran permitir interpretaciones diferentes, así como por simplificar la norma regulando exclusivamente aquellos aspectos específicamente referidos a servicios sociales y unificando las órdenes que regulan los requisitos materiales y de acreditación.

Además de proponer la inclusión de un sistema de gestión de la calidad para todos los centros con una serie de indicadores estadísticos y de gestión que permita a los centros el establecimiento de objetivos de mejora, se han fijado unos contenidos mínimos de los protocolos de los diferentes procesos de atención.

El documento también promueve una mayor autonomía en la organización y funcionamiento de los centros y una concepción modular, posibilitando que sean éstos los que puedan diferenciar y configurar módulos con diferentes modelos de atención en función de las características y de las necesidades de apoyo a las personas usuarias.

De igual forma se ha procedido a recalcular el coste/plaza en los diferentes tipos de centros teniendo en cuenta todas las variables no contempladas (convenios colectivos actuales, Salario Mínimo Interprofesional…), modificándose al alza los precios públicos de aquellos centros en los que éste estaba por debajo de los costes.

Otras de las novedades propuestas son la limitación de la capacidad máxima de los centros a 150 plazas, la ampliación de los perfiles universitarios exigibles a los directores y directoras o la obligación de presentar una memoria económica anual.

Mejora de la atención

Ana Belén Álvarez ha confiado en que el proceso de debate que se inicia ahora, con la constitución de un grupo mixto de trabajo entre la Administración y el sector, “será riguroso”. “Confío en que culminaremos con una nueva normativa que dé seguridad al sector y nos permita seguir avanzando en la extensión y mejora de la atención a las personas en situación de dependencia”, ha subrayado.

Finalmente, la consejera ha explicado que hubieran deseado hacer cambios “más profundos” orientados a mejorar la calidad de la atención, las retribuciones y las condiciones de trabajo de los y las profesionales, pero “tenemos una realidad presupuestaria que nos limita y nos condiciona”, ha apostillado.

Con la presentación del borrador del documento, que va a estar disponible en el portal de transparencia y en la web del ICASS, la Consejería de Políticas Sociales cumple con el compromiso que adquirió el pasado mes de octubre con las entidades de presentar una normativa que sirva para buscar una solución al conflicto generado tras los cambios normativos introducidos a finales de la pasada legislatura.

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