El uno de Enero de 2007 entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (más conocida como Ley de Dependencia y algo menos conocida como LAPAD). No hacía ni tres semanas que el parlamento la había aprobado y ya la teníamos plenamente vigente.
El nacimiento de la Ley fue una premonición de lo que iba a ser su vida durante el siguiente decenio.
Entró en vigor y empezó a generar derechos cuando no se había creado el baremo para valorar la dependencia; no se habían creado los órganos que debían propiciar su desarrollo ni se había redactado ninguno de los reglamentos indispensables para que pudiera surtir efecto alguno. O sea, que teníamos el Cuarto Pilar del Estado de Bienestar pero no podíamos apoyar nada encima.
De hecho, hasta cinco o seis meses después no se pudieron empezar a tramitar expedientes.
Por esos tiempos, una caja de ahorros (que ya no existe) me contrató par impartir una serie de conferencias sobre la entrada en vigor de la Ley. Yo, que albergaba por entonces bastante optimismo, empezaba las charlas diciendo que éramos una familia que debía estar muy contenta porque habíamos tenido una hija; pero también preocupados porque la hija era sietemesina y, si queríamos que sobreviviese para convertirse en una moza fuerte y sana, necesitaríamos mimarla y alimentarla bien; no exigirle demasiado durante sus primeros años y esperar.
En Alemania, cuando años atrás aprobaron su Ley de Dependencia, se dieron más de un año de plazo para preparar toda la maquinaria reglamentaria y administrativa antes de empezar a aceptar solicitudes. Aquí no hizo falta y los madrugadores presentaron su solicitud el 2 de enero cuando nada estaba preparado.
Con la perspectiva del tiempo sería injusto decir que todo ha salido mal. La verdad es que muchas personas dependientes, que sin ley se hubiesen quedado sin prestación, han recibido dinero, servicios o dinero en forma de prestaciones vinculadas. Eso, sin duda es bueno. Gracias a la Ley sabemos que en España un 2,5% de personas dependen de otras para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria. Así, tenemos al rededor de un millón doscientos cincuenta mil dependientes de los que algo más de ochocientos mil reciben prestaciones de servicios o económicas.
¿Cómo queremos ver el vaso? Si “medio lleno”, quedémonos con esa cifra; si “medio vacío”, pensemos en los casi cuatrocientos mil que, teniendo derecho, no reciben nada o en los más de cien mil que han muerto esperando.
Con la perspectiva de los diez años también podemos ver el esfuerzo por profesionalizar la atención a los mayores y dependientes mediante un proceso de capacitación profesional y reconocimiento de competencias de los cuidadores. De nuevo tenemos perspectiva para los “mediollenistas” que se centrarán en los miles de profesionales que ha acreditado sus competencias y para los “mediovaciistas” que verán un proceso complejo, inoperante, desigual entre comunidades y que se ha tenido que prolongar debido a su propia inoperancia; o que insistirán que, difícilmente podemos hablar de profesionalización cuando lo que más ha dado la Ley han sido micro ayudas para que los familiares cuiden a sus dependientes en casa sin recibir apenas formación.
Con la perspectiva de diez años podemos ver una Ley que nació cuando Zapatero nos decía que íbamos a superar a Francia en renta per cápita pero que tuvo que enfrentarse a una de las crisis más profundas de los últimos tiempos. Una Ley que ha aguantado sólo tras someterse a una modificación tan profunda que, para muchos la ha convertido en algo totalmente diferente de la original.
Si la LAPAD se hubiese redactado para que cada comunidad pudiese crear su propio sistema de Atención a la Dependencia, con un programa de financiación parcial por parte del Estado podríamos estar razonablemente satisfechos.
Pero la Ley no se redactó sólo para eso sino para crear un derecho común en todas las comunidades; el famoso "nuevo derecho de ciudadanía", el célebre "cuarto pilar del Estado de Bienestar". Si la examinamos desde la perspectiva de la creación de ese derecho común a todos con independencia de en qué comunidad residan, el suspenso es estrepitoso y resulta difícil descubrir algún poso en el culo del vaso.
Necesitábamos un sistema de valoración común que se aplicase de forma casi idéntica en todas las comunidades y nos hemos quedado con un sistema en apariencia común pero que se aplica de forma diferente.
Necesitábamos un sistema de financiación claro y suficiente en el que el Estado ponía tanto como pusiese cada comunidad autónoma y nos hemos quedado con uno tan complejo (con partidas finalistas y no finalistas) que al final sólo nos permite saber de forma clara que el Estado no ha puesto toda su parte aunque cuesta saber exactamente por cuánto.
La consecuencia es que ahora cada comunidad sigue haciendo en bastante grado lo que le parece oportuno en relación con la Dependencia sin que existan unos criterios verdaderamente comunes de acreditación, tramitación de expedientes o copago. O sea, que tras diez años armonizando seguimos teniendo diecisiete sistemas de la dependencia (uno por comunidad autónoma).
Y a todo ello, en diez años ha seguido aumentando el número de personas mayores en España, colectivo en el que se concentra la mayor parte de los dependientes con lo que disponer de un verdadero sistema de protección a la dependencia se nos convierte cada vez en algo más acuciante.
Algo sorprendente, si nos movemos un poco por el sector, es que la “dependencia”, parece que ha pasado de moda en jornadas y congresos y que ahora lo que toca es hablar de “cronicidad”, de “sociosanitario” y de “ACP”. No escucho hablar de grandes propuestas para modificar el sistema. Da un poco la sensación de que “lo de la Ley de Dependencia es esto” y que ahora toca hablar de otras cosas.
Mi íntimo deseo es que, aprovechando el aniversario, a alguien se le ocurra algo verdaderamente novedoso que sea capaz de encender de nuevo el debate. A ver si puedo seguir siendo optimista.
Si (
No(