Andrés Rueda (ASCAD): "La atención a la dependencia está en crisis: urge una respuesta estructural y valiente"

Desde hace años, el sistema de atención a la dependencia arrastra deficiencias estructurales que hoy ya se han vuelto difícilmente sostenibles. La sociedad envejece, las necesidades aumentan y nos esperan verdaderos retos demográficos, pero los recursos y la voluntad política para garantizar una atención digna no han acompañado esta evolución porque, al final y para que cada uno sea consecuente con sus decisiones, quien fija el precio y promulga normas tiene la máxima responsabilidad en el asunto, para bien o para mal esto es así.

Veamos algunos aspectos.

1.- La financiación está desactualizada y no cubre los costes reales.

Los módulos de financiación pública no han sido actualizados conforme al coste real de los servicios. En la práctica, esto ha supuesto para los centros de forma continuada y desde 2009, una pérdida de financiación acumulada superior al 21%. Honestamente, entendemos que se impone la restitución de este desfase con punto de partida este 2025. Los centros y servicios están asumiendo desde hace 16 años esta situación de progresiva desactualización y retroceso respecto al IPC y ya no podemos más, ya está demasiado comprometida tanto la calidad de la atención como la viabilidad de muchos de ellos y debemos denunciarlo.

Además, este hecho choca frontalmente con la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 del 8 de noviembre, que en su art. 86 se refiere a que todo precio del contrato debe permitir la correcta ejecución del servicio y no puede estar por debajo de coste.

Dato: el incremento del IPC en Cataluña en la horquilla 2009-2025 fue el 35,2% mientras que las tarifas de concertación sólo se han actualizado un 14,72%

2.- La jornada laboral se ha reducido, pero la financiación por usuario sigue estancada y en consecuencia las ratios asistenciales son peores.

La reciente disminución de la jornada laboral anual en 20 horas por trabajador, aunque necesaria para mejorar las condiciones del personal, implica una reducción efectiva de ratios de atención tanto directa como indirecta. La disminución del ya exiguo tiempo viene en paralelo con el incremento de cuidados necesarios de los nuevos perfiles de residentes y ello debería compensarse inmediatamente con una mejora paralela en la dotación de recursos. Menos horas disponibles sin más financiación que posibilite contrataciones compensatoria supone un doble daño: menos tiempo de atención para las personas dependientes y más sobrecarga para los profesionales. Es fácil de explicar y entender, ¿no?

Si a esto añadimos la incesante carga burocrática "accesoria y no troncal" vertida disruptivamente de manera que no parece tener fin sobre los profesionales del sector, el despegue de las horas reales de los cuidados directos es dramática empujándonos a la antítesis de la Atención Centrada en la Persona. Las exiguas ratios se calcularon como horas de atención "por persona" y no como "horas de atención a la burocracia creciente" ... que resta cada vez más horas de cuidado directos. El ciclo ya es asfixiante. Las cosas son como son. Y sobre todo esto planeando la gran plaga y azotea del absentismo. Somos uno de los sectores con índice más alto de absentismo laboral. ¿Alguien se ha preguntado por qué?

Dato: Si estimamos 30.000 profesionales en el sector, el impacto de la nueva jornada laboral es una "desaparición" de 600.000 horas de atención a las personas dependientes. (con diferente afectación en función del número de profesionales/centro). Demoledor.

3.- Inseguridad jurídica, también, en los procesos de acreditación de centros.

Los centros vivimos una situación de inseguridad jurídica tan constante como constantemente denunciada... e ignorada, de hecho, la vivimos como nuestro caldo de cultivo habitual. Es un caso de manual de indefensión aprendida. La acreditación está resultando ser un cilicio debido a cambios normativos que se arrastran de las anteriores composiciones de la Consejería, poco claros y con procedimientos de acreditación encorsetados artificial y burocráticamente muy alejados de la realidad asistencial. El seguimiento del itinerario sufrido por el "sistema-proceso" de acreditación de los centros por Derechos Sociales es lo más parecido a una representación kafkiana. Esta falta de estabilidad y criterios pone en riesgo la planificación, la inversión con objetivos y sentido y la continuidad de prestación de los servicios esenciales.

Tenemos unos acuerdos marco estatales, y firmados por Cataluña, sobre el nuevo modelo residencial que orienta unos procedimientos de acreditación contemplando conjuntamente el automatismo y el compromiso de reformas con objetivos en tiempo y plazo que garantice sin poner en riesgo el "continuum asistencial". Pues bien, se ha obviado este compromiso y procedimiento legal. Este procedimiento se denunció en su día tanto en la Consejería como en Sindicatura de Greuges. De momento seguimos igual, en el limbo informativo y con multitud de centros y centenares de plazas en el aire.

Dato: Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

4.- La carestía de servicios y su relación al precio-módulo de plazas concertadas ponen en peligro el modelo.

El encarecimiento general de los costes (electricidad 74%, alimentación en la horquilla 2019-24 de hasta un 71%, suministros de agua 30-40%, personal 31,3%, etc) hace inviable mantener servicios de una mínima calidad sin una revisión urgente de los precios públicos como indica la Ley 9/2017 y su predecesora Ley 30/2007. Además, este tema lo acreditan por los propios estudios encargados por la Consejería, concluyentes en los que la concertación de plazas está por debajo del coste real. Si no se garantiza una financiación suficiente, muchas residencias que están a las puertas del cierre moverán ficha y otras irán soltando el lastre que les implica concertar plazas públicas. Silenciosamente, pero sin pausa, la atención de la dependencia se irá desinflando.

Dato: Estudio sobre estimación del coste de los servicios residenciales y de día para las personas mayores.

5.- El sudoku de la atención sanitaria en residencias.

Vuelve a meternos en un proceso burocrático tedioso con resoluciones de DPI que sirven poco más que para meterlas en un cajón... de momento. La atención sanitaria corresponde a Salud. Nuestra propuesta es que Salud las asuma y resuelva la duplicidad de figuras por otras vías como es mediante vínculos laborales o contractuales con los profesionales de salud de las residencias. Nosotros no podemos ni sustituir ni tener a los profesionales en funciones "parciales" porque no forman parte del sistema, además las ratios de profesionales en residencias son tan dispersos que impiden procedimientos homogéneos por excesiva heterogeneidad de modelos en tiempo y dedicaciones en función de las capacidades de los centros.

También debemos recordar a nuestra Consejería que el perfil prfesional de nuestros equipos de gerocultor@s es el que es y no tiene ni formación ni competencias sanitarias. Salud no puede desembarcar, fagocitar y transformar la atención residencial para acabar deslizarnos a alternativas sanitarias low cost trasvasándonos trabajo que no es de nuestra competencia. Tenemos que resolver este asunto con otro enfoque.

Datos: Documento Practiqués Integradas (DPI), Check list valoración de proyectos.

6.- El retraso de los traspasos correspondientes al mes de enero a los usuarios de los centros concertados, que debía haberse abonado en marzo, además de ser la puntilla en muchos centros, también puede significar una vulneración del derecho subjetivo a recibir atención.

Alertamos de que el impago de la parte del coste de la plaza cofinanciada, a doble vía y porcentualmente entre el Estado y la Generalitat, puede afectar a la prestación efectiva del servicio, lo que podría llevar a un incumplimiento de obligaciones legales y vulneración de derechos sociales inducida indirectamente desde la administración, aunque sea por cuestiones debidas al que no haya unos presupuestos de la GenCat. Esta dilación económica supone traspasar una carga adicional imposible de soportar para los centros que, recordemos, en un 70% son pymes y/o empresas familiares y que vienen de 16 años de empobrecimiento. A la asociación nos llegan las alarmas de que, desgraciadamente y en demasiados lugares, los salarios de este mes en curso pueden dejar de abonarse si no se cumplen las previsiones, así como tampoco se podrá hacer frente al pago de los imperativos impuestos de mitad de mes si este impago no se soluciona en inmediatamente. A la sobrecarga de los equipos se une la angustia económica. No son los mejores ingredientes para el día a día.

Dato: A falta de datos oficiales desconocemos el alcance concreto de esta situación, pero sí recibimos muchos "imputs" sobre el asunto.

Las personas en situación de dependencia tienen reconocido un derecho subjetivo a la atención en los términos establecidos por la ley, y paradójicamente, es la propia ley quien nos obliga a nosotros a representarlos ante las autoridades, lo que hacemos con este escrito, señalando puntos diana que deberíamos emprender.

Sugerimos y proponemos la creación de mesas operativas de diálogo sobre asuntos o aspectos concretos como los que apuntamos, en las que podamos reflexionar, objetivar y concluir con espíritu constructivo antes de que se pase a fases de promulgación legislativa o normativa. Lo planteamos como una propuesta en positivo que intente prever cuestiones que luego son bastante más difíciles de acoplar.

La atención a la dependencia, especialmente en ámbito residencial que es el máximo nivel de cuidados, es un derecho fundamental que debe ser sostenido de acuerdo con la ley, con recursos adecuados, marcos legales estables y una planificación a medio y largo plazo.

No podemos seguir tratándola como un gasto secundario, somos generadores de empleo (por cada 1€ invertido se recuperan entre 1,30€ y 1,50€ en forma de impuestos, cotizaciones y otras partidas del gasto público) y con un retorno estimado por diferentes estudios de más del 30%, de los más altos de las actividades económicas.

Por el presente y el futuro de las personas mayores y dependientes, por la dignidad de los profesionales que los atendemos y por la responsabilidad colectiva de cuidar a quienes más lo necesitan, pedimos y esperamos actuaciones con urgencia, valentía y sentido de Estado.

Andrés Rueda es presidente de la Associació Profesional Catalana de Directores/as de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD)