Después de dos años de meticulosa preparación, el IMSERSO divulgó hace pocas semanas los resultados del “Censo de Centros Residenciales en España 2022”. Un proyecto “incomprensiblemente necesario”, ya que periódicamente el propio IMSERSO publica datos estadísticos sobre residencias de personas dependientes en España. Aun así, viendo los resultados, quedan claras dos cosas: por un lado, que el censo es necesario por lo que veremos a continuación; por otro, que, si las cosas siguen como hasta ahora, nunca sabremos de forma fiable y “en vivo” cuántas residencias funcionan, aunque sí sabremos que no tenemos suficientes.
La idea de llamarlo “censo” ya nos hace pensar en algo que se lleva a cabo cada cierto tiempo. O sea, que podemos saber, gracias a internet con exactitud y al momento, cuánta agua hay acumulada en todos los pantanos o cuánta energía fotovoltaica, eólica o nuclear se está produciendo y consumiendo de forma diaria, pero cuando queramos saber cuántas residencias hay, deberemos mandar hacer un censo, tomar datos, y estudiarlos a fondo. Por eso, los datos que nos ofrecen ahora son del 2022.
El motivo que hace necesario este peculiar método es que, como me gusta decir de forma provocativa: “España no existe cuando hablamos de residencias”. Debido a que la materia “asistencia social”, recogida así en la Constitución y que hoy entendemos como “servicios sociales”, corresponde en exclusiva a cada una de las comunidades autónomas, llevamos desde que éstas se crearon, generando diecisiete sistemas bastantes diferentes. Hay diecisiete Leyes de Servicios Sociales vigentes, otros tantos decretos de autorización y de tipologías y, a pesar del intento de la Ley de Dependencia, diecisiete formas de entender los servicios residenciales para personas mayores y en concreto lo que es una residencia.
El problema de saber qué es una residencia se lo encontró ya el fiscal general del estado cuando dictó una instrucción sobre uso de contenciones en residencias, en la que decía: “Estas residencias se concretan bajo diferentes denominaciones en las CCAA en distintos tipos de recurso: residencias, mini-residencias, centros psicogeriátricos (o secciones dentro de estos centros), centros sociosanitarios (sección de mayores, si está diferenciada), etc”.
También el propio IMSERSO, en un informe sobre servicios sociales para mayores, indicaba que había 5.430 residencias con 398.575 resaltando discrepancias notables en diferentes ámbitos entre Comunidades Autónomas. Esa discrepancia y otros factores provocan que, a pesar del esfuerzo, el censo, que debiera caracterizarse por la precisión, ha generado desde el principio una preocupante incertidumbre: Partiendo de una base inicial de 8.114 centros, según las bases de datos que publica el propio IMSERSO, tras una rigurosa depuración que eliminó registros duplicados y establecimientos inactivos, el censo concluye que en 2022 había 6.831 centros operativos.
La eliminación del 15,8% de los centros sugiere que más de uno de cada seis centros registrados por las Comunidades Autónomas podría no cumplir con los criterios de un centro residencial que considera el IMSERSO, o estar duplicado lo que haría quedar en bastante mal lugar a las comunidades autónomas.
Después de esta depuración, el censo revela que en España hay 6.831 centros residenciales activos, de los cuales 5.188, o el 76%, son residencias para personas mayores. El resto se divide entre centros para personas con discapacidad y centros mixtos. No obstante, al finalizar 2022, las cifras sobre el número exacto de residencias varían: ¿5.188 o 5.430? Además, se reporta una cantidad inicial de 323.272 plazas, que se eleva a 381.514 después de estimar las plazas de 792 centros sobre los cuales no se dispone de información detallada. Esta manera de calcular, que aumenta la cifra en un 18% basándose en estimaciones, carece de la rigurosidad esperada de un censo oficial.
Parece que la capacidad de planificar le futuro de la atención a la dependencia cada vez se enfrenta a más problemas.
Si el año pasado la OMS nos dijo que ellos nunca habían establecido el 5% como porcentaje objetivo de residencias con relación al número de personas mayores de 65%, resulta que ahora tampoco sabemos exactamente el número de residencias que tenemos para calcular y planificar.
Como conozco a la directora general del IMSERSO y a gente que trabaja en ese instituto, creo que lo que ha sucedido tiene una explicación que deberíamos conocer. Si ahora conseguimos tener un censo actualizado, digamos cada dos años, y todos nos ponemos de acuerdo con que la metodología usada para determinar el número (incluida la depuración) es la correcta, entonces “El Censo de residencias” puede acabar convirtiéndose en una herramienta fundamental en el sector geroasistencial. Si, por el contrario, unas cuantas comunidades restan autoridad al documento y pasa tiempo sin que se publique la segunda edición, entonces habrá servido para poco.
El tiempo dirá, de momento agradezco al IMSERSO la elaboración publicación, y a la Asociación de Directoras y Gerentes e Servicios Sociales por el análisis que ha hecho y ha ofrecido a todo aquél que quiera leerlo.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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