En 2022 se creó una entidad que lleva por nombre Unión Ciudadana por la Mejora en Residencias (UCMR) con la finalidad de “destapar cosas que existen hace años” en residencias de personas mayores entre las que mencionaban la falta de personal y el deficiente funcionamiento de las inspecciones.
Esta misma entidad ha lanzado hace poco un llamamiento para instaurar un protocolo que asegure el secreto en las inspecciones a residencias. Es una cuestión que me interesa mucho. Yo abogo por que las actuaciones de la inspección de servicios sociales sean públicas y accesibles a todos. Lo que dicen desde la UCRM, abriendo de nuevo un debate que se repite periódicamente, es que los responsables de los servicios de inspección no deberían saber qué residencias en concreto van a inspeccionar los inspectores de forma que no pudiesen avisar previamente a los titulares de las mismas desvirtuando la labor inspectora.
En este caso me parece interesante que, más allá de la petición en sí misma, el debate marca un cambio de relato. Durante años había escuchado que algunas residencias recibían “chivatazos” de forma que el día que iba a venir la inspección todo pudiese estar en perfecto estado de revisión. Hace nueve meses escribí sobre el tema. Lo que cambia en esta ocasión es que el origen del presunto aviso se centra ahora en los jefes de las inspecciones y no en el propio personal inspector. Leyéndolo parece que tenemos al “inspector bueno” que tiene un “jefe malo”.
El hecho de haber trabajado durante diez años (de 1991 a 2000) en la inspección de servicios sociales de Cataluña, ocho como inspector y dos como jefe de la sección que inspeccionaba residencias, me impide ser del todo neutral, aunque el hecho de que lleve casi 25 años fuera me da algo de perspectiva.
En mi experiencia, no solo no se avisaba de las inspecciones, sino que existía una crítica desde las residencias hacia la inspección sobre lo “disruptiva” que podía ser la visita de un inspector durante las horas de mayor actividad del centro, sobre todo porque había que sacar a gente del trabajo para atenderle.
Sí que he escuchado muchas veces que “tal residencia” recibió un chivatazo o que “alguien conoce a alguien” que dice que ha vivido la experiencia. Y, aun así, aunque estoy seguro de que se habrán producido casos de mala praxis e incluso de corrupción, no creo en absoluto que estos pasen de lo súper esporádico. La prueba la tengo en que no conozco ningún caso en que se haya llegado a sancionar a nadie.
Si de verdad fuese una práctica mínimamente habitual, algún sindicato habría denunciado un caso concreto dando pie a una investigación penal; algún director enfadado tras haber sido despedido lo hubiera denunciado o alguna inspección (muchas llevan 30 años funcionando) habría localizado y perseguido algún supuesto. En todo este tiempo sólo he oído una vez que algo así haya podido suceder y haya saltado a los medios. Me refiero a la denuncia de unos inspectores de la Xunta de Galicia en que se quejaban de que algún superior había avisado a residencias; lo último que vi sobre el tema era de octubre de 2023 por lo que, si alguien tiene más información, ruego me la envíe.
De momento, a falta de pruebas, tenemos frases tan rotundas como: "A día de hoy, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, los responsables de las residencias y demás centros de atención a dependientes son avisados, con antelación, de las visitas de las inspecciones de servicios sociales, incluso, en caso de denuncia son informados del objeto de la misma con el tiempo suficiente para ocultar lo que no quieren que vean las inspecciones y simular un impecable funcionamiento". Es la frase que la noticia que he leído atribuye a la Unión Ciudadana. Si no supiese nada de residencias y leyese esto en un medio serio, se me generaría una gran preocupación. Pero, si aún no sabiendo nada tuviese ganas de darle vueltas, seguro que se me plantearían estas reflexiones:
España no tiene una inspección de residencias, sino que cada una de las comunidades autónomas tiene su propio servicio de control, con su reglamento, su personal y sus procedimientos propios. Si la denuncia es cierta, ¿debemos pensar que hay una corrupción generalizada en la inspección de residencias que se extiende por las diferentes comunidades?
También es esencial considerar los aspectos operativos de las inspecciones: ¿qué miran? ¿qué miden? ¿qué controlan? ¿qué sancionan? Por ejemplo, un aspecto crucial es el control de las ratios de personal (cuánto personal en nómina tiene la residencia por cada residente). ¿Cómo afectaría el aviso previo de una inspección a estas ratios, dado que el personal debe estar contratado de manera permanente? Podríamos “mal pensar” que el aviso podría hacer que se alterasen las planillas de presencia de forma que el día de la inspección hubiese más profesionales. Pero poco efecto tendría eso cuando la inspección pide los TC1 y TC2 para ver el personal en plantilla.
Si hablamos de la higiene, las actividades o la comida. Leyendo la noticia podríamos pensar que las residencias están sucias, aburridas y “mal comidas” salvo el día que viene la inspección. Si esto fuese así sería necesaria la complicidad de todo el personal y de los propios familiares. Yo no creo que esto suceda, y aun así me preocupa una cosa, ¿por qué muchos están dispuestos a aceptar que las residencias solo funcionan bien cuando les avisan de que viene una inspección? La respuesta es la misma que he repetido muchas veces: por desgracia arrastramos el lastre de la desconfianza.
A riesgo de aburrir a quien suela leer mis tribunas de opinión, voy a repetir lo que he dicho muchas veces. Quitando casos extremos (y muy, muy minoritarios) de super-excelencia y de mal funcionamiento, la casi totalidad de las residencias en España ofrecen un servicio más que correcto, sobre todo si lo ponemos en relación con lo que cobran por la atención que ofrecen (que de media está algo por debajo de los 70 euros al día). El servicio hotelero completo, atención en las actividades de la vida diaria, apoyo personal y soporte al sistema sanitario público cumple con los criterios normativos y de acreditación, cosa que comprueban las inspecciones, sancionando cuando observan incumplimientos.
Creo que todos querríamos que las residencias ofreciesen ratios de personal más elevadas, más metros cuadrados por persona (con dormitorios individuales y servicios higiénicos privativos para todos) y una forma de vida en que el residente pudiese elegir siempre entre diferentes opciones. Lo que no sé es si todos somos conscientes de que esas medidas aumentarían el precio del servicio. Yo creo que las residencias deberían ser más caras y que los poderes públicos deberían apostar por cubrir ese aumento de coste dedicando más dinero a atención a la dependencia. También sé que a muchos de quienes no están cubiertos por el sistema de la Dependencia el aumento de costes podría expulsarlos de la posibilidad de poder pagar una plaza privada. Por eso creo que debemos ser muy cautelosos al plantear el debate.
Volviendo a la inspección; por supuesto hay que detectar, corregir y sancionar los incumplimientos por parte de quien gestiona servicios sociales. También se deberían detectar, corregir y sancionar casos de mala gestión por parte de las administraciones, considerando como tal que se “avise” de las inspecciones cuando eso suceda. Pero no debemos caer en la tentación de generalizar ni arrojar sombras de duda sobre un sector compuesto por más de 5.000 residencias y más de 200.000 profesionales comprometidos.
Quizás me he extendido demasiado, y al releer lo que he escrito se me ha ocurrido que tal vez sí hay casos en que la inspección avisa sistemáticamente de sus actuaciones: cuando inspecciona residencias públicas gestionadas por la propia administración donde trabajan funcionarios compañeros de los propios inspectores. A ver si los de la UCMR se referían a eso y soy yo quien no lo ha entendido.
Si (
No(