Dependencia

La app gratuita "Vivir en Casa" ofrece recordatorios, alertas de medicación y acceso a ejercicios saludables.

Tras la inclusión de este colectivo en los servicios del Sistema Nacional de Salud, considera que es insuficiente y exige acciones concretas y urgentes para garantizar el acceso a tratamientos dentales esenciales.

Pide un pacto de Estado por los cuidados y critica la insuficiencia del presupuesto para dependencia. Propone incorporar tecnología sin sustituir el componente humano en la atención.

La distribución se basará en criterios objetivos como la población dependiente y en riesgo de pobreza, y las subvenciones beneficiarán a entidades del Tercer Sector.

La Junta destina más del doble de fondos que el Gobierno central, invirtiendo 1.592 millones frente a los 739 millones del Estado.

Esta alternativa busca cubrir los crecientes gastos asistenciales ante la insuficiencia de pensiones.

La organización ha declarado a los abuelos y abuelas como "patrimonio familiar" en el marco del 'Día de los Abuelos y las Abuelas'.

Facilita más de 11 millones de horas anuales de acompañamiento a ciudadanos en sus hogares.

El presidente del Grupo Social Lares denuncia la falta de personal en el sector de cuidados, especialmente enfermeras, debido a malas condiciones laborales. Propone un Pacto Nacional por la Dependencia y critica la insuficiencia de fondos para ampliar plazas residenciales. Aboga por reconocer el valor del sector como pilar del bienestar social.

Destacan problemas como listas de espera, falta de accesibilidad y precariedad laboral de cuidadores. Insisten en que las mejoras legislativas deben ir acompañadas de financiación adecuada y control efectivo para ser efectivas.

Pablo Bustinduy, ministro del área, enfatizó la importancia de transformar el sistema de cuidados, destacando que el futuro de la dependencia depende de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, mayoritariamente mujeres.

En 2024, la inversión pública en Atención a la Dependencia alcanzó 12.843 millones de euros, con un incremento del 13,8% por parte de las comunidades autónomas.

El texto, amplía derechos y elimina incompatibilidades en prestaciones.

Denuncian falta de transparencia, aumento de listas de espera y fallecimientos sin atención.