Dependencia

La patronal advierte de que España sigue destinando solo el 0,9% del PIB frente al 2% de los países del entorno y reclama actualizar contratos, corregir desigualdades territoriales y garantizar que ninguna persona vulnerable quede sin cuidados.

Patronales del sector de la dependencia han coincidido en mostrar su satisfacción tras la decisión del Congreso de no aprobar la reducción de la jornada laboral. Todas alertan de que, en un contexto marcado por la falta de profesionales, la aplicación de esta medida sin planificación ni financiación adicional habría supuesto un incremento inasumible de costes, mayor precariedad laboral y un riesgo evidente para la calidad y continuidad de la atención a las personas en situación de dependencia.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas enfatiza la necesidad de políticas que protejan los derechos de las personas mayores y con discapacidad, así como reformas en leyes existentes para mejorar su bienestar.

La patronal advierte de que esta medida habría tenido un fuerte impacto negativo en la atención a las personas mayores en situación de dependencia.

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) considera esta reducción una injerencia del Gobierno y advierte que su implementación aumentaría costos laborales en 49.000 millones de euros.

La Federación Empresarial de la Dependencia demanda planificación y consenso para cualquier cambio, enfatizando la necesidad de soluciones responsables en un sector ya afectado por la falta de personal.

El análisis de la evolución normativa de las residencias en España entre 2000 y 2025 revela una clara transformación. Desde un modelo inicial con exigencias básicas y sin estándares de calidad, se ha pasado a un enfoque moderno centrado en la atención personalizada, la mejora de infraestructuras y un significativo aumento de la cualificación y las ratios de personal. Aunque el Acuerdo Belarra de 2022 no es vinculante, actúa como una hoja de ruta estratégica para que las comunidades autónomas sigan elevando los requisitos de calidad y profesionalización en el sector.

Durante su visita al centro residencial para mayores Bouco en Aljaraque, destacó que esta medida es un avance significativo en la protección de derechos para quienes más lo necesitan.

Más de 600.000 personas, principalmente mujeres, trabajan en este ámbito bajo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), pero muchas sufren precariedad laboral, salarios bajos y condiciones desfavorables.

Este evento conmemora más de tres décadas de trabajo en la lucha contra el Alzheimer y el apoyo a las personas afectadas y sus familias.

Se han reportado casos de suplantación de identidad por parte de falsos técnicos que contactan telefónicamente, solicitando revisiones o cobros por servicios gratuitos.

Esto ha reducido la ayuda y aumentado costos para usuarios, fomentando la economía sumergida y la desprofesionalización del sector.