Dentro de 13 años habrá 100.000 mayores dependientes en Canarias

Juró como Consejera de Políticas Sociales de Canarias en enero de este año, abandonando los cargos de vicepresidenta del Cabildo Insular de Tenerife y de presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife, que ejercía hasta entonces. Institución la del Cabildo que juega un papel esencial según nos señala en la distribución de recursos y financiación de la Dependencia.

En estos meses ha impulsado la Ley de Servicios Sociales de Canarias, pendiente de aprobación, y con la que se quiere diseñar un mapa exhaustivo de servicios, costes y financiación de Dependencia. Con ella ha hablado Negocios & Gestión de la Dependencia:

En el plazo de un mes se llevará al Consejo de Gobierno para su aprobación la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias. ¿Qué novedades aporta que afecte directamente a la gestión de la Dependencia?

Lo mas importante de esa Ley en materia de Dependencia es la revisión al detalle de todos los recursos y sus costes así como la aclaración de titularidad y competencias para diseñar un adecuado mapa, para tener de alguna manera, con claridad el conocimiento exhaustivo de los servicios, costes y la financiación actual en materia de Dependencia.

Hace unos días mantuvo una reunión con la consejera de Familia de Castilla y León donde analizaron los modelos de dependencia de cada comunidad y, según tengo entendido, Canarias quiere 'copiar' algunas experiencias que funcionan en esa Comunidad. ¿Qué fue lo que más le llamo la atención sobre el modelo de Dependencia en CyL? Y ¿Qué experiencias serían trasladables a Canarias?

Bueno mi mayor interés estaba en la descentralización que esta Comunidad a lo largo de diez años ha ido en la atención a los dependientes, y en ese sentido lo que buscábamos era ver de que manera podíamos poner aquí una descentralización que nos incorpore al ayuntamiento y a cabildos al sistema de manera más real, y con ello poder ser tres administraciones en una, sin que el dependiente tenga por qué saber quien hace cada cosa. Que aunemos fuerzas y recursos, para responder mucho más rápido a las solicitudes de las personas que necesitan más agilidad en la atención a la dependencia.

El presupuesto total para la Dependencia en Canarias este año asciende a 192 millones de euros, una cantidad insuficiente si atendemos a los datos del Observatorio de la Dependencia, que indican que Canarias es la Comunidad que menos invierte en Dependencia, sólo 48 euros de gasto público anual por habitante, cuando la media estatal es de 122 euros. ¿Por qué este desfase?

Por que de esos 192 millones el Observatorio Público Estatal, que acude a los datos del Imserso, tampoco recogen la aportación que hacen los cabildos insulares, que son instituciones de la comunidad Autónoma con las que firmamos los convenios con los que se financian entre las dos partes el mantenimiento de toda la red de recursos asistenciales. Solo se tiene en cuenta el dinero que aparece en el epígrafe presupuestario correspondiente a Dependencia, de la Consejería de Políticas Sociales y no toda la aportación que en convenio con las administraciones se hacen para financiar la Dependencia.

Son más de 50 millones los que no aparecen ahí, y que hacen que aparezca una cifra más baja de la que se aporta en la realidad. De incorporarse, no es que vayamos a ser de las que más invierten, tampoco queremos fotografías que no sean reales, pero desde luego hechos los cálculos, no seríamos la última.

El 41,1% de los recursos destinados a Programas Individuales de Atención a la Dependencia se destinan a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. ¿Desde la administración como se controla que ese dinero se destina al cuidado del dependiente y a garantizar su bienestar?

Bueno pues se hacen todos los controles que podemos hacer con una población dependiente tan importante, tan grande y bueno en un momento de crecimiento, en el que tampoco hemos podido crecer en materia de recursos humanos como necesitaríamos. Se es bastante exigente con las justificaciones de los gastos y también por otro lado necesitamos y pedimos la colaboración de los asistentes sociales municipales que conocen los casos. Deberían controlarse mucho más, pero para eso harían falta muchísimos más recursos humanos que en este momento no es posible incorporar a la administración pública, porque hay leyes superiores que no nos dejan crecer en personal.

¿Reciben las familias formación y apoyo para el cuidado de las personas dependientes?

Se han establecido cualificaciones incluso del Servicio Canario de Empleo entendiendo que es una demanda que va ir `in crescendo´ y que cada vez va a haber más familias demandando a profesionales cualificados para atender a sus mayores. Se han establecidos nuevas titulaciones de auxiliares, de técnicos sociosanitarios, de atención a dependientes, de ayudantes personales a personas con dependencia, o personas con alguna discapacidad y empezamos a tener más recursos humanos preparados para ejercer estas funciones.

Los próximos años serán definitivos porque todas estas formaciones como digo van creciendo y cada vez hay mas personas preparándose en ellas, pero eran cualificaciones que no existían hasta la llegada de la Ley, y por tanto un altísimo número de la población está ahora intentando formarse para poder acreditar una cualificación que le permita percibir fondos que puedan justificarse vinculados a las prestaciones económicas.

Otro dato que nos ha llamado la atención, es que sólo el 3,1% de estos recursos se destina a la teleasistencia y un 0,2% a la Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia. ¿No está en la línea de trabajo del Gobierno canario la Prevención y la Autonomía Personal? ¿Por qué sino estos porcentajes tan bajos para recursos que pueden proporcionarla?

En principio durante años, la teleasistencia ha sido un servicio que han financiado y prestado cabildos y ayuntamientos, no la Comunidad Autónoma. En Canarias hay una distribución competencial diferente al resto del Estado. Cuando recogemos en las estadísticas los datos, no responden a situaciones iguales a otras comunidades, en este caso insisto, la teleasistencia no es un servicio que prestara el gobierno sino que lo prestan ayuntamientos y cabildo.

El Gobierno ha empezado ahora a prestar algunos servicios de teleasistencia, pero las personas que demandan cuidados en este estadio de la Ley, los grandes dependientes no aceptan la teleasistencia que no les resuelve nada, y sino tenemos los recursos residenciales o diurnos especializados eligen las prestaciones económicas y la teleasistencia puede ser una ayuda, pero desde luego no les resuelve a una persona que tiene una necesidad mayor.

Nosotros estamos atendiendo con prioridad, a los que más necesidad tienen y menos recursos tienen, por tanto los más dependientes. Vamos a establecer líneas de trabajo dentro de un programa de envejecimiento activo que reforzará esas líneas de teleasistencia y ayuda a domicilio para otros niveles de dependencia menos severo.

¿Qué presencia tienen las empresas del sector sociosanitario en Canarias? ¿Es un sector estratégico para invertir en esta Comunidad? ¿Qué apoyos reciben del Gobierno canario?

La mayoría de los centros que hay en Canarias son públicos o concertados y tampoco es un territorio que cuente con grandes operadores. Hay algunos operadores que están funcionando en Canarias pero las plazas públicas siguen siendo mayoritarias. Es cierto que los próximos años se prevé en Canarias una inversión importante en nuevas infraestructuras, residenciales y diurnas para personas con gran dependencia, y probablemente esto suponga la llegada de nuevos operadores al sistema, interesados en la gestión de estos recursos que siempre van a ser públicos, plazas públicas y con financiación pública. Esto lo decidirá cada cabildo insular competente en la planificación insular y responsable de licitar los concursos para las nuevas infraestructuras que Canarias demanda.

¿Qué relaciones mantiene con las entidades del Tercer Sector? Y ¿Cómo valora el planteamiento del reparto del dinero del IRPF entre entidades nacionales y autonómicas al 50%? ¿Cuál ha sido la postura del Gobierno Canario en este tema?

Para nosotros este es un tema complejo. En este momento las Comunidades estamos intentando ponernos de acuerdo en como se hace la distribución. En principio parecía que el 0,7 dejaba de distribuirlo el Estado y pasaba a las comunidades fruto de una Resolución del Tribunal Supremo que da la razón a Cataluña, de que es a Cataluña a quien corresponde distribuir. Este asunto de 50-50 es un tema que muchas comunidades no ven, es un tema que plantea el Estado que dice que del 0,7 se reserva aquella cantidad que responde a servicios que son competencia del Estado, teniendo en cuenta que hay comunidades que tienen absolutamente todas las competencias transferidas, pues no están de acuerdo en esta distribución, y hay otras comunidades que tienen discrepancia con el porcentaje, no con que se reparta entre dos instituciones pero si que no están de acuerdo con que el porcentaje sea 50-50.

Nosotros lo que queremos es que este año se mantenga como está, nosotros firmaremos la delegación correspondiente para que el Estado distribuya los fondos este año hasta que nos pongamos de acuerdo, pero entendemos que esto no puede perjudicar a todas las entidades que necesitan recibir de manera inmediata esos fondos para seguir funcionando. Por eso creemos, que debemos tomar una decisión para este año urgentemente, para que el Estado distribuya ese dinero y que resolvamos de cara a 2018, por que si no, insisto, generaremos graves problemas a las entidades del tercer sector.

¿Qué oportunidades económicas y de inversión ofrece el envejecimiento de la población, en un destino eminentemente turístico como Canarias?

Es una nueva oportunidad de empleo, un nicho de puestos de trabajo que esta empezando a crecer, en cuanto a la cualificación y a la necesidad de personal formado para atender a una población que envejece y que prevé tener en el 2030 casi 500.000 mayores de 65 años, con una proyección de casi 100.000 mayores dependientes. Por tanto, va a hacer falta mucho capital humano, con formación adecuada para poder atender a nuestros mayores que de ninguna manera pueden acabar en residencias, porque es inviable e imposible tener ese número de plazas. Y que todo el mundo por otro lado, no queremos que tenga esa única salida, la institucionalización o la residencia. Tenemos que reforzar mucho el apoyo, la asistencia a domicilio, la teleasistencia, pero también otros programas, otras opciones de apoyo, de promoción de esa vida independiente y de esa autonomía personal, que también están por inventar. Tenemos que innovar en lo social, para enfrentarnos al reto del envejecimiento.

Enlace de interés: Residencias de mayores en Canarias