El pasado año, 111 personas fallecieron al día sin llegar a recibir las prestaciones a las que tenían derecho.
El Observatorio Estatal de la Dependencia, que elabora la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, ha hecho público un documento del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales (IMSERSO) en el que se recoge el número de dependientes fallecidos sin haber recibido ninguna prestación, alcanzando las 40.647 personas, y previéndose que en el 2017 alcance las 36.000 personas, de no modificarse el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 para Atención a la Dependencia.
Cifras que el Ministerio, mantiene ocultas en un cajón según el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, pero que “haremos públicas, en cuanto salgan a desmentirnos”.
Según, los datos recogidos en el comunicado del Observatorio, 335.201 personas en situación de dependencia están en lista de espera, siendo más de una tercera parte de ellas (36%), dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 121.588 personas.
Esta situación provocó que el pasado año, una media de 111 personas en situación de dependencia fallecieran en España cada día sin recibir la prestación o servicio a los que tenían derecho. En resumen, cada mes fallece el 1% de quienes están en espera (más de 3.300 personas/mes actualmente). De hecho, en 2016 se redujo la lista de espera en 36.017 personas (saldo neto) a lo que evidentemente contribuyen los fallecimientos de personas en espera de recibir atención.
“Por eso –añade el comunicado- resulta muy preocupante que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 mantenga esta inhumana situación por una evidente falta de financiación del sistema. Recuperar los crueles recortes de 2012, incrementando en 480 Millones de euros el Programa Presupuestario 231I Autonomía personal y atención a la dependencia era un compromiso que está siendo incumplido por Ciudadanos y Partido Popular, ya que figuraba en el acuerdo de investidura (medida 57 del documento “150 compromisos para mejorar España”, con una dotación prevista de 440 millones), y también en el Pacto de Estado suscrito por todos los grupos parlamentarios (aquí con la excepción de PP y PNV), el pasado 14 de diciembre, con ocasión del X aniversario de la Ley”.
Recuperar los recortes en la financiación estatal permitiría, según sus datos, disminuir la lista de espera en cerca de 90.000 personas, y se generarían más de 20.000 empleos ex novo en un año. Además, de los 480 millones de euros de incremento de gasto público, se recuperarían de manera directa 191 millones en el mismo ejercicio presupuestario (casi el 40%). Si la aportación estatal fuese del 50% del total del gasto público en Atención a la Dependencia, como establece la ley, y manteniendo la aportación autonómica de 2016, se aseguraría la plena atención a las 335.000 personas que actualmente están lo que se conoce como limbo de la Dependencia.
“Pero si las administraciones públicas siguen incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos, este año fallecerán otras 36.000 personas que tenían un derecho reconocido, sin recibir servicios o prestaciones. Y tendremos que volver a sufrir el indignante espectáculo de escuchar a algún portavoz del Gobierno alardear de que “está bajando la lista de espera”, concluye el comunicado.
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